Cuidacoches en Santa Fe: así es el proyecto de ley que prevé arresto para infractores
Este miércoles ingresará a la Legislatura un proyecto que busca modificar el Código de Convivencia y permita sancionar con prisión a los cuidacoches.
El histórico conflicto por la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en las ciudades de Santa Fe y Rosario parece haber encontrado un camino de resolución legislativa.
El histórico conflicto por la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en las ciudades de Santa Fe y Rosario parece haber encontrado un camino de resolución legislativa. Un bloque transversal de legisladores, compuesto por el senador Ciro Seisas y los diputados Ximena García, Walter Ghione y Germán Scavuzzo, ha unificado criterios para presentar una reforma integral al Código de Convivencia (anteriormente conocido como Código de Faltas). El proyecto no solo busca prohibir la actividad, sino establecer un sistema de sanciones que escala hasta la privación de la libertad.
La iniciativa surge como respuesta directa a la creciente inseguridad y los episodios de extorsión en el espacio público. Recientemente, un ataque violento en el centro de la capital santafesina, que terminó con un cuidacoche imputado por tentativa de homicidio, reavivó la urgencia del debate.
Cuidacoches en Santa Fe: el proyecto de ley que prevé arresto para infractores
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La iniciativa surge como respuesta directa a la creciente inseguridad y los episodios de extorsión en el espacio público. Recientemente, un ataque violento en el centro de la capital santafesina, que terminó con un cuidacoche imputado por tentativa de homicidio, reavivó la urgencia del debate.
Hasta ahora, los municipios contaban con ordenanzas de prohibición, pero carecían de un "paraguas legal" provincial que permitiera la intervención efectiva de la Policía y la Justicia. Según el senador Seisas, "donde el Estado no ejerce autoridad, alguien más toma el control", refiriéndose a las estructuras paraestatales que "venden" cuadras y amedrentan a los vecinos.
El nuevo régimen: de la multa al arresto
El corazón del proyecto reside en la incorporación de tres artículos clave al Código de Convivencia, diseñados para desarticular la actividad de manera progresiva:
Sanciones Escalonadas (Art. 66 bis): Quienes realicen cuidados de vehículos o limpieza de vidrios sin autorización enfrentarán primero entre 2 y 10 días de tareas comunitarias. En caso de reincidencia, la justicia podrá dictar el arresto de 10 a 20 días.
Agravantes por Extorsión (Art. 66 ter): Si el pedido de dinero se realiza bajo intimidación, violencia o en zonas de estacionamiento medido, las penas se duplicarán. Además, se apunta a las instituciones o eventos masivos (como clubes o productoras) que toleren o fomenten estas prácticas, con multas que llegan a los 300 JUS y clausuras de hasta un mes.
Combate a las "Maas" (Art. 66 quater): El proyecto pone la lupa sobre la organización. Si dos o más personas coordinan la actividad, se aplicarán penas de arresto accesorias, que se cuadruplicarán para quienes actúen como "cabecillas" o coordinadores del grupo.
El desafío de la inclusión: no solo prohibir, sino transformar
Uno de los puntos más destacados del consenso legislativo es el reconocimiento de que la problemática tiene una raíz social profunda. Por ello, la ley crea un Programa de Abordaje Integral de carácter voluntario.
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Hasta ahora, los municipios contaban con ordenanzas de prohibición, pero carecían de un "paraguas legal" provincial que permitiera la intervención efectiva de la Policía y la Justicia.
Este programa busca identificar a quienes realizan la actividad por una situación de extrema vulnerabilidad económica para ofrecerles una salida real a través de:
Capacitación en oficios: Formación técnica para la inserción en el mercado laboral formal.
Intermediación laboral: Convenios con empresas privadas y entes públicos para la absorción de mano de obra.
Salud Mental y Consumos: Un abordaje específico para aquellos casos donde la permanencia en la calle está ligada a problemáticas de adicciones.
Consenso político y aplicación territorial
El proyecto cuenta con el visto bueno implícito de los intendentes Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Pablo Javkin (Rosario), quienes han manifestado la necesidad de contar con estas herramientas para que sus agentes de control tengan respaldo jurídico al actuar.
"No es una cuestión de personalismos, es una señal clara que la política debe dar a la sociedad", afirmó Seisas. La unificación de los proyectos de Seisas, García, Ghione y Scavuzzo asegura una base sólida para que el tratamiento en ambas cámaras avance con celeridad durante este periodo legislativo.
Con esta reforma, Santa Fe busca dejar atrás décadas de "zonas grises" en el espacio público, priorizando la seguridad del ciudadano y ofreciendo, al mismo tiempo, una oportunidad de reconversión para quienes decidan abandonar la calle.
