El martes de la semana pasada el presidente Alberto Fernández, tras ver las imágenes de los vecinos que destruían búnkeres en el barrio Los Pumitas, en el oeste de Rosario, decidió enviar 300 gendarmes y 100 policías federales para reforzar el plantel de 1100 efectivos que estaban asentados en esta ciudad, en el Comando Móvil Nº7. Pero además hizo un anuncio que sorprendió a propios y extraños al adelantar que iba a enviar el Ejército a Rosario.
"He decidido que el Ejército argentino, a través de su compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución. Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional”, advirtió ese día Alberto Fernández en un mensaje grabado.
Aunque no era una decisión inédita, ya que las fuerzas armadas habían participado en acciones sociales durante la pandemia, cuando Agustín Rossi era ministro de Defensa, esta ocasión es la primera vez que miembros del Ejército van a estar en una zona donde el principal problema es la seguridad, y sobre todo el narcotráfico y la violencia.
Según fuentes del gobierno nacional, la medida provocó intensas discusiones en el gabinete de Fernández. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, se opuso de plano. Una postura similar expuso dentro del gobierno el titular de la cartera de Defensa Jorge Taiana. Agustín Rossi, flamante jefe de Gabinete, salió a aclarar rápidamente que los soldados viajarían a Rosario sin armas, con “picos y palas”, graficó.
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La idea era tomar el ejemplo del barrio Los Hornos, en La Plata, donde el Ejército fue protagonista en la apertura de calles en un barrio marginal. La situación no era la misma en Rosario, y había quedado en el aire que se trató de una respuesta a la insistencia de la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de usar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, algo que –según señalaron desde su propio equipo- le dio excelentes resultados en los focus group que se realizan de cara a la campaña electoral.
El problema, más allá del rendimiento entre los sondeos de una medida de esa naturaleza, era para qué se iba a usar a los miembros del Ejército. Esa era una incógnita que nadie podía responder con claridad, ni en el gobierno provincial ni en el municipio. Con el correr de los días empezó a tomar forma el plan, aunque todavía quedan varios cabos sueltos, y hasta algunas contradicciones. “Se busca marcar presencia”, delinearon en el gobierno nacional.
Según contaron fuentes de la administración nacional y del municipio, se realizaron tres reuniones con funcionarios de Desarrollo Social y Hábitat de la Nación para analizar las obras en las que podrían ser útiles los soldados. Un problema que apareció en el horizonte es que no se sabe aún cuánto tiempo estarán destinados en Rosario los uniformados. Este miércoles arribará a la ciudad una comitiva del Ejército para ver en el terreno cómo se podría instrumentar su participación en el complejo territorio rosarino.
El municipio propuso tres zonas donde se podrían realizar obras de mediana y corta duración. Un punto elegido es el barrio Madres de Plaza de Mayo, donde hay un sector cercano a la vía que cruza Juan José Paso donde podría llevarse adelante un plan de apertura de calles y urbanización de terrenos que se han transformado en pequeños basurales.
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El otro sector apuntado es el barrio Los Pumitas, en la zona cercana a Sorrento donde se podría trabajar en la urbanización de una parte del barrio que no fue alcanzado por el plan Abre en 2017. Allí ahora está desplegada gendarmería tras la pueblada que surgió tras el crimen de Máximo Gerez. El tercero es Tío Rolo, un lugar que está atravesado por una marginalidad extrema y un deterioro urbano agudo. Allí, por ejemplo, se planean realizar conexiones de agua potable.
Uno de los problemas, aunque resulte una paradoja, es la seguridad de los miembros del Ejército que participen en el operativo en Rosario. Es una preocupación real y algo que se discutió en las reuniones previas, porque los uniformados estarán sin armas en territorios complejos. Los elegidos no son lugares que están catalogados como puntos rojos de violencia en el mapa, pero allí se viven situaciones ásperas, ligadas a la narcocriminalidad. La idea es que efectivos federales custodiarán a los soldados. “El temor es que haya algún tipo de provocación”, plantearon las fuentes.
Después de que se definan los lugares donde trabajarán los soldados y el tipo de obras se realizará el traslado de las maquinarias desde los distintos batallones del Ejército, por lo que la puesta en marcha del plan definido por Alberto Fernández llevará unos días hasta que se ponga en marcha.
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