Un grupo de mujeres de la comunidad Qom comienza a correr. Atraviesa la cancha de fútbol que es de tierra, sin un milímetro de césped. Al mediodía, en Rosario, el sol y el calor no dan tregua. En la puerta de una casa un joven de 16 años se toma la cabeza, inclinado, con la mirada hacia el piso, y llora. Hace unos segundos un auto gris dio una vuelta a la cancha. Después de que los vecinos vieron el vehículo sospechoso fueron corriendo a ver qué pasaba. Su madre lo abraza. “Borré todo”, repite el chico.
Una hora después de la protesta de los vecinos del martes por la tarde, dos jóvenes pasaron disparando al aire para amedrentar a los habitantes del barrio.
Nadie sabe bien qué pasa, porque ninguno de los vecinos quiere poner en palabras lo que significa el terror. Primero, el joven recibió un mensaje de audio en su teléfono. Lo amenazaban. Decían que iban a matarlo y a destruir su casa, como venganza a la destrucción de los cinco búnkeres que los vecinos derrumbaron en un ataque de ira tras el sepelio de Máximo Gerez, el chico de 12 años que fue asesinado por un grupo narco el domingo a la madrugada.
El martes a la tarde los vecinos marchan desde el club Los Pumas, donde habían velado a Máximo, hasta Ottone y Génova. Cortan la calle y encienden unas ramas secas en el medio de la calle. Antonia, la tía de Máximo, hace una ronda con otro grupo de mujeres de la comunidad Qom. Lloran y oran, con sus cabezas tapadas, porque tienen miedo. Un grupo de vecinos se suma a la protesta, pero no son muchos. Otros, miran desde sus casas. Nadie quiere comprometerse. Saben que los narcos volverán. No se equivocan.
Una hora después de que finalizara la protesta, un joven en una moto pasa disparando tiros al aire. Al mismo tiempo a los vecinos les llegan nuevas amenazas, bien concretas: les exigen que vayan a devolver las cosas que saquearon de las viviendas destruidas, donde ellos decían que se vendía droga y vivían miembros del clan Villazón, conocidos como Los Salteños.
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A medianoche Julio Gerez, el padre de Maxi, comienza a mandar mensajes para que los vecinos lleven hasta una casa que está en Cabal al 1300, ubicada a 30 metros de donde mataron a Maxi, la ropa y los electrodomésticos que saquearon. La amenaza hace efecto inmediato. Y el lugar aparte de que es conocido por todos, es muy visible por las luces del único patrullero que esa noche está en el barrio, frente a la casa de la pareja de Juan José Villazón. Este joven de 21 años está preso en la cárcel de Piñero. Los vecinos van en una procesión silenciosa y juntan la ropa y las cosas que se habían llevado. Los policías miran desde dentro de la camioneta.
Esto ocurre el mismo día en que el presidente Alberto Fernández anuncia que 300 gendarmes y 100 policías federales serán parte del refuerzo para los operativos de seguridad de Rosario. Una colega que cubre Casa Rosada y pasea por los despachos oficiales contó que las imágenes de los vecinos que saqueaban las casas de los narcos hizo reaccionar al presidente, que mantiene una relación cada vez más distante con el gobernador Omar Perotti.
Al otro día llegaron los gendarmes y Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, titubea, no sabe bien qué decir. Es una imagen desdibujada de ese funcionario todo terreno que pasó por varios cargos, pero que siempre mostró convicción.
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Fernández se reunió con los familiares de Máximo Gerez. Julio, el papá del chico asesinado, todavía tiene las cicatrices en su pecho de la represión de la policía cuando comenzaron a saquear a los narcos. Este hombre de 40 años, de la comunidad Qom, vive de changas. A veces sale cartonear cuando escasea el trabajo. Tenía dos hijos; ahora sólo le queda uno. Llegó al barrio Los Pumitas hace 20 años, proveniente de Chaco.
En Rosario vivían parientes que lo ayudaron a instalarse. Él recuerda que esa zona era diferente. “Siempre fue pobre pero no había narcos como ahora, que dominan el barrio”, apunta.
Antes que los gendarmes arribaron efectivos de la TOE al barrio, el jueves a la mañana. Se apostaron en las casas de los familiares de Maxi Gerez para evitar nuevos ataques. Los gendarmes arribaron después de las 17, cuando el sol todavía estaba bravo. La gente los miraba con desconfianza. Nadie confía en que la situación cambiará.
El impacto del crimen de Maxi y el saqueo posterior en el barrio fue duro. Cerraron hasta los comedores comunitarios. “No quieren dar comida porque tienen miedo que pasen disparando”, contó María José, que cocina en uno de los diez comedores que dan copa de leche y raciones de comida en un radio de cinco cuadras.
Pertenecen a la Corriente Clasista Combativa y a La Poderosa, entre otros. Los comedores funcionan con dinero que proviene de distintas fuentes. Del gobierno provincial y municipal y de otros donantes. “Esa comida sirve para sobrevivir”, explica Rosa, otra mujer de la comunidad Qom. Los hombres salen a cartonear, a hacer changas para juntar un ingreso. Algunos cortan el césped en la zona norte.
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Quien vio venir el fenómeno de la violencia y la droga en la zona fue la hermana María Jordan, que desde los años 90 fundó en un predio a 50 metros de donde mataron a Maxi la escuela María de la Esperanza y un comedor comunitario.
La hermana Jordán falleció en 2020, después de una larga enfermedad. En el barrio se la recuerda como una mujer dura, que se enfrentaba a los narcos. La ausencia de la monja se nota en el barrio. En 2019 los narcos del barrio destrozaron el jardín de infantes de la escuela. En el predio María de la Esperanza hay un puesto policial, que se había instalado en la gestión de Raúl Lamberto en el Ministerio de Seguridad. Hasta este jueves estaba abandonado.
El barrio hoy está en carne viva. Pero no sólo por las heridas que dejó el crimen del chico de 12 años, sino porque es un lugar fantasma dentro del mapa de la ciudad. Y ante ese vacío, los narcos avanzaron frente a gente de la comunidad Qom que tiene perfil bajo, una timidez arraigada que los aleja de los reclamos, de los piquetes y la exposición de un problema ya endémico.
Por más que ahora patrulle gendarmería, la gente está en guardia. Un hombre con un machete está sentado en la puerta de su casa. “Los estoy esperando”, dice. No bromea. “Voy a defender a mi familia de estos criminales. Si me matan a mí no tengo problema, pero a mis hijos no los van a tocar”, apunta José, mientras toma en un vaso de lata tereré.
El hombre advierte que hace una especie de guardia con su vecino. Se turnan para dormir desde anoche. “Van a venir. En algún momento van a volver a matarnos”, apunta. Los que no llegan son los gendarmes y policías.
Todos esperan a que desde la cárcel Los Salteños, los que manejaban los búnkeres derrumbados, ordenen la venganza. El grupo criminal Los Salteños está liderado por el clan Villazón, que controlaban una decena de búnkeres en Empalme Graneros. Esos puntos de venta de droga funcionaban en casas usurpadas a la fuerza o en kioscos y almacenes. Recaudaban entre 8 y 10 millones de pesos por semana, calcula un investigador. Se sospecha que entre un 20 y un 30 por ciento iba a la “caja negra” de la policía. Con tantos competidores en la venta de drogas en un espacio geográfico tan pequeño, lo que mantiene vivo el negocio es la violencia.
Cristian Villazón, padre de Juan José, el líder de Los Salteños, fue condenado el 7 de setiembre del año pasado a 15 años de prisión por un triple homicidio. Debería haber sido sentenciado a prisión perpetua, pero la investigación no reunió las pruebas suficientes. En ese hecho se cristalizó la violencia desenfrenada que usan estos grupos criminales de la marginalidad. Sicarios mataron a Cristopher Albornoz, hijo de Miguel Ángel, conocido como Caracú, un histórico narco de la zona, a su pareja, Florencia Corbalán y a una bebé de un año y medio.
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Juan José Villazón, hijo de Cristian, también está preso en el penal de Piñero, por varios delitos. Este joven de 21 años está sospechado de haber participado del ataque a tiros contra el canal Televisión Litoral el 12 de diciembre pasado. La investigación busca determinar el móvil de este atentado contra un medio de comunicación.
Al mando de Los Salteños está Julio Rodríguez Granthon, preso en el penal federal de Ezeiza. El poder de El Peruano creció de manera vertiginosa en los últimos tres años desde las prisiones en las que estuvo alojado, entre ellas Piñero, en Santa Fe, y Marcos Paz y Ezeiza, penales federales ubicados en la provincia de Buenos Aires.
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