El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley presentado por los diputados Fabián Bastia, Maximiliano Pullaro, Marcelo González, Sergio Basile, Juan Cruz Cándido y las diputadas Georgina Orciani, Marlen Espíndola, Silvana Di Stefano, Lionella Cattalini, Erica Hynes y Gisel Mahmud, que propone la creación en el ámbito de la procuración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe cinco Fiscalías Ambientales.
Estas fiscalías tendrán competencia para actuar ante los órganos jurisdiccionales con competencia civil, comercial y contencioso-administrativo y todo otro creado o a crearse que no asuma competencia penal. El Ministerio Público de la Acusación ya cuenta con fiscales asignados a intervenir en delitos ambientales en el fuero penal.
Las Fiscalías Ambientales tendrán su asiento en las Circunscripciones Nº 1 de Santa Fe y Nº 2 de Rosario, extendiéndose su jurisdicción y competencia a las Circunscripciones Nº 4 y Nº 5, y a la Circunscripción Nº 3, respectivamente.
La diputada Gisel Mahmud confirmó a Aire Digital que se trata de un proyecto conjunto entre el bloque socialista y el bloque evolución UCR: "Creímos que en este contexto de crisis ambiental que atravesamos, son herramientas más que novedosas e importantes para poder generar organismos del estado competentes y especializados en materia ambiental, en este caso en el ámbito de la justicia", sostuvo Mahmud.
En este sentido, la diputada recordó que la creación de órganos competentes en la materia es uno de los postulados del Acuerdo Escazu, de 2018, que fue firmado y ratificado por Argentina. El compromiso lleva la firma de otros 23 países de Latinoamérica y el Caribe, y busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
Finalmente, Mahmud explicó que la justicia de Santa Fe "viene receptando principios del derecho ambiental en sus causas judiciales y sentencias, pero en algún punto creemos que las herramientas que existen son insuficientes ante tanto daño ambiental (quema de humedales, contaminación de cursos de agua, fumigaciones, etcétera) por eso planteamos que haya un cuerpo de investigación científica y fiscalías específicas con gente capacitada en el tema".
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Entre las funciones extrajudiciales que tendrán a su cargo las fiscalías ambientales se enumeran: requerir informes, llevar a cabo investigaciones administrativas previas, realizar presentaciones o peticiones a organismos públicos o personas privadas que tengan por objeto la tutela del ambiente. Todo organismo provincial o municipal o personas privadas está obligado a responder los informes o peticiones que se les dirija.
Entre las funciones judiciales de las fiscalías ambientales se enumeran: dictaminar en todas las causas en las que se tramiten cuestiones relacionadas a bienes ambientales que tramiten ante los órganos jurisdiccionales civiles, comerciales y contencioso-administrativo y todo otro juzgado no penal, ejerciendo la tutela del derecho a un ambiente sano, equilibrado, así como la representación de las generaciones futuras.
Deberán requerir la colaboración a instituciones universitarias, técnicas y profesionales provinciales, nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental en tanto resulte necesario para la consecución de los fines que le son encomendados.
El proyecto de ley establece que las Fiscalías Ambientales serán asistidas técnica y profesionalmente por un Cuerpo de Investigación Científica que deberá colaborar con los fiscales en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin y colaborando en la producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección de ambiente.
El Cuerpo de Investigación Científica estará compuesto por tres ingenieros ambientales y un ingeniero o licenciado en química, y un bioquímico o un médico especialista en toxicología.
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