Uno de cada diez habitantes de la provincia de Santa Fe recibe asistencia alimentaria con fondos del Estado. Reempadronan a todos los comedores comunitarios
Desde el Gobierno de Santa Fe advierten que se incrementa la demanda social en la provincia y la necesidad de refuerzos alimentarios.
Luego de haber auditado aproximadamente el 85% de las instituciones que brindan asistencia alimentaria en toda la provincia de Santa Fe y de haber controlado a la totalidad de los comedores que operan en el centro-norte, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano dio de baja el vínculo con alrededor de 120 de estos sitios por diversas irregularidades.
"Las causas son variadas: no rindieron cuentas, no aparecieron sus titulares, fuimos a los lugares donde deberían brindar servicios y encontramos un baldío, o hallamos un domicilio particular que tenía nada que ver con el sistema", dijo Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial.
En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, Basile aseguró que esos recursos se redistribuyeron entre otras instituciones que recibían fondos escasos, que tienen alta demanda o, incluso, en nuevos centros alimentarios.
"Donde no podemos entablar el contacto con los responsables, donde desconocemos la titularidad o la institución no se pone en orden, cortamos el servicio y ese dinero es reinvertido en el mismo sistema", insistió.
En general, los problemas detectados en el centro-norte -esto incluye a la ciudad de Santa Fe- fueron administrativos. En cambio, en el sur provincial -sobre todo en el Gran Rosario- aparecen inconvenientes más graves que, en algunos casos, ameritaron denuncias en la Justicia.
En toda la provincia existen cerca de 800 instituciones que tienen convenios con el Gobierno de Santa Fe y reciben fondos para alimentos. Y en estos centros, alrededor de 320 mil personas son asistidas.
Esto significa que, aproximadamente, uno de cada diez habitantes de la provincia recibe asistencia alimentaria del Estado santafesino, a los que se deben sumar todas aquellas personas asistidas por instituciones particulares, organizaciones no gubernamentales o los diferentes credos con alcance territorial.
Entre las 320 mil personas asistidas por el Estado provincial aparecen los beneficiarios de la Tarjeta Única de Ciudadanía, del Prosonu (Programa Social Nutricional) -especialmente con municipios y comunas- y la Tarjeta Institucional.
"Cuando iniciamos la gestión en diciembre de 2023, se invertían en alimentos 1.000 millones de pesos mensuales desde la Provincia. Ahora estamos en 2.600 millones por mes. Es un número alto y que va creciendo en un contexto muy difícil, sobre todo en el Gran Santa Fe. Muchas personas buscan su ración de comida", remarcó.
Esta semana y mientras se avanza con las auditorías, comenzó el reempadronamiento de todas las instituciones que reciben fondos del Gobierno de Santa Fe para asistencia alimentaria.
"Convocamos a todas las instituciones que tienen convenio con el Gobierno para actualizar la información, saber el registro beneficiario, tener una trazabilidad y también que nos permita una proyección de lo que es la estrategia de política alimentaria”, afirmó Basile.
“También tenemos el acompañamiento alimentario del Ministerio de Educación, con los comedores escolares, y necesitamos saber cuáles son los listados de beneficiarios, sostener una geolocalización, cuáles son los barrios de las ciudades, sobre todo en las grandes urbes, -Rosario, Santa Fe, Rafaela y otras comunas que comenzaron a tener un pedido alimentario-, para que podamos tener una claridad de todo lo proyectable”, agregó.
En la ciudad de Santa Fe, el reempadronamiento se realiza en las instalaciones del Ministerio, ubicado en Almirante Brown 6998.
Basile recordó que las instituciones con turno previo deben presentar los siguientes datos: nombre del titular, cantidad de raciones, lugares, día y los horarios del servicio que se va a prestar, si es comedor, copa de leche o merendero. Cada institución tendrá un código QR que permitirá el control ciudadano.
La documentación obligatoria es la siguiente: DNI y fotocopia del responsable de la institución y de la Tarjeta Institucional; listado de beneficiarios (DNI, nombre, apellido). Si el responsable es distinto al titular de la Tarjeta Institucional, ambos deberán asistir con toda la documentación requerida, la cual será considerada como declaración jurada.
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