La respuesta oficial llegó de parte de Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, quien cuestionó duramente los planteos realizados por la defensa de una de las familias notificadas.
“La primera aclaración importante es que no estamos hablando de una multa, sino de una acción civil”, sostuvo la funcionaria en una entrevista radial.
La Provincia aclara: no son multas
El eje principal del Gobierno provincial es diferenciar el reclamo económico de una sanción penal.
Según explicó Orciani, el Ministerio no busca castigar penalmente a menores de edad ni imponer una multa administrativa, sino reclamar el recupero de los recursos públicos utilizados durante los operativos de emergencia.
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“La acción civil de recupero no está dirigida al menor, sino a los responsables legales”, explicó Georgina Orciani. La funcionaria sostuvo que la medida está respaldada por el Código Civil y Comercial y por el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.
Además, aclaró que cualquier eventual responsabilidad penal sobre los menores quedará bajo análisis de los fiscales que intervienen en cada caso. “Si el fiscal considera que hubo delito, podrá avanzar por la vía penal. Pero esta acción civil apunta al recupero económico”, insistió.
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El Gobierno sostiene que las amenazas falsas en las escuelas generan costos operativos que deben recuperarse. Por eso, la Policía salió a repartir intimaciones a las familias de los menores identificados.
Cómo se calcula el monto que reclama la Provincia
Uno de los puntos más cuestionados por las familias notificadas fue el valor de las intimaciones, que en algunos casos superan los 6 millones de pesos.
Orciani explicó que los montos no se fijan arbitrariamente, sino que surgen de una evaluación técnica de cada operativo desplegado. Según detalló, el Ministerio trabaja sobre informes elaborados por el área de seguridad y por distintos sectores administrativos y logísticos.
Para calcular el monto se toman en cuenta:
- la cantidad de móviles afectados,
- el personal policial involucrado,
- el combustible utilizado,
- el equipamiento desplegado,
- las evacuaciones,
- la participación de bomberos o ambulancias,
- y los costos indirectos derivados del operativo.
También se contemplan las interrupciones de actividades y las horas laborales perdidas. “Las intimaciones tienen un valor real y acabado según el operativo que efectivamente se realizó”, afirmó la funcionaria.
Orciani remarcó además que no cuesta lo mismo un despliegue realizado en pleno centro de Santa Fe que un procedimiento en una localidad pequeña del interior provincial.
Qué pasa si una familia no puede pagar
Otro de los aspectos que aclaró el Ministerio tiene que ver con los plazos y la voluntad de pago. Las familias notificadas reciben inicialmente una intimación administrativa y cuentan con cinco días para responder.
Sin embargo, Orciani explicó que lo más importante para el Gobierno es que exista predisposición al diálogo y voluntad de hacerse cargo de la situación.
“Cuando una persona recibe una intimación del Gobierno no debería dejarla arriba de la heladera junto a un folleto”, señaló.
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La funcionaria aseguró que el objetivo principal no es recaudatorio. Según explicó, la intención es recuperar los recursos públicos utilizados y reforzar la responsabilidad de las familias frente a este tipo de episodios.
Desde el Ministerio remarcaron que mostrar voluntad de pago puede evitar que el caso avance a una instancia judicial.
Si no existe respuesta ni intención de cumplimiento, el reclamo administrativo puede derivar en una demanda judicial para exigir el cobro.
El Gobierno dice que las amenazas falsas bajaron tras las intimaciones
Santa Fe fue una de las primeras provincias en avanzar con este tipo de medidas económicas frente al crecimiento de amenazas falsas en escuelas. Según indicó Orciani, la estrategia ya comenzó a mostrar resultados.
La funcionaria aseguró que las intimidaciones y reclamos económicos permitieron reducir drásticamente la cantidad de llamados y amenazas recibidas.
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Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Actualmente, la provincia ya concretó 15 notificaciones y tiene otras 18 en proceso. Los casos abarcan distintas ciudades del territorio santafesino y atraviesan diferentes sectores sociales.
Hasta el momento todavía no se registraron pagos efectivos, aunque sí hubo familias que ya se comunicaron con el Ministerio para manifestar intención de pago.
La discusión sobre otras posibles sanciones
Durante la entrevista también surgió el debate sobre la posibilidad de aplicar trabajos comunitarios u otras medidas alternativas para los menores involucrados.
Orciani consideró que esas herramientas podrían eventualmente ser analizadas por la Justicia penal, pero aclaró que no forman parte de las competencias del Ministerio de Seguridad. “Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos públicos y por eso impulsamos la acción de recupero”, afirmó.
Entrevista a Georgina Orciani en AIRE
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