A través de la resolución 10/2023 Catastro propone anular todos los planos de los inmuebles que se inscribieron en el organismo hasta el año 1953. La medida, que de aprobarse se aplicaría en toda la provincia a partir del 6 de marzo, puso en alerta a los colegios de abogados, agrimensores, martilleros y escribanos de la región centro norte de Santa Fe que exigen la derogación de la misma.
A través de la resolución 10/2023 Catastro propone anular todos los planos de los inmuebles que se inscribieron en el organismo hasta el año 1953.
A modo de ejemplo, si se aprobara la resolución y en caso de que una persona tuviera que realizar la sucesión de una vivienda cuyos planos fueron inscriptos en 1952, deberían realizar los planos desde cero.
"Tenés que arrancar todo de cero, como si esa casa nunca hubiese tenido planos. Estamos hablando de costos muy grandes, sumados a la burocracia que se tiene que atravesar", explicó en diálogo con AIRE el doctor Emanuel Chiabo, pro Secretario del Colegio de Abogados de Santa Fe.
Esto significa que se van a demorar la compra venta de inmuebles, la terminación de trámites sucesorios y donaciones. "Todo el tráfico inmobiliario de la provincia, de 1953 para atrás va a quedar anulado y hay que arrancar de cero. Para nosotros es muy grave porque estamos hablando de elevados costos, burocracia y demoras", sostuvo el prosecretario del Colegio de Abogados de Santa Fe en diálogo con el periodista José Curiotto.
Las entidades que nuclean a los abogados, escribanos, agrimensores y martilleros analizaron la decisión de Catastro y aseguran que no tiene fundamento legal ni justificación para aplicarse. "La decisión no fue consultada a los colegios y los fundamentos no tienen correlato con la resolución, ni la entidad para tomarla. Por eso estamos analizando tomar alguna acción legal para evitar que entre en vigencia esta medida", adelantó Chiabo que agregó que la normativa ocasionará un grave perjuicio a la sociedad, aumentará la inseguridad jurídica, incrementará los costos en las transferencias de bienes y generará la paralización del tráfico inmobiliario.
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