Salud mental en Santa Fe: el impacto de la crisis, la presión sobre el sistema y la urgencia de prevenir desde la infancia
El Colegio de Psicólogos de Santa Fe alertó sobre el impacto de la crisis económica en la salud mental, las dificultades para acceder a tratamientos y la necesidad de reforzar la prevención en niños y adolescentes.
Las dificultades económicas y las limitaciones de la cobertura dejan a muchas personas sin posibilidades de sostener un tratamiento psicológico.
La incertidumbre económica, la precarización laboral y las dificultades para sostener las condiciones básicas de vida atraviesan la salud mental de la población y plantean nuevos desafíos para el sistema de atención. En ese contexto, los profesionales advierten sobre una mayor demanda de consultas, las dificultades para sostener los tratamientos y el impacto del malestar emocional en niños, niñas y adolescentes.
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Los datos nacionales aportan otra dimensión a la preocupación. Durante 2025, Argentina registró 5.209 muertes por suicidio, un 22,6% más que el año anterior, según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). En Santa Fe se contabilizaron 461 casos, prácticamente la misma cantidad que en 2024, aunque con una tasa de 13,2 por cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, superior al promedio nacional de 11,8.
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A su vez, un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) identificó mayores niveles de malestar psicológico, ansiedad y riesgo suicida entre los jóvenes de 18 a 29 años. El estudio también puso en evidencia una dificultad que atraviesa el sistema de atención: muchas personas reconocen que necesitan ayuda, pero no pueden acceder a un tratamiento.
En diálogo con AIRE, Victoria Castro, presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, sostuvo que el padecimiento subjetivo no puede analizarse de manera aislada de las condiciones sociales y económicas en las que transcurre la vida cotidiana. Para la especialista, el deterioro de los ingresos, la incertidumbre sobre el futuro y el debilitamiento de los vínculos comunitarios inciden directamente en el bienestar de las personas.
“Con el avance del neoliberalismo, los recortes sistemáticos, que no son solamente recortes en números presupuestarios, sino que ajustan la vida, fracturan el tejido social, afectan la vida colectiva”, afirmó.
La preocupación coincide con el diagnóstico del Segundo Informe Federal de Salud Mental 2026, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y presentado ante el Senado de la Nación. El relevamiento reunió información de 14 provincias, Santa Fe incluida, que en conjunto abarcan al 70,85% de la población argentina, e identificó una mayor presión sobre el sistema público, el crecimiento del padecimiento y el agravamiento de cuadros a edades más tempranas.
Más consultas y dificultades para acceder a la atención
Desde el Colegio de Psicólogos de Santa Fe observan un incremento de la demanda de atención en el sistema público. Castro aclaró que la institución no cuenta con estadísticas propias que permitan cuantificar esa evolución, pero señaló que la situación aparece de manera recurrente en el intercambio entre profesionales que trabajan tanto en el ámbito estatal como en el privado.
A la mayor demanda se suma la dificultad para sostener los tratamientos. Algunas personas tienen obra social o prepaga, pero ya no pueden afrontar el costo de la cobertura o de las prestaciones de salud mental.
“Hay un incremento de la población que tiene obra social que no puede pagar la cobertura o no puede pagar lo que implican muchas veces las prepagas”, señaló.
El escenario puede traducirse en una mayor presión sobre los efectores públicos, que deben responder a necesidades crecientes en un contexto de restricciones presupuestarias.
El estudio del OPSA aporta datos sobre las barreras económicas que condicionan el acceso a la atención psicológica. Según el relevamiento, que incluyó a más de 2.200 personas de distintas partes del país, el 29,15% de los participantes se encontraba bajo tratamiento psicológico.
Entre quienes no asistían a terapia, el 50,05% manifestó que percibía la necesidad de recibir atención, pero no podía acceder. Dentro de ese grupo, el 43,44% señaló las dificultades económicas como principal obstáculo.
Los resultados permiten dimensionar la distancia que puede existir entre reconocer un problema y obtener asistencia. El costo de las consultas, las limitaciones de la cobertura, la falta de horarios compatibles y las dificultades para encontrar servicios gratuitos aparecen entre las barreras que pueden interrumpir o impedir el inicio de un tratamiento.
En esa misma sintonía, el informe federal también identificó el desfinanciamiento, las limitaciones presupuestarias y el deterioro de las condiciones sociales y de las redes de apoyo entre los principales desafíos del sistema.
Aunque las 14 provincias relevadas informaron que cuentan con atención de salud mental en el primer nivel sanitario, el documento advierte sobre las dificultades para ampliar la capacidad de respuesta. Entre las necesidades pendientes menciona la incorporación de profesionales, el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios y el desarrollo de dispositivos comunitarios que garanticen la continuidad de los cuidados.
Ansiedad, angustia y dificultad para proyectar el futuro
El malestar emocional puede expresarse de distintas maneras y no siempre se traduce en un diagnóstico específico. Entre las manifestaciones que los profesionales observan en las consultas, Castro mencionó el incremento de la angustia y la ansiedad.
“Evidenciamos el padecimiento subjetivo en distintas consultas desde distintos indicadores”, explicó.
La incertidumbre económica constituye uno de los factores que ayudan a comprender este escenario. La inestabilidad laboral, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para planificar a mediano plazo pueden generar estrés y preocupación persistente.
“La incertidumbre en cualquier sujeto genera ansiedad, genera estrés”, sostuvo la presidenta del Colegio de Psicólogos.
El relevamiento del OPSA también indagó en las situaciones que atraviesa la población. El 35,85% de los participantes afirmó estar pasando por una crisis profunda. Entre los motivos mencionados, el 55,91% señaló dificultades económicas vinculadas con deudas o bajos ingresos; el 52,40%, una crisis vital, y el 36,37%, problemas de origen familiar.
Los resultados muestran que el malestar psicológico aparece en un contexto atravesado por múltiples dificultades, aunque no permiten atribuir automáticamente cada síntoma a una causa determinada.
Para Castro, es necesario considerar tanto la dimensión individual como las condiciones sociales que pueden profundizar el sufrimiento. El acceso a redes de contención, los vínculos familiares y comunitarios y la posibilidad de recibir atención a tiempo forman parte de los recursos que pueden ayudar a atravesar situaciones difíciles.
Infancias y adolescencias: la prevención desde edades tempranas
Uno de los puntos que más preocupan a Castro es el padecimiento durante la infancia y la adolescencia. Para la profesional, las políticas públicas deben reforzar las estrategias de promoción y prevención desde edades tempranas, antes de que las situaciones de malestar se agraven.
“Me parece que hay una mirada que tiene que estar focalizada desde la promoción, la prevención en infancias y en adolescencias”, afirmó.
La preocupación también aparece en el Segundo Informe Federal de Salud Mental 2026, que identifica un agravamiento de los padecimientos a edades más tempranas. Entre sus indicadores, el documento señala un aumento del 110% en las internaciones por motivos de salud mental de menores de 18 años en la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2025. El dato corresponde exclusivamente a esa jurisdicción y no debe extrapolarse a Santa Fe.
El estudio del OPSA, por su parte, ubicó a los jóvenes de entre 18 y 29 años entre los grupos con mayores niveles de malestar psicológico, sintomatología ansiosa e indicadores de riesgo suicida. El relevamiento también encontró una mayor vulnerabilidad entre quienes pertenecen a sectores socioeconómicos bajos.
Aunque se trata de estudios con poblaciones y metodologías diferentes, ambos aportan elementos para sostener la necesidad de fortalecer la prevención y mejorar las respuestas de atención destinadas a las generaciones más jóvenes.
Para Castro, el abordaje no debe limitarse a la atención en consultorios. También requiere trabajar en las escuelas, los clubes y otros espacios donde niños y adolescentes construyen sus vínculos y pueden manifestar señales de malestar.
La detección temprana, la escucha y la articulación entre instituciones pueden facilitar que una situación de sufrimiento sea reconocida antes de que se agrave. Para eso, resulta necesario que quienes están en contacto cotidiano con chicos y adolescentes sepan cómo acompañarlos y orientar la búsqueda de ayuda profesional.
Quién puede escuchar cuando alguien necesita ayuda
La detección del sufrimiento psíquico no depende exclusivamente de que una persona llegue a una consulta con un psicólogo o un psiquiatra. En muchos casos, la primera oportunidad para hablar de lo que sucede aparece en un entorno cotidiano.
Una docente, un entrenador de un club, un integrante de una organización social o un familiar pueden convertirse en una referencia para alguien que atraviesa una situación difícil.
“No necesariamente tiene que ser la demanda directa a un profesional de salud mental lo que habilita al sujeto a poder hablar”, explicó Castro.
Contar con alguien dispuesto a escuchar, sin juzgar ni minimizar lo que le ocurre a la otra persona, puede facilitar que exprese su malestar y encuentre orientación para buscar ayuda profesional cuando sea necesario.
El relevamiento del OPSA aporta otro dato sobre las formas de afrontar el sufrimiento: el 40,87% de los participantes afirmó que recurre a hablar con amigos cuando se siente mal, mientras que el 28,80% busca a un psicólogo y el 21,28% utiliza el deporte como vía de escape.
Los resultados muestran la relevancia de los vínculos cotidianos como espacios de contención, aunque no reemplazan la atención profesional cuando esta resulta necesaria.
Castro también remarcó la importancia de consultar con profesionales matriculados y cuestionó la realización de determinadas prácticas por parte de personas que no cuentan con la formación profesional ni la regulación correspondiente. Entre ellas mencionó las constelaciones familiares, las terapias de vidas pasadas y algunas propuestas de coaching.
En ese sentido, consideró necesario que quienes ofrecen servicios vinculados con el bienestar emocional tengan la formación y las habilitaciones correspondientes al tipo de atención que brindan.
Una respuesta que no puede limitarse al consultorio
Para Castro, las dificultades actuales requieren una respuesta que exceda la atención individual. La disponibilidad de profesionales es fundamental, pero también lo son las políticas de prevención, los dispositivos comunitarios y las condiciones materiales que permiten sostener una vida cotidiana.
El Segundo Informe Federal de Salud Mental 2026 plantea desafíos en esa dirección: ampliar la atención en hospitales generales, fortalecer los equipos territoriales, mejorar el acceso a medicamentos y desarrollar dispositivos intermedios que permitan continuar los cuidados después de una internación o evitar hospitalizaciones cuando existan alternativas adecuadas.
El documento también advierte sobre las limitaciones de la capacidad de internación frente al crecimiento de la demanda. Once de las 14 provincias participantes informaron la apertura o el incremento de camas entre 2021 y 2026. Santa Fe reportó un aumento, aunque sin una cantidad exacta consolidada en el relevamiento.
Para la presidenta del Colegio de Psicólogos, la respuesta estatal debe incluir recursos presupuestarios, regulación de las prácticas y políticas capaces de sostener los dispositivos de atención. También debe contemplar las condiciones en las que trabajan los propios profesionales, atravesados por situaciones de precarización y pluriempleo.
“Si la salud no está en la agenda pública, si el Estado no está presente para la regulación de las prácticas, de los abordajes, para generar insumos presupuestarios para los distintos dispositivos, es muy difícil organizar la comunidad”, afirmó.
Castro recordó que la pandemia de coronavirus fue un punto de inflexión para la discusión pública sobre salud mental, al hacer visibles los efectos del aislamiento y las transformaciones de la vida cotidiana. También mencionó la inundación de 2003 en Santa Fe como otro acontecimiento que dejó consecuencias sociales y puso en evidencia la necesidad de respuestas específicas.
Ambas experiencias, señaló, mostraron cómo los acontecimientos colectivos pueden modificar las formas de padecimiento y volver visibles necesidades que requieren políticas sostenidas.
La discusión, entonces, no se limita a cuántas personas llegan a un consultorio ni a cuántos profesionales están disponibles. También involucra las posibilidades concretas de acceder a la atención, sostener los tratamientos, encontrar redes de apoyo y construir condiciones de vida que protejan el bienestar emocional.
“Sanar el padecimiento subjetivo exige reconstruir el tejido social, exige también por eso defender una educación pública de calidad, un trabajo digno, registrado, políticas en vivienda, en cultura, en ciencia y tecnología, porque eso es salud mental”, concluyó Castro.
