Salud mental en Santa Fe: entidades médicas advierten por el desborde del sistema público
Colegios profesionales y Si.Pr.U.S. presentarán un documento ante las autoridades provinciales para reclamar recursos, dispositivos comunitarios y el cumplimiento de la legislación vigente.
Las entidades médicas coinciden en que hacen falta más recursos concretos, materiales que permitan sostener tratamientos y fortalecer la prevención en salud mental.
El sistema público de salud mental de Santa Fe atraviesa un escenario de fuerte demanda y falta de recursos que, según advierten entidades profesionales y trabajadores del sector, impacta tanto en la atención de la población como en las condiciones laborales de quienes sostienen los servicios. Frente a esta situación, los Colegios Profesionales de Medicina, Psicología, Trabajo Social y Terapia Ocupacional de la Primera Circunscripción, junto con Si.Pr.U.S., reunieron más de cien adhesiones a un documento que presentarán ante las autoridades provinciales.
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El reclamo será expuesto públicamente este jueves 8 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, durante una conferencia de prensa que se realizará a las 10 en la sede gremial de Si.Pr.U.S., ubicada en Dr. Zavalla 3362. Las entidades plantearán allí su posicionamiento sobre la crisis de los sistemas de atención, las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional a la Ley Nacional de Salud Mental y las condiciones de trabajo y asistencia a la comunidad.
Leandro Goldsack, referente de Si.Pr.U.S. en Santa Fe, explicó que el documento surge de las dificultades que enfrentan diariamente los profesionales al abordar situaciones cada vez más complejas y con recursos estatales insuficientes.
“Es un posicionamiento que surge de lo que les sucede a los profesionales cuando tienen que abordar esa situación”, sostuvo Goldsack, y remarcó que existe “la ausencia de recursos por parte del Estado”.
El reclamo por más recursos para salud mental
Uno de los puntos centrales del documento es el pedido de cumplimiento de las normativas nacionales y provinciales vinculadas con la salud mental. Las entidades cuestionan que las leyes vigentes no se aplican en su totalidad y reclaman presupuesto suficiente, equipos fortalecidos, dispositivos comunitarios e información epidemiológica que permita conocer la dimensión de las problemáticas.
Goldsack señaló que desde el sector remarcan especialmente la obligación establecida por la legislación nacional respecto del presupuesto destinado a salud mental. “La ley nacional ubica la necesidad de sostener un 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental como mínimo”, afirmó. Según el referente de Si.Pr.U.S., esa disposición “nunca se ha cumplido” y existe “un nivel de incumplimiento importante” tanto de las normativas provinciales como nacionales.
El documento también plantea una mirada crítica sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno Nacional a la Ley Nacional de Salud Mental. Las entidades advierten sobre el riesgo de un retroceso hacia respuestas centradas en el diagnóstico y la medicalización de problemáticas que también están relacionadas con las condiciones sociales y de vida de la población.
Al mismo tiempo, sostienen que la discusión nacional no debe utilizarse para dejar de lado las responsabilidades que corresponden al Estado provincial. En ese sentido, reclaman la implementación efectiva de la Ley Provincial de Salud Mental N.º 10.772, que establece obligaciones relacionadas con la asignación de recursos y la construcción de herramientas epidemiológicas.
Más consultas, crisis subjetivas y consumos problemáticos
Desde Si.Pr.U.S. describen un incremento de la demanda que no encuentra una respuesta suficiente dentro del sistema público. Entre las situaciones que observan en los efectores, la cantidad de consultas, las crisis subjetivas, los consumos problemáticos y las dificultades generales de acceso a prestaciones de salud.
“Las cantidades de lo que se denominan crisis subjetivas aparecen todo el tiempo en los espacios de guardia de los efectores públicos”, explicó. También señaló que los consumos problemáticos forman parte de un escenario que, según plantean desde las entidades, está relacionado con una crisis más amplia y con las dificultades de acceso al sistema de salud.
La falta de recursos repercute directamente sobre los trabajadores. “Vemos muchos psiquiatras que han quedado básicamente quemados por la situación de la ausencia de profesionales”, afirmó, al describir el desgaste provocado por la demanda que deben afrontar los equipos.
Para Goldsack, el desborde alcanza también a los centros de salud, donde los profesionales deben afrontar listas de espera y una demanda superior a la capacidad de atención. “Hoy vos tenés psicólogos en centros de salud con muchas dificultades sosteniendo una cantidad de turnos de espera, porque la demanda es mucho más de lo que se puede trabajar”, sostuvo.
Reclaman una red de atención más amplia
Las entidades sostienen que la atención de la salud mental no puede reducirse a una consulta individual con un psicólogo o un psiquiatra. El planteo apunta a construir una red de dispositivos e instituciones que permita acompañar a las personas en diferentes etapas y evitar que las crisis deriven necesariamente en internaciones.
Goldsack explicó que una persona que atraviesa una crisis necesita “otro andamiaje institucional, relacional” para poder sostener un tratamiento ambulatorio. Según planteó, las normativas contemplan dispositivos colectivos e institucionales que deberían formar parte de ese acompañamiento.
En ese punto, el documento reclama fortalecer las intervenciones sociales, comunitarias y preventivas frente a problemáticas vinculadas con los consumos, la exclusión social, el suicidio, las violencias y los padecimientos subjetivos. Las entidades cuestionan que las respuestas estatales tiendan cada vez más hacia dispositivos de control, vigilancia y seguridad en lugar de priorizar políticas de inclusión, acompañamiento y cuidado.
Qué proponen las entidades
Para los profesionales, una respuesta integral requiere inversión pública, nuevos dispositivos y una estrategia que exceda al propio sistema sanitario. El documento propone conformar una mesa de diálogo y trabajo con instituciones de la sociedad civil, universidades y autoridades provinciales para avanzar en decisiones políticas urgentes que permitan aplicar de manera efectiva la Ley Provincial de Salud Mental 10.772.
Goldsack insistió en que cualquier política pública necesita recursos. “Toda política pública necesita primero la principal inversión”, afirmó. Y agregó: “Para generar un sistema de real atención de salud mental hay que poner plata”.
El referente de Si.Pr.U.S. planteó además la necesidad de crear instituciones comunitarias y dispositivos específicos, y destacó la importancia de un abordaje interministerial que involucre áreas como Justicia, Trabajo y Educación, además de Salud.
Entre las alternativas mencionó los centros de atención psicosocial previstos por la normativa y existentes en Brasil, con equipos profesionales capacitados para abordar tanto situaciones que llegan directamente como aquellas derivadas desde otros servicios.
El reclamo por las guardias y el seguimiento de los pacientes
Otro de los puntos señalados por las entidades es la necesidad de contar con dispositivos de salud mental específicos en los hospitales generales. Goldsack cuestionó el esquema de una única guardia de soporte para varios hospitales y sostuvo que cada establecimiento debería contar con profesionales destinados de manera permanente a esa tarea.
“Yo no puedo, por ejemplo, pretender que haya una guardia de soporte para cinco hospitales”, afirmó. En su lugar, planteó la necesidad de contar con una guardia específica en cada hospital para poder responder ante las situaciones que requieren intervención.
También señaló que el problema no termina cuando una persona ingresa al sistema. Para el referente gremial, resulta necesario garantizar el seguimiento posterior y construir alternativas que permitan sostener los tratamientos ambulatorios y evitar internaciones cuando sea posible.
“Hoy lo que hay es una insuficiencia”, resumió Goldsack. Según explicó, hacen falta “más recursos concretos, materiales” para construir dispositivos, acciones y prestaciones que permitan sostener tratamientos complejos y fortalecer la prevención.
El documento será presentado ante la directora provincial de Salud Mental y también será remitido a la ministra de Salud. El reclamo reúne a los colegios profesionales de Medicina, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social junto con Si.Pr.U.S., que buscan instalar una discusión sobre el estado del sistema público y las políticas necesarias para garantizar la atención de la salud mental en Santa Fe.
