Hace años que se habla de la crisis del sistema de salud en Argentina. Una enfermedad que tiene como origen su propia fragmentación. Fue la pandemia la que puso en foco otra vez este problema, a pesar de que en los peores momentos en el país se logró un amplio nivel de cobertura, donde no hubo pacientes sin atención ni muertos en las calles. Pero eso fue posible gracias a los equipos de salud, que son la piedra angular de este sistema, y a que hubo políticas concretas en un momento clave. Ahora la salud reclama soluciones a su letargo y es otra vez la política la que tiene que volver a mirar para ese lado y lograr los consensos necesarios entre todos los actores del sector para pensar en un sistema integrado y más equitativo.
Académicos de la Salud comienzan a plantear otra vez la necesidad de una reforma del sistema sanitario que lleva décadas de crisis. Pero son los protagonistas de los subsistemas quienes deben comenzar este diálogo. En este contexto, el Sanatorio Santa Fe del Grupo Santa Fe es uno de los actores que en la capital de la provincia plasmó su compromiso con la convocatoria a una jornada de reflexión sobre la "Crisis del Sistema Sanitario. Soluciones desde distintas miradas". Un encuentro que expuso las diferentes realidades de los subsistemas de seguridad social y del privado (prestadores y financiadores), que encuentran su punto de encuentro en esta crisis que continúa, se profundiza y necesita nuevas propuestas y reglas.
El doctor Carlos Miguel Rodríguez Sañudo, presidente del directorio del Sanatorio Santa Fe, explicó que convocaron a este espacio de debate ante la “la necesidad de enfocar la crisis sanitaria desde distintos lugares, para ir construyendo nuevos paradigmas que encuentren soluciones a los problemas que se profundizan día a día, y la responsabilidad de fortalecer esa herramienta fundamental que es el diálogo entre los actores del sistema: reguladores, financiadores, prestadores y usuarios”. Y expresó que en la mayoría de los casos, “los intereses son diferentes, pero no antagónicos'' y sentenció que el fin es “contribuir a un interés común, que es cuidar la vida de los ciudadanos''.
Como moderador del encuentro que tuvo lugar en la Estancia El Carmen, Rubén Torres, presidente del Instituto de Política Económica y Gestión de Salud (IPEGSA), destacó la propuesta y sostuvo que es el momento de iniciar una transformación del sistema. “El hecho de que haya más de 100 personas hoy discutiendo esto habla de que hay voluntad, creo que el déficit está en el sector político. Los decisores políticos no han tomado todavía conciencia de la necesidad de poner esto como una prioridad en la Argentina”, señaló en diálogo con AIRE.
Para Torres el sistema sanitario argentino tiene tres crisis graves: de legitimidad, de racionalidad y de ética. “De legitimidad porque el Estado como responsable de la salud no ha logrado responder a las necesidades de la gente que buscó caminos alternativos: uno fue los seguros privados, la medicina prepaga; ahora, nadie está dispuesto a pagar por aquello que le debe ser dado a través de sus impuestos y de la obligación del Estado. La crisis de racionalidad: se gasta dinero en cosas que no sirven para nada; y mientras tanto tenemos la tercera crisis, que es la más brutal de todas y es que si un chico nace en una provincia en Argentina puede tener 12 veces más posibilidades de morirse antes del primer año de vida, que si nace en otra provincia. Esto es inadmisible en un sistema democrático”, explicó.
La jornada se articuló como un recorrido por algunas de las voces del fragmentado sistema de salud argentino. Expuso su mirada el ingeniero Oscar Broggi, actual director del Iapos -la obra social de los empleados del estado provincial-, que planteó algunas de las dificultades con las que se encuentran las obras sociales provinciales. En Santa Fe una de las trabas es que el Iapos no cuenta con efectores propios, por lo que depende de los prestadores privados. “Siempre estamos contratando servicios”, dijo Broggi y adelantó que hoy buscan articular con el subsistema público la atención de pacientes en los lugares del interior donde no hay inversión privada en salud; como también con otras obras sociales provinciales para dar cobertura a los afiliados que viven en otros puntos del país.
Otra dificultad que expuso el director del Iapos es que los recursos están ligados a los aportes patronales de los trabajadores del Estado, como única fuente, por lo cual dependen de la paritaria que acuerdan los gremios y en la cual siempre tratan de alcanzar la inflación, pero igualmente “van detrás” explicó el director. Vinculado a esto está el costo de los medicamentos, que hoy en el Iapos representa el 26%, -y que hace un tiempo era tan solo el 17%-. De este gasto, un alto porcentaje corresponde a medicamentos de alto costo, que muchas veces terminan en procesos judiciales. “Vemos que el Ministerio de Salud de la Nación tiene que tomar una decisión política. Escuchaba un informe de la Secretaría de Comercio sobre sectores que no cumplen los acuerdos de precios y uno de los sectores es el de laboratorios de fármacos”, sentenció y agregó que “hoy el avance de la tecnología es mayor al que pueden soportar las obras sociales”.
En relación a esto expuso el doctor Oscar Cochlar, exgerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud, que centró su charla en la judicialización en salud y denunció la falta de “discusión” sobre el tema. Detalló que de los amparos registrados por reclamos en prestaciones de salud, el 75% tiene una medida cautelar. Como contrapunto, Iván Di Chiazza, juez de 1era. Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe, planteó que hay “respuesta eficaz y oportuna” a los planteos, basado en el diálogo con las partes y en la búsqueda de una solución posible -no ideal-. “Acá está la tarea de los jueces, pero hoy no las encontramos a estas soluciones solos, en el 85% de los casos se termina articulando la mejor respuesta”, dijo. Ambos coinciden en que toda judicialización es una forma de definir algo que no se pudo resolver antes y proponen apostar a prevenir el conflicto; y en los casos que no se pueda, el desafío es el rol “articulador” de la Justicia.
Desde la mirada de los prestadores, el contador Pablo Tanus, director operativo de la Clínica Universitaria Reina Fabiola -de Córdoba-, planteó los desafíos de este rol que hoy sufre los impactos directos de la crisis económica, que van desde el conflicto por el pago de honorarios hasta la inversión en tecnología, que se suma a los desincentivos a la calidad. Y explicó que la plata la ponen los beneficiarios y se la dan al financiador, los prestadores brindan la atención y el financiador lo paga a los 60 o 90 días; y en ese período la inflación hace su jugada afectando a los que asumieron el costo del servicio de salud.
Esto lleva a los prestadores a “subsistir” con la dependencia de los subsidios del Estado, aumento del volumen de prestaciones y la disminución de inversiones. Pero para contrarrestar esto, Tanus apuntó a la necesidad de trabajar en conjunto "la cooperación para un sistema de salud sustentable, pensar un sistema de salud más federal, que equipare también los ingresos del sector, que contemple la posibilidad del pago por performance para fomentar la calidad y la necesidad de evaluar las nuevas tecnologías en las prestaciones".
Por parte de los financiadores privados, el doctor Fernando Coppolillo, gerente de prestaciones médicas Medifé, coincidió en tres aspectos de la crisis del sector: el deterioro de los honorarios médicos; el problema de las legislaciones por enfermedad, donde se encuentra por ejemplo la Discapacidad que hoy “implica el 13% del costo médico”; y los gastos desperdicios. “Del 2002 (tras la crisis del 2001 que dio lugar a la creación del PMO) a la fecha, se dio una profunda ausencia de liderazgo en el sector sanitario que ha generado una serie de políticas erráticas contradictorias que nos llevó a la situación actual que mis colegas en la jornada han trabajado”, denunció. Coppolillo sostuvo que “es el momento de un gran acuerdo de seguros de salud, prestadores, las organizaciones académicas y los productores de tecnología, donde cada uno tiene que dejar de mirarse el ombligo para ponernos de acuerdo poniendo en el centro al paciente”.
El doctor Mario Glanc, experto en Sistemas de Salud y coautor del libro “Cambio de Rumbo. Lineamientos para el debate acerca de una reforma sectorial en salud” cerró la jornada. “El sistema no corre riesgo de colapsar, ya colapsó. En este momento el hospital público está huérfano de recursos y los equipos desmembrándose. La seguridad social está quebrada. Las empresas de medicina prepagas este año tuvieron aumentos muy importantes, pero están viendo cómo caen la cantidad de beneficiarios y cómo los médicos se van por lo que están pagando. El sistema está implosionado. ¿Qué falta? Como en tantas otras cosas en el país falta el compromiso, la iniciativa y la espalda política como para decir vayamos hacia algún lado; pero estamos flotando a la deriva con todo esto”, graficó en diálogo con AIRE.
El especialista invitó a ver qué pasa en otros lugares del mundo, donde hay sistemas integrales de salud y donde “la dicotomía entre lo público y lo privado, que de alguna manera se vive en Argentina, no existe más”.
Para Glanc la solución es la igualdad de derechos. “No importa si soy cartonero y vos el gerente de una multinacional, el derecho que la constitución consagra a la salud para vos tiene que ser el mismo para mí, la calidad tiene que ser la misma, el resultado tiene que ser el mismo. Empecemos por ahí, empecemos de abajo hacia arriba. El compromiso es de todos los que tienen responsabilidades políticas e institucionales”, sentenció.
Los problemas de los sectores y subsectores del fragmentado sistema sanitario argentino encuentran puntos en común. Solo es necesario un liderazgo claro que pueda unir a las partes y alcanzar consensos poniendo en el centro la necesidad de un sistema que se base en la igualdad, que sea integrador y sustentable. La enfermedad del sistema de salud tiene diagnóstico hace tiempo, pero es momento de encontrarle un remedio.
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