lunes 24 de enero de 2022
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El balazo a Chano abre un debate sobre la ley de salud mental también en Santa Fe

El caso reveló la falta de capacitación y protocolos en la Policía, pero el tema de fondo es mucho más profundo: la falta de equipos de psicólogos y psiquiatras para atender emergencias. Cuál es la situación en la provincia.

La violencia desatada contra el músico Chano Charpentier en medio de una crisis abrió un debate con distintas aristas. La violencia policial y la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad para atender estas urgencias es lo más urgente. Otro debate pone en el centro las deficiencias en la atención a personas con problemas de salud mental. “Solo pido que hagan algo con Ley de Salud Mental porque la adicción es una enfermedad ", rogó Marina Charpentier.

El dolor de una madre es incontestable, pero ¿el problema es la ley de salud mental? ¿Se puede “hacer algo” con una ley que nunca se terminó de implementar? ¿Qué otros intereses se ponen en juego cuando estas críticas ponen en juego falsedades contra la ley de parte de periodistas o actores del sistema médico?

Aunque nadie lo diga con todas las letras, subsiste la idea de quien tiene padecimientos de salud mental como objeto de intervenciones, sin capacidad de decisión. La ley 26.657, aprobada en 2010, destierra ese concepto.

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En el 2019, último dato disponible, en la provincia de Santa Fe había unos 300 pacientes psiquiátricos internados en hospitales y centros de salud públicos.

En el 2019, último dato disponible, en la provincia de Santa Fe había unos 300 pacientes psiquiátricos internados en hospitales y centros de salud públicos.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”, es la consigna de la Asamblea de Usuaries de Salud Mental por Nuestros Derechos. “La ley está bien, porque antes de la ley un familiar podía internar como quisiera al usuario, lo declaraba insano porque sí. Ahora necesitan todo un equipo que lo declare insano, es más difícil”, consideró Ana Muñoz, que es parte de esa asamblea, creada hace ocho años. Tomar la palabra es un largo camino, y esta asamblea lo viene transitando.

La ley nacional que hoy vuelve al debate público establece, en su artículo 27 que “queda prohibida” “la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos”. El artículo siguiente establece que “las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios”.

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Según el Censo Nacional de Salud Mental, realizado en 2019, en la provincia de Santa Fe había 295 personas internadas en establecimientos de salud pública y 518 en institutos privados, sin contar a quienes padecen consumos problemáticos de drogas. La transformación de los históricamente llamados “manicomios” para impedir internaciones de por vida, con pacientes que van perdiendo todo contacto con el afuera, es una de las tareas pendientes.

Una de las críticas que se realizan a la ley vigente es que en su elaboración no intervinieron psiquiatras. Es una falacia: en muchísimos artículos -en especial los que tratan sobre internaciones involuntarias, que están claramente pautadas- se incluye la obligación de que toda intervención sea firmada por profesionales de la psicología o la medicina psiquiátrica. “Nuestra ley nacional realmente contempla el abordaje de las problemáticas de salud mental, de ninguna manera está en contra de la psiquiatría y sí de las prácticas medicalizantes, estigmatizantes respecto de las problemáticas de salud mental”, apuntó la directora de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, Celina Pochettino, quien aseguró: “Sí tenemos mucho por implementar y es la tarea de la dirección provincial”.

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Un paciente con una crisis de salud mental fue al hospital de emergencias de Granadero Baigorria, esperó cuatro horas y se retiró sin ser asistido.

Un paciente con una crisis de salud mental fue al hospital de emergencias de Granadero Baigorria, esperó cuatro horas y se retiró sin ser asistido.

Están prohibidas por la ley algunas prácticas históricas en salud mental, como la medicación compulsiva, sin conocimiento o intervención del paciente, para calmarlo. Las internaciones involuntarias están detalladamente pautadas. La ley también prohíbe los encierros prolongados en lugares donde el entorno se desentiende de la persona con padecimientos.

La funcionaria apunta a que “el cambio de paradigma en los modos de atender la salud mental es algo que está en curso. Lo que se escucha todos los días, las fake news contra la ley, muestran que el viejo paradigma persiste con fuerza”.

Para Ana Muñoz, “si se cumpliera la ley, estaría todo mucho mejor”. Entre las muchas deficiencias que señala en la aplicación, cuenta que los hospitales generales no cuentan con guardias psiquiátricas. “Vos vas por salud mental y si te atienden, te ven como uno más del montón. No tienen un psiquiatra que diga ‘vamos a atender a este paciente’. A un amigo le pasó que fue al Baigorria con crisis y lo tuvieron cuatro horas esperando. Se fue. No lo atendió nadie, nadie lo asistió”, contó la integrante de la asamblea. Es decir que se incumplió el derecho a la atención sanitaria.

Una persona con problemas de salud mental no debería perder sus derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo. “Al usuario de salud mental le tendrían que dar más trabajo. Porque es el más discriminado, la discapacidad psicosocial es una de las más discriminadas dentro de las discapacidades. Cuando te vas a inscribir a un empleo para personas con discapacidad, encontrás un casillero para quienes tienen discapacidad motora, para no videntes, para personas sordas y otro. No existimos”, dice con una risa que también condensa bronca.

La ley implica más inversión, no menos. Debe haber equipos de salud mental que puedan atender una urgencia, cuando son convocados por la policía. La atención del área en todos los centros de salud, dispositivos como las residencias compartidas, implican que el Estado destine recursos para dejar de entender la “locura” como una condición excluyente, de por vida.

El presidente de la Sociedad Argentina de Psiquiatría, Santiago Levin, detalló distintas falencias en la aplicación de la ley en un podcast. “Está pendiente en el sector de las fuerzas de seguridad la comprensión de lo que es una urgencia psiquiátrica y de salud mental, y la capacitación para distinguir entre una descompensación mental y otro tipo de intervenciones que hace la policía”, comenzó con las políticas pendientes.

La directora de Salud Mental de la provincia, Celina Pochettino, es enfática en la necesidad de avanzar en la adecuación de Santa Fe a lo prescripto por la ley de salud mental.

“Desde el punto de vista del sistema sanitario, es necesario tener mayores dispositivos capacitados para atender urgencias en salud mental, no solamente en los hospitales especializados o en los hospitales generales sino también equipos móviles que puedan arribar para poder atender junto con las fuerzas de seguridad una urgencia psiquiátrica o de salud mental”.

La conclusión de Levin es que “se necesita también desde el punto de la salud pública una mayor inversión, porque la desinversión de décadas en el sistema de salud también deja desprotegida a la persona que tiene que atravesar una situación de urgencia o emergencia de salud mental”.

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Para construir la autonomía

Las casas asistidas se hicieron conocidas en la Argentina por la serie de ficción “Locas de Amor”, ahí se supo que este tipo de experiencias de autonomía para personas que llevaban largos períodos de internación requerían también de asistencia externa a través de profesionales de la salud pero también de artistas, por ejemplo, que habiliten otras posibilidades.

La directora de Salud Mental de la provincia, Celina Pochettino, es enfática en la necesidad de avanzar en la adecuación de Santa Fe a lo prescripto por la ley de salud mental y asegura que esa es su misión, y al mismo tiempo llama a “poner en valor que hay muchísimas experiencias de abordajes con perspectiva de derechos en las problemáticas de salud mental en nuestro territorio”. También apunta que la ley requiere de una formación y capacitación continua. “Es algo en lo que estamos, pero hay que profundizarla y sostenerla”, dice la funcionaria designada en febrero de 2021.

Cuando Pochettino se refiere a esas experiencias, habla -entre otras- de las casas asistidas, donde personas que han atravesado largos períodos de internación conviven con la asistencia externa de equipos interdisciplinarios de salud mental. En la provincia hay 15 de esas residencias, seis de ellas en la ciudad de Oliveros. Una de esas experiencias está documentada en el libro de fotografías "La vida después", de Isis Milanese.

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Licenciado en Letras, Hernán Camoletto trabaja desde hace años en la Colonia de Oliveros, en la coordinación de Guau, el espacio de escritura. “Hace unos meses que estamos trabajando por el cierre de los monovalentes”, dice el profesional, quien asegura que “no es una cuestión de cerrar mañana los hospitales y ya, tiene que ir armándose un trabajo desde adentro, desde los usuarios hasta los dispositivos que se van armando y los que hay que armar. La mayoría de los usuarios no tienen recursos y muchas veces no tienen un afuera armado, muchas veces no tienen una red ni una familia que los sostenga”, advirtió.

Al mismo tiempo que pondera y valora el incipiente avance en esta implementación, el tallerista considera urgente que haya mayor inversión en los hospitales. Señala que la desinversión en el área, que se vio agravada por la pandemia, resulta en un deterioro de las condiciones de atención de las personas internadas, que incluso afecta su alimentación.