Crisis en discapacidad en Santa Fe: advierten cierres y riesgo para miles de personas
El cierre de un hogar en Esperanza expone una crisis estructural. Prestadores advierten desfinanciamiento, falta de pagos y riesgo de retroceso de 30 años en derechos.
Desde el sector aseguran que la crisis no es nueva. El desfinanciamiento comenzó a profundizarse en 2018 y se agravó en los últimos dos años.
La decisión, según confirmaron desde el sector, responde al desfinanciamiento sostenido que atraviesan las instituciones y a la falta de pagos por parte de programas nacionales.
“Esto es algo que veníamos advirtiendo hace casi dos años: el sistema se está desfinanciando y los servicios van a empezar a cerrar”, explicó Gabriela Ortolochipi, integrante de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de Santa Fe.
Un sistema al límite: sin pagos y con deudas acumuladas
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El principal problema, según detallan desde el sector, es la interrupción en la cadena de pagos. El programa Incluir Salud —uno de los principales financiadores del sistema— no abona prestaciones desde diciembre.
Hogar Esperanza
La crisis del sistema de discapacidad en Santa Fe sumó en las últimas horas un nuevo capítulo crítico: el cierre del hogar Lilia Steckmer, en la ciudad de Esperanza, tras 16 años de funcionamiento.
Esto generó una situación crítica: con deudas salariales, proveedores impagos y sin margen para sostener la actividad. “Ya no hay capacidad de tomar más deuda. Se deben sueldos, cargas sociales y proveedores. Llegamos a un límite”, advirtió Ortolachipi.
Además, incluso cuando hay pagos, los valores están desactualizados: las prestaciones cubren apenas el 50% de los costos reales.
Cierres y recortes: un efecto en cadena
El caso del hogar de Esperanza no es aislado. Otras instituciones ya comenzaron a reducir servicios o están al borde del cierre.
En Colastiné Norte, por ejemplo, una organización debió suspender cuatro de sus cinco prestaciones. Solo mantiene el hogar porque gran parte de sus residentes no tiene red familiar.
“Si esto no se revierte, las instituciones van a caer como en catarata”, alertaron desde el sector.
Personas sin hogar y sin contención
El impacto más grave recae sobre las personas con discapacidad. En el caso de los hogares, el cierre implica que quienes viven allí pierden su casa.
Muchos de ellos no tienen familia directa y podrían ser derivados a otras localidades, perdiendo vínculos y redes de contención.
“No es solo un servicio que cierra: son personas que se quedan sin su hogar”, remarcaron.
Retroceso histórico: “volvemos 30 años atrás”
Desde las organizaciones advierten que el deterioro del sistema pone en riesgo un modelo de atención construido durante décadas. El sistema actual garantiza prestaciones universales en todo el país, independientemente de la situación económica. Sin embargo, el escenario actual amenaza con desarmarlo.
Discapacidad. Reclamo. 19-3-26
Desde las organizaciones advierten que el deterioro del sistema pone en riesgo un modelo de atención construido durante décadas.
“Vamos hacia un modelo donde solo accede quien puede pagar. Es volver 30 años atrás”, señalaron. Esto implicaría un regreso a un enfoque centrado únicamente en lo médico, dejando de lado la inclusión social y la vida comunitaria.
El impacto en las familias y en la vida cotidiana
La crisis no solo afecta a las instituciones, sino también a las familias. Incluso quienes cuentan con cobertura enfrentan interrupciones en los tratamientos.
La falta de pagos genera la salida de profesionales, la reducción de servicios y la imposibilidad de sostener espacios de socialización. “Si los servicios se caen, las personas vuelven a quedar en sus casas, aisladas”, explicaron.
Trabajo en riesgo y vocación al límite
Otro punto crítico es la situación de los trabajadores del sistema. Muchos llevan meses sin cobrar, lo que provoca un éxodo de profesionales.
A pesar de la vocación, el contexto económico empuja a buscar otras alternativas laborales. “Nadie quiere irse, pero llega un momento en que no se puede sostener más”, indicaron.
Un reclamo que lleva años
Desde el sector aseguran que la crisis no es nueva. El desfinanciamiento comenzó a profundizarse en 2018 y se agravó en los últimos dos años.
Incluso, recuerdan que ya habían advertido públicamente sobre el riesgo de colapso del sistema. “Lo dijimos hace dos años: si no se actuaba, esto iba a pasar”, concluyeron.
El escenario actual plantea un desafío urgente: evitar el colapso de un sistema clave para garantizar derechos. Sin financiamiento, sin actualización de aranceles y con instituciones al límite, la red de atención para personas con discapacidad en Santa Fe enfrenta una de sus crisis más profundas.
