Con velas, fotos y pancartas, familiares de personas asesinadas en Rosario llevaron sus reclamos a la sede de la Gobernación.
A las tres de la tarde hacen más de 33° en el centro de Rosario. La inmensa fachada del edificio decimonónico que antaño fue la Jefatura de la Policía y ahora es la sede de la Gobernación proyecta sombra sobre las escalinatas del ingreso principal, por calle Santa Fe, donde en la tardecita del lunes acamparon familiares y víctimas de la inseguridad. Gente humilde, laburantes que “lo único” que buscan es “justicia para los que no están y seguridad para los que quedan”.
El país vio el lunes a la noche, a través de canales de televisión, las redes y los diarios, una ceremonia conmovedora de estos familiares, víctimas, amigos y gente que se acercó a prender velas junto a las fotos de quienes perdieron la vida en hechos de inseguridad. Unas banderas blancas tendidas sobre el asfalto recordaban los nombres de esos hijos, hijas y esposos. “Iluminemos Rosario”, fue la consigna esta vez.
Este martes, el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario Pablo Javkin recibieron, juntos, a un grupo de manifestantes. Estuvieron casi dos horas reunidos. También participó el recién asumido ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni. “Una de las cosas que les dijimos es que nosotros no queremos tener que estar haciendo esto, acampando para que nos escuchen, para que se muevan”, le contó a AIRE Ezequiel Lowden, quien se define como “sobreviviente” de un intento de robo hace unos años.
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“Nosotros siempre salimos contentos cuando nos reciben, nos escuchan y se comprometen a resolver, pero bueno… del dicho al hecho...”, dice Patricia Villafañe. Su remera blanca lleva el nombre de su hija Rocío Abril Romano. El sábado 19 de septiembre de 2019 quedó atrapada en un ataque a tiros perpetrado desde una moto contra una vivienda en barrio Tablada. Se estaba bajando de la moto que conducía su hermana y recibió un disparo mortal en el pecho. Otro joven fue herido en un brazo.
Como Patricia, Micaela también perdió a su hija, pero de 5 años. El 25 de diciembre pasado, en barrio Alvear, mientras festejaban Navidad la nena estaba en la vereda y la mató una bala que todavía hoy no se sabe quién disparó. Sentada en las escalinatas de la sede de Gobernación, es la más joven de todas. Algo es seguro: jamás imaginó que estaría sentada frente al gobernador y al intendente, con una remera blanca con el nombre de Candelaria, pidiendo justicia y que paren la violencia.
Jésica tiene sensaciones encontradas. El acusado por el homicidio en ocasión de robo de su marido, Mauricio Guzmán, se entregó el jueves pasado después de estar casi dos años prófugo. “A mi marido lo mató el 1° de mayo de 2021 para robarle y el 25 de mayo cumplió los 18 años. La jueza (de menores) me dijo que lo van a juzgar como menor. Ese pibe ya tiene un asesinato anterior”. Lo curioso del caso es que Jésica emprendió personalmente el seguimiento personal del acusado, que estaba identificado pero no detenido. “El 1° de febrero fui a tribunales y les dije: «cómo puede ser que yo sé a dónde está, lo sigo, lo fotografié y ustedes no lo agarran». Me contestaron que cada vez que iban y allanaban, se les escapaba”.
La cuestión de la punibilidad de los menores es uno de los pedidos de estos familiares y víctimas de la seguridad. “Cada vez son más chicos”, afirma Patricia. Un hombre a su lado asegura que “los usan a ellos porque saben que no pasa nada”. Hablaron del tema en la reunión con las autoridades y, según dijeron, el gobernador estuvo de acuerdo en impulsar la reforma. De todos modos, vale aclarar que se trata de una reforma que corresponde al Código Penal y, por lo tanto, está en la esfera del Congreso de la Nación avanzar sobre ese tema.
En lo que sí está en deuda Santa Fe –y podría avanzar con relativa rapidez– es con el Código Procesal Penal Juvenil. Para que se entienda, es el conjunto de normas que establecen los procedimientos a seguir cuando un menor de 18 es acusado de un delito. Una justicia especial para los menores en conflicto con la ley penal, que fundamentalmente los saque del actual vacío donde prácticamente todo el poder decisorio está en manos del juez, lo que impide un juicio con las garantías que tiene cualquier acusado, pero en este caso específicas por ser menores y con certezas también para querellantes, familiares y víctimas de delitos.
Esa reforma, subsidiaria del nuevo Código Procesal Penal, lleva una década de idas y vueltas en la Legislatura santafesina y no se logra aprobar, mayormente por reticencia de la Cámara alta.
Entre los reclamos que el gobernador, el intendente y el ministro escucharon, también comentaron algunas medidas sobre las que están trabajando.
Entre ellas, el tan mentado sistema de scanner de personas y bultos en cárceles que contribuirá a prevenir el ingreso de celulares y la instalación de inhibidores de señales en los penales. Dos medidas muy demoradas, pero que parece que este año finalmente entrarán en práctica. Los scanner en las cárceles de Coronda y Piñero están siendo instalados, mientras que ahora se dice que los inhibidores estarían a disposición de la provincia a partir de mayo. El gobernador también hizo mención al proyecto para renovar la ley de emergencia de seguridad, que venció el 31 de diciembre y está a tratamiento de la Legislatura.
Se repasó también una propuesta que tiene el visto bueno de las autoridades: incorporar a la red de monitoreo por videovigilancia las cámaras privadas, es decir de empresas o de particulares que apuntan al espacio público (no se puede hacer, por ejemplo, con las de un edificio que, estando colocada en el exterior, muestren el ingreso y la salida). Esto evitaría hacer relevamiento de cámaras en la zona donde se produce un hecho delictivo, ya que de inmediato las imágenes estarían a disposición de los peritos e investigadores.
A su turno el intendente de Rosario, Pablo Javkin, explicó que está en conversación con la Nación para montar el sistema de paradas seguras de transporte público, lo que implica cámaras y alarmas, entre otras medidas.
Otra ley que insistieron en que debería aprobarse es la que impone prisión preventiva por la portación ilegal de armas. Es otra medida que genera debates, pero que la Cámara de Diputados de la provincia aprobó con media sanción en diciembre de 2021 a instancias de un proyecto del diputado Oscar Martínez.
Por último, un gesto que fue bien recibido por los familiares de las víctimas: les confirmaron la construcción de un memorial en la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación, en recuerdo de las víctimas de la inseguridad, que sería diseñado en un concurso abierto y donde será tenida en cuenta la opinión de los familiares.
Al caer la tarde, tras la agobiante y vaporosa jornada que vivió Rosario, Jésica, Patricia, Ezequiel, Micaela, Verónica y el resto de los manifestantes repitieron la ceremonia de las velas. Volvieron a iluminar Rosario, con la esperanza, dicen, de que las cosas cambien definitivamente. Luego retornaron a su hogares, donde el vacío se siente y les pesa.
Los reclamos una vez más llegaron a las autoridades. Algunos requieren acuerdos políticos amplios para modificar leyes o implementar reformas, otros son más concretos, aunque parece que se empantanan en tierra de promesas. Pero es la presencia de los vecinos en la calle, acompañando a otras víctimas, la que evita el acostumbramiento definitivo a vivir en un clima de violencia sin fin.
Como Verónica, que desde el fatídico 23 de diciembre de 2021 clama justicia y acompaña a otros familiares. Maxi, su hijo de 25 años, fue asesinado a tiros a poco de salir de trabajar de la fábrica de electrodomésticos Liliana, cuando iba en auto con su novia. A ella, como a la madre del Oso Cejas (asesinado frente al hospital Español para robarle el auto), se las puede ver en cada marcha, un día en zona sur, otro frente a la Municipalidad, o en Génova y Alberdi, acompañando a los familiares del arquitecto Joaquín Pérez, asesinado en 2021 para robarle el auto, a metros de donde el domingo pasado ocurrió lo mismo con un matrimonio que resultó gravemente herido tras forcejear con un ladrón.
Desde 2020 hasta la actualidad, las víctimas de homicidios en Rosario no pararon de crecer. En 2022 batieron récords históricos, llegando a 288 asesinatos, de las cuales el 22% fueron mujeres, otro récord. También fue el año con más muertos menores de 18 años, mientras se mantiene constante y altísimo el número de heridos con armas de fuego.
Desde el fin de semana se viralizó en redes sociales la convocatoria a una manifestación en el Monumento a la Bandera bajo la consigna “Rosario Sangra”, ya utilizada en aquellas impresionantes manifestaciones de 2016, desde los Tribunales a la Gobernación, y la más reciente, en octubre de 2021, en el Monumento a la Bandera, donde las máximas autoridades políticas se hicieron presentes y no fueron bien recibidas, en especial el gobernador que la pasó muy mal. En esta oportunidad, es una incógnita la convocatoria que logre. Motivos sobran en un comienzo de año que, de nuevo, bate récords de violencia criminal y que trajo al cuarto ministro de Seguridad provincial en apenas tres años.
Es que Rosario es la capital del fútbol, la tierra de Messi y Di María, tiene el Monumento y el río Paraná, sus calles arboladas y sus avenidas bellas como pocas por las flores de jacarandáes, lapachos y palos borrachos. Pero también es una ciudad doliente por la que los familiares de seres queridos asesinados deambulan en busca de justicia. De los Tribunales a la Fiscalía, de la Gobernación a las plazas o el Monumento. Y cualquier día de estos en la esquina que sea.
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