El cuerpo de Carlos “Bocacha” Orellano se encontró en el río Paraná, cerca del boliche al que había ido a bailar.
Aire Digital
Cuatro policías fueron imputados por delitos de mal desempeño de sus funciones, omisiones y alteración de las actas en las actuaciones por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 24 años que apareció muerto en el río Paraná el 26 de febrero luego de ir a bailar a un boliche de la Estación Fluvial, donde según la querella, fue golpeado con ferocidad por el personal de seguridad. Uno de los agentes quedó en prisión efectiva por 60 días y el resto en libertad pero vinculados al caso.
Tras diez meses de reclamos, marchas y pedido de justicia de los familiares de Bocacha, ayer se dio un paso importante en la investigación. El fiscal de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti imputó a dos agentes de ser coautores de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravada.
Junto a Saldutti también estuvo el fiscal de Violencia Institucional, Gonzalo Fernández Bussy, quien lleva adelante un legajo donde se investiga la actuación policial de otros dos policías de la Comisaría 2ª: Pablo Alejandro B., y la sumariante Brenda L, primeros funcionarios que tomaron contacto con el caso y omitieron realizar medidas claves para la investigación.
Adicionales que “interactuaron” con los patovicas
Dos de los uniformados son Carina Laura G., de 41 años, y Gabriel Julio N., de 38, que realizaban adicionales la noche del 24 de febrero en el boliche River Ming House frente al Monumento Nacional a la Bandera, donde Orellano fue visto con vida por última vez, pero desapareció misteriosamente y sus familiares comenzaron una desesperada y angustiosa búsqueda.
En un trámite que se realizó el viernes en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario bajo la garantía del juez de primera instancia Nicolás Foppiani, en primer término Saldutti se refirió a la situación de esos dos policías, que insertaron datos falsos en el acta de procedimiento, lo cual desvió y perjudicó la investigación.
Según detalló el fiscal, la madrugada del 24 de febrero de 2020 y mientras realizaban servicios adicionales en Ming, “al presenciar la presunta caída del joven al río dieron aviso a las 5.35 a la central de emergencias del 911 y a personal de Prefectura Naval Argentina, pero omitieron informar una interacción entre ellos, otros dos hombres de seguridad del boliche, y Carlos Daniel Orellano”.
Como sería de rigor para un caso tan grave, tampoco lo reportaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Y se retiraron inmediatamente del lugar sin documentar su actuación. “Eso impidió al personal de Prefectura tener información precisa para desarrollar de manera efectiva las tareas de búsqueda y rescate de Bocacha", recalcó Saldutti.
Leer más ► Rosario: falleció el bebé de ocho meses al que balearon cuando estaba en brazos de su madre
El fiscal además les reprocho haber insertado en el acta de procedimiento declaraciones falsas, ya que dijeron haber observado “detrás de las barandas de seguridad a una persona acostada sobre el suelo, que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua”.
“Tergiversación de los hechos”
Aquí es donde parece un elemento clave. Porque aunque de manera tardía para los deseos de la familia de la víctima, el fiscal sostuvo en la audiencia tener elementos para acreditar esa interacción entre Orellano, los dos empleados de seguridad del boliche, y los imputados.
“Esta situación de relevancia fue intencionalmente omitida por los imputados en el acta, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos”. Así de contundente fue Saldutti al calificar la conducta de los policías y el entorpecimiento intencional de la pesquisa.
El funcionario dejó una puerta abierta para avanzar en una futura acusación formal sobre los patovicas. En ese sentido, la querella renovó hace unos días el pedido de imputación sobre esas personas: Emiliano L., y Fabián M., los dos que habrían tenido contacto físico con Orellano, y Graciela A.; y el dueño del local, Guillermo W. que el día del hecho estaba en su oficina, a metros del baño donde se hallaron manchas de sangre que se cotejan para determinar si eran del joven fallecido.
Al hacer uso de su derecho a declarar, los policías Karina G., y Gabriel N., que son pareja y conviven, se declararon inocentes. Y denunciaron que en varias oportunidades fueron víctimas de amenazas y amedrentamientos a través de distintos medios.
Si bien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva no privativa de la libertad para los policías pero con una serie de rigurosos requisitos, la querella se opuso y pidió que se cumpla bajo la modalidad de encierro efectivo. Del mismo modo se expresó Edgardo Orellano, el padre de Carlos, cuando el juez le cedió la palabra.
Desde un primer momento los abogados querellantes Nicolas Vallet, Irina Picard y Salvador Vera, que representan a la familia de la víctima, sostuvieron que Carlos fue sacado a la fuerza del boliche por patovicas y policías, lo golpearon e introdujeron en una parte restringida al público (el baño donde aparecieron manchas de sangre) para después, ya inconsciente o muerto, arrojarlo al río.
La primera autopsia realizada en el Instituto Médico Legal (IML) detectó golpes y signos de violencia, pero ninguno con entidad suficiente para causarle la muerte, que en ese momento se calificó como “indeterminada”. Sin embargo ese preinforme será ampliado con otros estudios y exámenes complementarios más complejos que se realizan en la Morgue Judicial de la Nación.
Manipulado desde la comisaría
En la misma audiencia también quedaron comprometidos en la causa el jefe de la seccional 2ª, Pablo Alejandro B., y la sumariante de esa comisaría, Brenda L, que fueron convocados por el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy en relación a su desempeño el día del hecho.
A la sumariante, que estuvo de guardia el 24 y 25 de febrero, le recriminaron incumplir una instrucción que le dio la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien le ordenó recabar y secuestrar las cámaras ubicadas en la zona de La Fluvial. Es que redactar distintas solicitudes para concretar esa medida, la sumariante consignó erróneamente el 17 de febrero como fecha de los registros.
Además, no protocolizó la incompleta acta manuscrita que la policía Carina G. presentó en esa dependencia, donde daba cuenta de la caída del joven al agua. Esa sumariante fue la primera que tuvo contacto con la familiares y amigos de Orellano entre la noche del 24 y madrugada del 25 cuando concurrieron a la comisaría desesperados para pedir información.
Al comisario también le atribuyeron haber omitido cumplir en forma inmediata con lo dispuesto por la fiscal Piazza Iglesias, ya que a él también le solicitó vía telefónica secuestrar las cámaras de videovigilancia de la zona del boliche. El funcionario también rubricó incorrectamente las solicitudes con fecha 17 de febrero.
Y más grave aún, el martes 25 de febrero a la mañana, un día antes de que hallaran a Orellano en el río, en lugar de ir personalmente a buscar los registros de las cámaras del boliche, le pidió al dueño de River Mind que se las acercara, cuando la orden era que él debía custodiar esa evidencia fundamental, sobre todo ante la gravedad del caso.
Tres en libertad y uno esposado
Tras una serie de cuestionamientos de los defensores, Foppiani tuvo por formalizada la audiencia imputativa en los términos que la presentaron los fiscales. En relación a la situación cautelar, al único que le dictó una medida restrictiva es a Gabriel N., a quien le impuso 60 días de prisión preventiva efectiva. Fue el único de los imputados que salió esposado de la sala de audiencias.
A su pareja, Carina Laura G. le dictaron la libertad con reglas de conducta, como fijar residencia, firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ); prohibición de salir del país y de contacto con familiares de la víctima y testigos de la causa; prohibición de tener o portar armas.
Los dos policías dieron por lo menos seis versiones distintas y contradictorias en todo este tiempo. En algunos momentos dijeron que vieron a Carlos caminando, en otro que ni siquiera lo habían visto.
En relación al comisario de la seccional 2ª y la sumariante se dispuso la libertad con reglas de conducta por el término de ley, también fijar residencia, firma semanal ante la OGJ; prohibición de salir del territorio del país con y de contactar a los familiares de la víctima y testigos de la causa.
En una segunda audiencia que se celebró durante la tarde, el fiscal Saldutti solicitó un anticipo jurisdiccional de prueba, que consiste en una inspección y reconstrucción del hecho dentro del boliche. En esa medida podrán participar testigos que la madrugada del 24 de febrero vieron a Orellano en el lugar. El juez Foppiani autorizó la medida, que probablemente se realice la semana que viene.
Conformes
Consultado por Aire Digital sobre el resultado de la audiencia, el abogado querellante Salvador Vera se mostró conforme. Y analizó la importancia del acto judicial en virtud de las evidencias que muestran el “ocultamiento de la verdad y los datos falsos que se incorporan en documentos públicos”.
“La imputación tiene relevancia por falsedad ideológica de documento público. Los dos policías dieron por lo menos seis versiones distintas y contradictorias en todo este tiempo. En algunos momentos dijeron que vieron a Carlos caminando, en otro que ni siquiera lo habían visto, o que estaba sobre una baranda de un balcón del boliche”, amplió el abogado.
Según su evaluación, este paso procesal avala lo que sostenía la familia, “proyecta la investigación hacia el homicidio doloso y traslada la escena hasta el interior del boliche".
"Como policías G. y N. dieron versiones distintas en todo este tiempo, la familia de Orellano estaba indignada con la Fiscalía, porque no los imputaba, y había elementos para hacerlo. Ahora están más tranquilos y conformes con el paso que se dio", valoró Vera.
Te puede interesar
Dejá tu comentario