Por Germán de los Santos
La historia de Esteban Alvarado siempre fue un misterio, que a pocos días de las elecciones a gobernador se corporiza en la justicia rosarina como un fantasma.
Tanto en los tribunales y en la Policía como en el gobierno de Santa Fe creen que Alvarado es uno de los narcos más importantes de la provincia y que maneja una parte importante de la distribución de estupefacientes en Rosario. El problema es que no tiene una sola causa vinculada a la venta de drogas.
Tampoco tenía ningún antecedente relacionado al narcotráfico quien habría sido su exsocio, Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre de 2013 en el acceso sur de Rosario cuando iba con su joven novia Justina Pérez Castelli. Este crimen también siempre estuvo rodeado de un intenso misterio. No sólo por la computadora que con desesperación esa noche abrieron en el hotel City Center dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, sino porque nunca hubo ni siquiera un imputado por este asesinato.
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Esteban Alvarado fue detenido en febrero de este año
Ahora, en la Justicia de Rosario se reflotó el expediente del crimen de Medina y su novia. Esa causa estuvo a cargo de Alejandra Rodenas hasta que decidió renunciar a su cargo de jueza de instrucción en el viejo sistema procesal penal e incursionar en la política, que la llevó a ser en esta elección candidata a vicegobernadora en la fórmula con Omar Perotti.
El abogado Claudio Tavella aseguró a Aire de Santa Fe que “desconoce si en la causa hubo algún testimonio que aportó información nueva sobre ese homicidio”. Además, advirtió que en la época en que Medina fue asesinado Alvarado estaba preso en una cárcel de la provincia de Buenos Aires por robo de autos de alta gama.
Fuentes judiciales señalaron que un testigo de identidad reservada fue el que aportó datos que unen las dos historias, la de Alvarado y la del crimen de Medina. No hubo una ampliación de la imputación contra Alvarado.
Alvarado está preso desde el 2 de febrero pasado e imputado por el crimen del prestamista Lucio Maldonado, quien fue secuestrado el 11 de noviembre pasado de su casa en barrio La Tablada y apareció dos días después muerto en la colectora de la autopista Rosario-Buenos Aires, con un disparo en la cabeza y dos en la espalda. Junto al cuerpo había un cartel que decía “Con la mafia no se jode”. Por ese mensaje al principio la investigación se orientó hacia la banda de Los Monos, pero a las pocas horas los fiscales Matías Edery y Luis Schiappapietra se dieron cuenta que el objetivo del cartel era despistar.
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Lucio Maldonado fue asesinado en noviembre de 2018. Por el crimen está imputado y detenido Esteban Alvarado
En la investigación de ese homicidio surgieron sorpresas el 30 de noviembre pasado, cuando los investigadores realizaron 14 allanamientos, luego de que en una quinta de Alvarado en el paraje Los Muchachos se encontrara documentación sobre inmuebles y bienes que le pertenecerían. En un recibo de Direct TV figuraba una dirección en el Condominios del Alto, un complejo de edificios de alta gama que están cerca de la ribera del Paraná. Cuando los fiscales tocaron el portero atendió Javier Makhat, uno de los jefes de Drogas Peligrosas de la PDI. La sorpresa fue total. No iban a buscar a un jefe policial sino a un testaferro, pero se encontraron al primero.
El 3 de abril de 2013 el comisario Gustavo Pereyra, quien en ese momento estaba bajo la órbita de la Secretaría de Delitos Complejos, le envió un mail a sus jefes Andrés Ferrato y Ana Viglione en el que le advertía que “Makhat es un soldadito de Alvarado”. Gula Pereyra había investigado que Makhat en ese momento se había construido una casa en el country Puerto Roldán en un terreno que le había donado Alvarado y figuraba en el boleto de compra venta con un monto insignificante de 300.000 pesos. Pero Makhat no estaba solo en ese tipo de operación. Otros dos policías habían adquirido terrenos donados por Alvarado. En el mail Gula escribió los nombres de “Di Franco y Chino Paz”, este último aún en actividad en Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.
Ninguno de los policías investigados por Pereyra en esa secretaría que se creó tras la detención de Hugo Tognoli fue denunciado. El que sí fue detenido fue Gula Pereyra, a quien acusaron en la causa de Los Monos de dar información a los narcos sobre los policías. Pereyra fue absuelto y denunció a Viglione y a Ferrato por falso testimonio, una causa que en pocos meses llegará a juicio. ¿Viglione tenía la orden de no investigar a Alvarado?
El testimonio del testigo de identidad reservada que habría aportado nuevos datos en la justicia dijo -según las fuentes judiciales- que Medina y Alvarado se dividían las zonas para la venta de drogas. No dijo nada revelador. Sugirió que el crimen de Medina se debió a un conflicto por ese tema.
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La nota que apareció junto al cuerpo de Lucio Maldonado
Tras el crimen de Medina ocurrieron una serie de hechos sugestivos, que siempre estuvieron teñidos con sangre. En el imaginario criminal sigue intacto el mito, nunca investigado, de que uno de los sicarios que mató a Medina fue Darío “Oreja” Fernández, que firmaba sus crímenes de una manera muy perversa: disparaba todo el cargador de su 9 mm en un solo lugar de la víctima, lo que provocaba que le hiciera un agujero en el cuerpo.
Oreja era primo de Emanuel Sandoval, quien en un juicio abreviado, luego de que Antonio Bonfatti retirara su imputación, admitió haber disparado contra el frente de la casa del ex gobernador en octubre de 2013.
El cuerpo de Fernández apareció en un descampado en el norte de Rosario con síntomas de haber sido salvajemente torturado. A su cabeza le faltaban dos orejas. Esas orejas habrían formado parte de otro mensaje mafioso, pero el receptor nunca lo confirmó.
Cinco meses después fue asesinado Gustavo Pérez Castelli, el padre de la novia de Medina. A este hombre que tenía un carribar muy conocido en la avenida Circunvalación también le arrancaron una oreja, como mensaje mafioso.
Otro misterio del crimen de Medina no fue sólo esa notebook que se abrió en el hotel City Center, para lo cual fueron llamados dos especialistas del gobierno como Javier Echaniz y Martín Degrati, a quien la fiscalía de Rosario desistió de investigar. Un peritaje de Gendarmería indicó que no se borraron archivos. Pero sí se miró qué había. La denuncia que hicieron en su momento los diputados del Movimiento Evita Gerardo Rico y Eduardo Toniolli nunca avanzó.
El que estuvo esa noche en el hotel con la computadora de Medina frente a sus narices fue el jefe de Investigaciones de la Policía Guillermo Morgans, un hombre de confianza del gobierno en ese momento. Morgans fue asesinado el 10 de junio de 2014 a la siesta en el local Pago Fácil que era de su hijo en pleno centro de Rosario, en Rodríguez al 200. Nunca hubo un solo imputado en este asesinato. Y lo más llamativo, los ladrones que remataron de un tiro en la nuca a Morgans no robaron un solo peso.
Otra incógnita de esta trama, con nombres propios y muchas sombras, es el rol de la jueza María Luisa Pérez Vara, quien ese 29 de diciembre de 2013 estaba de turno, como lo había estado en octubre cuando fue el atentado a Bonfatti. Pero la magistrada nunca atendió el teléfono la noche del crimen de Medina. La llamaron 11 veces.
Un día después del asesinato de Medina, Bonfatti firmó la renuncia de la jueza por jubilación. Fue el expediente 4613. La magistrada podía tomarse todas las vacaciones que quisiera. Pero el 18 de diciembre el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre había presentado un pedido de juicio político contra la jueza, que por los resultados no fue tomado en cuenta. Pérez Vara fue condenada en mayo de 2017 a un año de prisión en suspenso por “incumplimiento de funcionaria pública”.
María Luisa Pérez Vara, la jueza que nunca atendió el teléfono
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