El pasado 15 septiembre el juez de la convocatoria de acreedores de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, rechazó la homologación de la propuesta de acuerdo con los acreedores que había presentado el grupo y ordenó el inicio del proceso de “salvataje” (cramdown).
Fabián Lorenzini, rechazó la homologación de la propuesta de acuerdo con los acreedores que había presentado el grupo y ordenó el inicio del proceso de “salvataje” (cramdown).
En tal sentido, el diputado santafesino e integrante de la comisión de seguimiento de Vicentin, Carlos Del Frade, reclamó al Banco Nación que presente su oferta para el salvataje y el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
“¿Por qué no homologó el acuerdo? Porque no cumplía con los requisitos legales. a) Colocaba sobre las espaldas de los acreedores un peso muy grande que significaba un abuso que la ley prohíbe; y b) No había nada escrito que comprometa a Vicentin o a los inversores a mantener las fuentes de trabajo de Avellaneda”, escribió el juez civil y comercial número 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, sobre la situación actual de la empresa”, recordó Del Frade.
A su vez, aclaró que “a pesar de la contundente afirmación sobre que no hay nada que garantiza la continuidad laboral de las plantas en Avellaneda, en las últimas semanas hubo banderazos, misas contra “los malignos”, movilizaciones, abrazos simbólicos al poder judicial y marchas “en defensa de Vicentin” con consignas que hablan de que “los sospechosos de siempre vuelven a la carga”.
El legislador hace referencia a una marcha que se realizó en la ciudad de San Lorenzo este martes y a la manifestación que se concretará este jueves en Avellaneda. Será en ruta 11 y calle 21.
“Vicentin nos recuerda que, si los ciudadanos bajamos la guardia, tarde o temprano nos pasan por encima”, destacó Del Frade y denunció que “la angustia de las y los trabajadores es usada por intereses más vinculados a los que vaciaron el consorcio que a los que pusieron su capacidad por más de noventa años en convertir a la firma en el primer exportador de la Argentina. Resulta ilógico que se defienda a quienes no van a mantener las fuentes laborales”.
Para Del Frade “es imprescindible que el Banco Nación haga de una buena vez su propuesta para el salvataje del grupo y aleje el miedo a perder las fuentes laborales” y remarcó que es fundamental dejar expresado que “la situación de la empresa es responsabilidad de un grupo de directivos que desde adentro vaciaron el grupo, fugaron millones de dólares, contrajeron deudas ante 1.268 acreedores por más de 1.600 millones de dólares con la complicidad de funcionarios del Banco Nación y del Central durante la administración de Mauricio Macri como quedó claramente establecida en la investigación del fiscal Policita presentada en julio de 2020”.
“Que uno de los principales imputados por estafas reiteradas como Omar Scarel impulse misas y movilizaciones en defensa de Vicentin es una pieza llamativa en el mundo del revés: él está libre porque junto a otras dieciséis personas pagaron una caución de diez millones de dólares por los delitos de estafas reiteradas”, indicó el ex comunicador.
El diputado calificó de “vital” la recuperación del comercio exterior de granos y traer los 791 millones de dólares. “Es cruel la utilización de la desesperación de la gente a favor de los intereses que vaciaron Vicentin”, sostuvo.
La mirada de un sector de los trabajadores de Vicentin
Por su parte, Roberto Merlo, trabajador de Vicentin opinó que el acuerdo al que había llegado el grupo con los acreedores “parecía muy viable. Sorpresivamente, fue rechazada por la justicia. Vicentin apeló y la apelación también fue rechazada. Ahora la empresa está en proceso de rescate, que para resolverse hay muy poco tiempo. Si no aparee una propuesta superadora se declararía la quiebra y con ella la extinción de los puestos de trabajo”.
El representante de los empleados reconoció que el actual “no es el escenario que esperábamos” y contó: “Hace cuatro años que estamos traccionando para poder seguir trabajando y la luz al final del túnel venía con el acuerdo de Vicentin con los acreedores y empresas de primera línea se iban a hacer cargo de la empresa en unos años. Esa es la propuesta que rechaza el juez, que era la más conveniente, sobre todo para los trabajadores”.
Por último, advirtió que el proceso de cram down “es de incertidumbre y no sabemos si habrá otras propuestas. Nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo”.
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