Un nuevo clima se instaló en la Casa Rosada. La posibilidad de contar con la vacuna contra el coronavirus a fin de año, el fallo de la Corte Suprema sobre el traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y la caída de la cotización del dólar blue durante la última semana cambiaron el humor del Gobierno que, tras varias jornadas de tensión interna, ve ahora el futuro próximo con mayor expectativa.
Confiado en ello, el presidente Alberto Fernández decidió dar fin a la cuarentena en el área metropolitana –que, en los hechos, ya terminó hace tiempo- para pasar a la etapa del Distanciamiento Obligatorio (DISPO). Este pasaje permitirá la apertura de nuevas actividades y la flexibilización de otras que actualmente siguen cerradas. Para Fernández, lo peor de la pandemia ya pasó, al menos por este año; para evitar una segunda oleada de rebrotes como la que azota en Europa, ordenó apurar los precontratos con los laboratorios proveedores de la vacuna: el objetivo es vacunar a 30 millones de personas antes del próximo invierno, anticiparon en el Ministerio de Salud.
Con ese objetivo, Fernández anticipó que la Argentina contaba con la posibilidad de acceder 25 millones de vacunas rusa Sputnik V. El anuncio desató una fuerte polémica y muchas dudas, sobre todo en la oposición: esta vacuna, como el resto de las más avanzadas, aún no superó la fase 3 de prueba. Ante la incertidumbre generalizada, y luego de varias dudas sembradas por el propio Gobierno, la secretaria de Acceso a la Salud, Carlas Vizzotti, aclaró que ninguna vacuna contra el coronavirus será obligatoria. Además, indicó que el Estado no sólo evalúa la compra de la vacuna rusa sino que también analiza ofertas de otros laboratorios, como el de AstraZéneca.
“Hasta que no terminen la fase 3 de prueba y tengan los avales internacionales y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), no vamos a aplicar ninguna dosis a nadie”, aseveró Vizzotti.
Llega el FMI
Fernández confía en dar pronto una vuelta de página al problema de la pandemia para encarar las asignaturas pendientes de la gestión, que no son pocas. Este mes arribará al país una nueva misión del FMI, con la que el ministro de Economía Martín Guzmán pretende acelerar la renegociación de la deuda pendiente con ese organismo. Esta nueva misión vendrá con un reclamo: recortar aún más el gasto público el año próximo si se pretende que esa renegociación arribe a buen puerto. En el presupuesto 2021 el Gobierno ya dispuso recortar el gasto con la eliminación de las partidas extraordinarias destinadas a paliar los efectos de la pandemia. El FMI quiere un recorte adicional para reducir el rojo del 4,5% previsto en el presupuesto 2021 al 3%. Para eso, se evalúa incluir aumentos de tarifas, una reforma tributaria y un cambio en la ley de movilidad jubilatoria.
Estos temas dominarán la agenda legislativa del Congreso hasta fin de año. Los proyectos todavía no fueron enviados por el Poder Ejecutivo pero anticipan una fuerte discusión entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.
El Gobierno recibió como un guiño el fallo de la Corte Suprema por el que se dispuso que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia permanecerán en sus cargos temporariamente, solo hasta que culminen nuevos concursos para ocupar sus vacantes. Sin embargo, el fallo no satisface del todo las expectativas que tenía la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya que ambos camaristas –que la investigaron en distintas causas de corrupción- podrían permanecer en sus puestos por un buen tiempo más si se considera que cada concurso le insume al Consejo de la Magistratura al menos dos años.
Luego del fallo de la Corte Suprema por los jueces Bruglia y Bertuzzi, ahora Alberto Fernández espera otro: el que debe definir el máximo tribunal sobre el decreto que le sustrajo 1,8% de coparticipación a la Ciudad.
En la Corte aseguran que es el próximo fallo en llegar y que favorecería en gran medida a la Ciudad, es decir a Horacio Rodríguez Larreta, el dirigente de mejor imagen en Juntos por el Cambio. A sabiendas de lo que se viene, el Presidente le hizo llegar un mensaje a los gobernadores de que quiere modificar el pacto fiscal de Mauricio Macri de 2017, suspendido por la emergencia de diciembre último; para acceder a los beneficios tributarios que traería aparejado este nuevo pacto fiscal, los gobernadores deberían renunciar a cualquier reclamo judicial contra el Estado. Un tiro por elevación a Rodríguez Larreta, que ya anticipó que no negociará con el Gobierno.
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