La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe encabezó una audiencia en la que convocó a la Defensa Pública, al Ministerio Público de la Acusación y a los Servicios Penitenciarios provincial y federal para escuchar el posicionamiento institucional respecto de la grave situación de hacinamiento en el Complejo Penitenciario N° 11 de Piñero. Dicha cárcel tiene casi 700 personas más que las permitidas judicialmente (hay 2.093 sobre un cupo de 1.426) producto de un aumento de la población carcelaria que viene creciendo a ritmo sostenido desde 2007 (se estimó el aumento a razón de una persona cada dos días).
Preocupa el hacinamiento de presos y detenidos en la cárcel de Piñero.
Es la primera vez que el máximo tribunal provincial abre sus puertas a una audiencia pública respecto a esta problemática. En el encuentro, las autoridades penitenciarias nacionales y provinciales quienes informaron sobre el estado actual de situación, como así también explicaron las acciones y políticas adoptadas para su solución.
Por su parte, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Jaquelina Balangione, hizo formulaciones críticas sobre dicho informe, destacó que la sobrepoblación es por todos reconocida y se explayó con un diagnóstico diferente y más severo. También reclamó políticas públicas que no sólo se concentren en el servicio penitenciario sino que aborden las causas del aumento de presos y al propio tiempo reduzcan la cantidad de personas privadas de su libertad. En particular, sostuvo que en el complejo penitenciario existe un hacinamiento muy superior en comparación con otros de la provincia, por lo que habló de "hacinamiento selectivo".
La funcionaria advirtió que "mientras aumentó groseramente el número de presos, no aumentó la cantidad de personal, ni de médicos, ni de asistentes sociales, ni se agregaron plazas". Precisó que la superpoblación en dicho establecimiento es del 55% y que, según criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que supere el 120% se considera superpoblación crítica e implica incumplimiento del art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Finalmente, la Defensa Pública solicitó al Máximo Tribunal de la Provincia de Santa Fe que asuma la cuestión como propia y exhorte a los Poderes Ejecutivo Provincial y Nacional, al Poder Legislativo Provincial y a los jueces penales "para que cada uno desde su esfera de incumbencia tomen cartas en el asunto y otorguen respuestas para afrontar la problemática".
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