El proyecto crea un programa con financiamiento propio para mejorar caminos rurales y fortalecer la producción y el acceso a servicios.
El debate legislativo en la provincia de Santa Fe suma un nuevo capítulo con el tratamiento en el Senado de Santa Fe de un proyecto que busca jerarquizar por ley el “Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad”.
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El debate legislativo en la provincia de Santa Fe suma un nuevo capítulo con el tratamiento en el Senado de Santa Fe de un proyecto que busca jerarquizar por ley el “Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad ”, una iniciativa orientada a mejorar la infraestructura vial en zonas rurales y fortalecer el desarrollo productivo.
La propuesta plantea la creación formal del programa en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con el objetivo de conformar un sistema de asistencia técnica y económica destinado, principalmente, al mejorado y mantenimiento de caminos rurales. La iniciativa apunta a ordenar y potenciar una política pública que ya se implementa desde 2020 mediante un decreto del Poder Ejecutivo, pero que ahora busca consolidarse con rango de ley.
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El proyecto establece como beneficiarios a amplios sectores vinculados a la ruralidad: estudiantes, docentes, personal de escuelas y centros de salud, así como productores, PyMES, tambos y actividades agroalimentarias. La intención es garantizar mejores condiciones de transitabilidad en territorios donde los caminos son clave tanto para la producción como para el acceso a servicios básicos.
Uno de los puntos centrales es el financiamiento. La iniciativa prevé la creación de una partida específica dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo, equivalente al 1,20% de lo recaudado el año anterior por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A esto se sumarían aportes de rentas generales, fondos nacionales, donaciones y eventuales créditos, lo que busca asegurar previsibilidad y continuidad en las obras.
En cuanto a la implementación, el texto propone un esquema articulado entre distintas áreas del Estado. El Ministerio de Desarrollo Productivo será la autoridad de aplicación, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad. Además, se prevé la realización de relevamientos técnicos para definir prioridades, diseñar trazas viales y establecer los llamados “puntos de conectividad”, es decir, los nodos estratégicos que garanticen mayor impacto territorial.
El rol de los municipios y comunas será clave: actuarán como ejecutores de las obras a través de aportes no reintegrables que cubrirán insumos y materiales. Para ello, deberán suscribir convenios específicos con la Dirección Provincial de Vialidad, que tendrá a su cargo la evaluación técnica de cada intervención.
El proyecto también incorpora la obligatoriedad de estudios de impacto hídrico, en línea con la normativa vigente, para evitar efectos negativos sobre el ambiente, las cuencas y la salud pública. Este punto busca prevenir problemas históricos vinculados a obras mal planificadas en zonas rurales.
Otro aspecto relevante es la creación de una comisión bicameral de seguimiento, integrada por representantes del Ejecutivo y de ambas cámaras legislativas. Este organismo deberá reunirse trimestralmente para evaluar la ejecución del programa y el uso de los fondos.
En los fundamentos, el impulsor –el senador Alcides Calvo- destaca que la iniciativa responde a la necesidad de consolidar políticas de infraestructura que favorezcan el arraigo rural, mejoren la competitividad productiva y promuevan un desarrollo territorial equilibrado. Además, subrayan el respaldo de intendentes y jefes comunales, que valoran positivamente la implementación del programa en su formato actual.
El tratamiento del proyecto en el Senado abre ahora una nueva etapa en la discusión legislativa, con el desafío de lograr consensos para dotar de estabilidad a una herramienta considerada estratégica para el desarrollo económico y social del interior santafesino.
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