La Legislatura provincial aprobó una reforma que redefine autoridades, elimina sanciones y refuerza la prevención y los protocolos contra la violencia laboral.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves una reforma integral a la Ley Nº 14.371, que regula la prevención y erradicación de las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, tanto en el ámbito público como privado.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, introduce cambios estructurales en la norma vigente, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, abordaje y acompañamiento a las víctimas, en línea con los estándares del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En primera instancia, fue aprobado por Diputados desde donde se giró rápidamente al Senado, donde recibió la sanción definitiva.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de la autoridad de aplicación. A partir de ahora, la competencia se divide según el ámbito donde ocurra el hecho: la Defensoría del Pueblo intervendrá en los casos del sector público provincial y municipal, mientras que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social lo hará en el sector privado, cualquiera sea la modalidad de contratación.
La norma sancionada también refuerza el enfoque preventivo. Se amplían las funciones de la autoridad de aplicación, que deberá garantizar inspecciones preventivas, campañas de sensibilización, capacitaciones obligatorias y políticas de igualdad y no discriminación, con perspectiva de género y derechos humanos. Además, se incorpora la obligación de dictar un Protocolo Integral de Actuación, que fije estándares mínimos de accesibilidad, confidencialidad, gratuidad y abordaje interdisciplinario para las denuncias.
Otro cambio relevante es la eliminación del régimen sancionatorio y del sistema de certificación de empresas. La reforma deroga el capítulo de sanciones, el certificado de “Empresa Libre de Violencia y Acoso Laboral” y los beneficios asociados, disposiciones que habían sido objetadas previamente por el Poder Ejecutivo mediante un veto parcial por falta de precisión legal.
En su lugar, el nuevo esquema prioriza la prevención, la detección temprana y la reparación de derechos vulnerados.
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La ley modificada también redefine el funcionamiento del Equipo de Abordaje Integral de las Violencias, que continuará siendo el órgano encargado de la recepción, contención y acompañamiento de los casos, pero ahora bajo la órbita de la autoridad de aplicación correspondiente según el sector. Asimismo, se amplía la legitimación para denunciar: cualquier persona que sea víctima, testigo o que tenga conocimiento de una situación de violencia o acoso laboral podrá presentar una denuncia.
Finalmente, se dispone la creación de un Registro Provincial sobre Violencias y Acoso en el Mundo del Trabajo, con funciones estadísticas, de monitoreo y de elaboración de informes públicos, desagregados por género y sector de actividad, para contar con un diagnóstico actualizado sobre la problemática en la provincia.
Luego de la sesión, en diálogo con AIRE, la diputada Lucila De Ponti (PJ) resaltó que “los cambios que realizamos a la ley para prevenir y erradicar la violencia en el mundo del trabajo tienen que ver con poder poner en funcionamiento las mejores herramientas que tiene el Estado Provincial para una correcta implementación de la ley” y advirtió que “se le da un rol mucho más protagónico a la Defensoría del Pueblo como autoridad de aplicación para todas las denuncias que tienen que ver con los hechos que ocurran en el ámbito público, mientras el Ministerio de Trabajo sigue siendo quien participa cuando esto sucede en el sector privado”.
Asimismo, la legisladora destacó que “se sostienen herramientas que son fundamentales, como el registro de situaciones de violencia, que nos permite generar evidencias y datos para mejorar y darle más calidad a las políticas públicas, y se obliga a la provincia a crear un protocolo de actuación para poder dar certidumbre de cómo se interviene en estas situaciones”.
“Esta es una ley que, si bien fue sancionada antes de la reforma constitucional, está estrictamente alineada con lo que establece el artículo 23 de la nueva Constitución, que es el que garantiza y declara los derechos vinculados al trabajo y donde se incorpora también la obligación de la provincia como Estado de poder prevenir y erradicar todo tipo de situaciones de violencia para garantizar ambientes de trabajo que sean saludables y que estén cuidados”, concluyó De Ponti.
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