La Legislatura de Santa Fe dio sanción definitiva al Presupuesto 2026 y la ley Tributaria. Además, se prorrogó la emergencia en seguridad y se creó el sistema público de conectividad.
Este jueves, en la segunda sesión extraordinaria de la Legislatura de Santa Fe, se abordaron cuestiones de trascendencia institucional y política.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalEste jueves, en la segunda sesión extraordinaria de la Legislatura de Santa Fe, se abordaron cuestiones de trascendencia institucional y política.
En cuanto a la Cámara de Diputados, en primer término, se dio sanción definitiva a la ley Tributaria. Se trata de una norma que, según detallan desde el oficialismo, da “alivio fiscal y descuentos” y destacan que se aplica “sin aumento de alícuotas”. Además, se establece una batería de beneficios orientados a aliviar la carga fiscal de familias, comercios, pymes y sectores productivos estratégicos.
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Entre las medidas de alcance general, el proyecto fija una actualización del 14% en el impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. Para el segundo semestre de 2026, se habilita un nuevo ajuste atado a indicadores económicos: en el caso del Urbano, según la evolución promedio del IPC y el RIPTE, y para el Rural, de acuerdo con los precios mayoristas agropecuarios.
La iniciativa refuerza los incentivos al contribuyente cumplidor, que podrá acceder a un descuento del 33% en el Inmobiliario, porcentaje que se eleva hasta el 56% si se opta por el pago anual contado. Además, quienes adhieran al débito automático obtendrán un descuento final del 43%. Para el pago total anual del Inmobiliario y la Patente, la bonificación será del 35%.
Por otro lado, la Cámara de Diputados, en primer término, y la Cámara de Senadores, en segunda instancia, dieron sanción al Mensaje del Ejecutivo que plantea una prórroga a la emergencia en seguridad en Santa Fe en materia de recursos humanos de las fuerzas de seguridad e incluye a los recursos humanos de las fuerzas de seguridad comprendidos en el escalafón del personal Policial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, con los alcances específicos en esta materia previstos en la Ley 14237. Dicha prórroga es por el plazo de 12 meses y se podrá prorrogar por otros 12 meses por única vez.
Haber de retiro: la ley aplicable a los beneficios jubilatorios del personal reincorporado al servicio efectivo o que se reincorporen a partir de la vigencia de la presente con los alcances previstos en los artículos precedentes, se determinará de conformidad a la ley vigente a la fecha del primer cese de la prestación de servicios.
A los fines del cálculo del haber de retiro se computarán los nuevos servicios prestados acorde a la situación de revista al momento del cese en el marco del presente régimen, pudiendo incrementar su porcentual, si hubieran obtenido ascenso durante este período.
Asimismo, se crea una comisión de seguimiento del Estado de Emergencia que estará integrada por tres diputados y tres senadores, nominados por simple mayoría de cada Cámara y sujetos a remoción por idéntico procedimiento. Funcionará con un quórum de tres miembros.
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También se prorrogan los artículos 12, sobre suplementos afectaciones, que señala que durante la vigencia del Estada de Emergencia Pública los órganos alcanzados por la presente ley se encuentran autorizados a otorgar asignaciones y/o suplementos, conforme sus posibilidades presupuestarias, a quienes se desempeñen en funciones caracterizadas fundadamente como críticas y/o a afectar en forma transitoria o definitiva a personal que se desempeñe en cualquiera de los órganos del Estado Provincial para realizar tareas de apoyo administrativo;
El artículo 13, que versa sobre la reincorporación del personal retirado. Al respecto, se precisa que el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para convocar personal retirado de las fuerzas de seguridad a reincorporarse al servicio activo. La retribución que recibirán será equivalente al doble del importe que perciban en su calidad de retirados, no rigiendo al respecto ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en el artículo 57 de la Ley N° 6830 durante ese período. El Poder Ejecutivo debe confeccionar la nómina del personal a convocar, no existiendo un derecho a favor del personal retirado a ser convocado por fuera de dicha nómina.
También se prorroga el artículo 14, que expresa que en ningún caso puede reintegrarse al servicio a personal de la Policía de la Provincia que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la Administración Pública Provincial y/o Nacional o se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena.
Y también el 15, sobre la reincorporación del personal retirado. Sobre este punto se establece que el personal de las fuerzas de seguridad que hubiera sido reincorporado conforme lo establecido en los artículos precedentes y hubiere permanecido en el servicio activo por un plazo mayor a dieciocho (18) meses demostrando un desempeño ejemplar en el ejercicio de sus funciones, podrá obtener un ascenso extraordinario de un grado en la escala respecto de la que ostentaba cuando se concretó su reincorporación. El Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento para obtener dicho ascenso.
Por otro lado, Diputados aprobó la autorización al Poder Ejecutivo - Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, en el marco de las previsiones del inciso 12 del artículo 90 de la Constitución Provincial y del artículo 13 de la Ley N° 14.235, a otorgar las licencias que correspondan de conformidad con el procedimiento de selección de licenciatarios previsto en el pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para el otorgamiento de licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia de Santa Fe.
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Luego, la Cámara baja dio sanción definitiva al proyecto de ley que crea el Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, denominado Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica, una iniciativa que el Ejecutivo define como “eje vertebral y piedra fundacional” para consolidar a la provincia como referente en innovación tecnológica, desarrollo territorial equitativo y garantía de los derechos digitales.
La iniciativa se apoya en la reciente reforma constitucional provincial, que ubicó a Santa Fe “a la vanguardia del derecho público argentino” al consagrar el acceso a la conectividad y a la infraestructura tecnológica como un derecho humano fundamental. En ese sentido, la fundamentación del proyecto remarca que el artículo 28 de la Carta Magna no constituye una mera declaración de principios, sino que impone al Estado una obligación positiva: adoptar medidas concretas para eliminar las brechas digitales y asegurar un acceso universal, equitativo, asequible y continuo.
El texto también recupera lo establecido en el artículo 29 de la Constitución provincial, que obliga a proteger los datos personales y garantizar la transparencia y auditabilidad de los sistemas algorítmicos, sentando las bases de una gobernanza digital ética y centrada en las personas. “Este proyecto de ley es la herramienta estratégica diseñada para materializar estos derechos constitucionales en el territorio santafesino”, sostiene la fundamentación.
Uno de los ejes centrales de la norma es la preservación y gestión eficiente de la infraestructura desplegada a través del programa “Santa Fe + Conectada”, que permitió tender cerca de 4.500 kilómetros de fibra óptica troncal, conectando a todas las localidades de la provincia, con una inversión que superará los 87 millones de dólares. Desde el Ejecutivo advierten que esta red constituye “el sistema nervioso digital de la provincia” y que su magnitud exige un modelo de operación y mantenimiento sostenible, con costos estimados en más de 4,3 millones de dólares anuales.
Por último, los diputados aprobaron un proyecto de declaración –impulsado por la legisladora Claudia Balagué- por el cual declara su profunda preocupación y enérgico rechazo ante las manifestaciones de violencia, tanto simbólica como material, que deterioran la convivencia democrática y fomentan climas de intolerancia, perpetradas contra el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) y el Templo Masónico de la ciudad de Santa Fe.
Por su parte, el Senado de Santa Fe dio sanción definitiva el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un esquema de equilibrio fiscal, un fuerte ahorro corriente y una marcada prioridad en seguridad, educación, salud, infraestructura productiva y obras públicas.
Según informó el Gobierno provincial, el presupuesto para el próximo año contempla recursos totales por $14,13 billones y gastos estimados en $14,12 billones, lo que arroja un equilibrio técnico financiero de $6.911 millones. En paralelo, se proyecta un ahorro de $1,75 billones, que permitirá financiar el 91,7% de los gastos de capital previstos para el ejercicio.
Al igual que en el Presupuesto 2025, el Ejecutivo mantiene los ejes centrales de su gestión, con una asignación prioritaria de fondos para áreas consideradas estratégicas. En ese marco, la seguridad vuelve a ocupar un lugar central, con una inversión prevista de $1,66 billones, lo que representa un incremento del 45% respecto del año en curso.
De ese total, $1,5 billones estarán concentrados entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Unidad Ejecutora correspondiente. Entre las principales obras previstas se encuentra la finalización de dos estaciones policiales actualmente en construcción y el inicio de cuatro nuevas, dos en la ciudad de Santa Fe y dos en Rosario. Además, continuará la edificación de unidades penitenciarias de alto perfil en Piñero, incluido el complejo conocido como “El Infierno”, junto con nuevos módulos y la construcción de un nuevo complejo penitenciario en Rosario, sobre avenida Las Palmeras.
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También se proyecta la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 5, el Centro de Entrenamiento de las TOE y un nuevo edificio para la Central de Atención a la Emergencia 911 en Rosario. En materia de prevención de adicciones, el presupuesto destina $18.576 millones a la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD). En agenda de la Cámara alta aparece también el tratamiento del Mensaje N° 51 que incluye la ley orgánica de Municipios, cuyos cambios están relacionados con el contenido de la reforma constitucional.
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