Santa Fe: sin consenso, se empantana la ley para prohibir cuidacoches
Aunque las respuestas públicas de legisladores y legisladoras son, en su mayoría, prudentes y similares, puertas adentro el diagnóstico es otro: no hay acuerdo suficiente para avanzar en el corto plazo. Radicales y socialistas —socios centrales de la coalición de gobierno— mantienen diferencias sobre cómo abordar la problemática, lo que dilata el debate en comisiones.
La situación quedó expuesta en la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el radical Martín Rosúa, donde el tema generó discusiones intensas y evidenció el escepticismo de algunos sectores. Desde el PRO, en tanto, advierten sobre la complejidad de sancionar una ley de estas características.
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En ese marco, en la Cámara de Diputadas y Diputados se resolvió avanzar con una instancia de consultas a funcionarios locales.
Desde el socialismo insisten en la necesidad de contar con datos concretos antes de avanzar: cantidad de personas que ejercen la actividad en cada ciudad, relevamientos municipales y metodologías de registro.
En ese marco, se resolvió avanzar con una instancia de consultas a funcionarios locales. En principio, se convocará a los secretarios de control y tránsito de ciudades como Santa Fe, Rosario y Rafaela, donde la problemática tiene mayor visibilidad.
Referentes del oficialismo reconocen que estas diferencias internas son el principal factor que demora el tratamiento.
Un proyecto que ya tiene media sanción del Senado
El Senado provincial ya aprobó la iniciativa, que modifica el Código de Convivencia e incorpora el artículo 66 bis para penalizar la actividad de cuidacoches sin autorización. El proyecto, establece sanciones para quienes ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar o limpiar vehículos en la vía pública.
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El proyecto aprobado en el Senado asigna a los municipios un rol central en la aplicación de la norma.
La norma define como infracción cualquier actividad vinculada al cuidado de vehículos realizada a cambio de una retribución económica —voluntaria o no— en espacios donde esté prohibida por normativa local. Además, prevé un esquema progresivo de sanciones que incluye trabajo comunitario, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares y, en casos de reincidencia, arresto.
También contempla agravantes, como situaciones de violencia, actuación en zonas sensibles o en eventos masivos, y la posible organización de la actividad por grupos, lo que puede elevar las penas.
Control municipal y enfoque social
El proyecto aprobado en el Senado asigna a los municipios un rol central en la aplicación de la norma. Serán los encargados de iniciar actuaciones, intervenir en los casos de infracción y coordinar con las fuerzas de seguridad para hacer cesar la actividad en la vía pública.
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Al mismo tiempo, la iniciativa incorpora un enfoque social complementario, que prevé políticas de inclusión para las personas que actualmente desarrollan esta actividad. Entre las medidas se contemplan programas de capacitación, intermediación laboral, abordajes en salud mental y acciones vinculadas a consumos problemáticos.
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