Con el respaldo del Gobierno provincial, diputados del oficialismo impulsan una profunda reforma al Código Procesal Laboral de Santa Fe. (imagen ilustrativa)
Con el respaldo del Gobierno provincial, diputados del oficialismo impulsan una profunda reforma al Código Procesal Laboral de Santa Fe. La iniciativa busca corregir distorsiones estructurales que hoy sitúan a la provincia muy por encima de la media nacional en cantidad de juicios, afectando directamente la competitividad del sector privado y la generación de empleo genuino.
El diagnóstico que motiva este cambio legislativo es contundente. Según datos aportados por los autores del proyecto, mientras la media nacional es de 62 juicios por cada 10.000 trabajadores, Santa Fe registra una tasa de 148, duplicando incluso los números de Córdoba (68), una provincia con un perfil productivo similar.
La reforma se asienta sobre cuatro pilares que buscan dotar de objetividad y celeridad al sistema:
Para avanzar con el debate del proyecto, este miércoles en Diputados habrá dos reuniones de comisión: en primer lugar, a las 13, se reunirá Asuntos Laborales, donde se recibirá a representantes de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario y Asociación Peritos Médicos Legistas, para dialogar e intercambiar opiniones respecto al funcionamiento del fuero laboral santafesino; luego, a las 14, se reunirá la comisión de Industria y Comercio, donde se recibirá a los miembros de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y a los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión.
El diputado Martín Rosúa (UCR), coautor del proyecto, advirtió que el actual entramado de litigiosidad genera un sobrecosto millonario para la producción santafesina. "El sector privado de Santa Fe está perdiendo 100 millones de dólares anuales en concepto de primas de ART por encima de la media nacional", explicó el legislador.
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Rosúa fue tajante al comparar la situación local con distritos vecinos: "Tenemos la misma cantidad de siniestros que Córdoba, pero el doble de juicios". Según su análisis, esta brecha es la que encarece las primas de las ART, que en Santa Fe promedian los 4 puntos frente al 2,70 nacional. "Esos 100 millones de dólares no van al empresario ni al trabajador; se pierden en un entramado que hay que desarmar", enfatizó.
Por su parte, el diputado Mariano Cuvertino (Socialismo), presidente de la comisión de Industria y Comercio, coincidió en la necesidad de un enfoque sistémico. Respecto a la modificación en los honorarios de los auxiliares de justicia, Cuvertino sostuvo que "no pueden estar determinados por el resultado de la sentencia judicial", ya que esto genera un interés contrapuesto con la búsqueda de la verdad objetiva.
La reforma, que entraría en vigencia plena sobre el sistema pericial el 1 de febrero de 2026, no busca recortar derechos, sino "ordenar los incentivos". El objetivo estratégico es claro: que el trabajador que tiene un derecho legítimo cobre rápido y de manera justa, mientras se desalientan las pretensiones que los legisladores definen como parte de la "industria del juicio".
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Para los impulsores de la norma, este es el primer paso de un camino que deberá incluir también la unificación de tasas de interés judicial y la mejora de los procesos administrativos, emulando el modelo cordobés que logró bajar su litigiosidad en un 77%.
Desde una perspectiva crítica, el diputado Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) adelantó su rechazo a la iniciativa, argumentando que el proyecto oficialista no aborda el problema de fondo. Según el legislador, el reclamo de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) responde exclusivamente a una lógica de costos corporativos: "Las corporaciones que nuclean a las aseguradoras marcan el aumento de la litigiosidad, pero lo cierto es que esos juicios, en su gran mayoría, tienen su origen en la continuidad de los accidentes laborales", sostuvo.
Para Del Frade, la reforma es una respuesta a las consecuencias y no a las causas del sistema. "Se trabaja sobre el epifenómeno, sobre lo perimetral, en lugar de centrarse en el núcleo: las condiciones socioambientales de producción y la exigencia de condiciones laborales dignas", afirmó. En este sentido, el diputado calificó de "perverso" el sistema actual, asegurando que a las empresas "no les interesa tanto la salud de los trabajadores, sino lo que representan numéricamente para sus balances".
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"Esta reforma es institucionalizar una mayor ganancia y una mayor rapidez para que las ART logren ese lucro. En ningún momento se va al problema de fondo, que es cuidar la vida de quien produce la riqueza: el trabajador", sentenció Del Frade.
Finalmente, el legislador recordó que su bloque se ha opuesto históricamente a este tipo de modificaciones, considerándolas una herencia de la privatización de la "policía del trabajo" iniciada décadas atrás. Para Del Frade, el debate sobre los peritos y sus honorarios es secundario frente a la necesidad de garantizar seguridad y salarios dignos que eviten, en primera instancia, la ocurrencia del siniestro.
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