La agencia intentará detectar movimientos sospechosos en su territorio y reportarlos a la Unidad de Información Financiera, y eventualmente a la Justicia.
Desde este lunes María Paula Bruera es la primera funcionaria del país en estar al frente de un organismo de control y vigilancia de lavado de activos de escala municipal, que tiene como misión detectar cualquier situación de actividad económica sospechosa que pase por su radar y reportarla a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación, y eventualmente a la Justicia.
El intendente Pablo Javkin firmó el decreto que puso en funciones a Bruera al frente de la flamante Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo que se creó por ordenanza en agosto pasado. Es una vuelta de tuerca sobre la ordenanza de 2014, que fue la pionera a nivel nacional en cuanto al involucramiento y compromiso de una ciudad en la creciente temática del lavado de capitales provenientes de mercados ilícitos o la evasión tributaria.
La nueva agencia no tiene la capacidad de investigar, porque esa herramienta la ley se la confiere a la UIF y la Justicia, pero se propone como un auxiliar a colaborador. Es decir poner ojos, recursos y atención a lo que pasa en el territorio para tratar de detectar situaciones de lavado, emitir un alerta a la UIF y poner a información a disposición.
Esa es la ruta de trabajo que describió a AIRE María Paula Bruera.”Nosotros vamos a analizar conductas y situaciones, no vamos a hacer una investigación precisamente dicha, ni nos vamos a poner a la altura de un organismo como la UIF”, aclara.
¿Entonces en qué consiste la tarea? ¿Qué tan efectiva puede ser esta agencia? “Nosotros vamos a colaborar, reforzar y estar atentos. Ya en 2014 con la ordenanza de entonces se empezó a pedir un montón de documentación y se prestó más atención, ahora se va a pedir justificación y otro tipo de documentación, eso mejora el proceso”, dice Bruera, para quien “el solo hecho de que la agencia exista es una prevención. Tal vez nosotros notemos alguna situación que merece elevar una alerta. De ahí en más será la UIF o la Justicia la que definan qué hacen con eso, si efectivamente merece profundizar y armar una investigación o se desestima ese alerta”.
La ordenanza manda a Bruera y la Agencia de Control a poner el ojo en rubros específicos, algo así como los grandes clásicos para el lavado de activos: Venta y alquiler de vehículos y motos; Armerías; Loterías (cuando el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7,3 millones, que será actualizado por inflación); Negocios de nocturnidad; Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas con plan de inversiones superior a 16,6 millones; Playas de estacionamiento y cocheras ($7,3 millones); Guarderías náuticas ($16,6 millones); Restaurantes, bares, confiterías bailables y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad; Concesiones públicas de obras y servicios; Construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles, de más de 500 m2; Adquisición o tenencia de más de dos licencias de explotación de taxis y/o remises por parte de una misma persona humana o jurídica.
Todos estos rubros se procesan en un amplio número de reparticiones municipales, que desde agosto están preparando sus plataformas digitales y la base de documentación y requisitos que deben solicitar a los sujetos jurídicos o las personas físicas. Secretarías, subsecretarías y direcciones están en proceso de aggiornarse a esta lógica.
La Agencia de control –explica Bruera– va a intervenir cuando desde esas oficinas le requieran consejo, evacuar una duda u observen una operación sospechosa. Por ejemplo, si aparecieran inconsistencias entre una situación de exteriorización de activos y el perfil patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica; una situación de transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias, la posición de administración fiduciaria: hechos que guarden relación con las actividades declaradas; actitudes que pretendan eludir o rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales; constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.
Cada repartición está desarrollando sus procedimientos, capacitando personal y protocolizando qué solicitar y dónde poner el ojo. Ante la menor duda deberá reportar a la Agencia de Control de Lavado, que será la encargada de valorar la información y ver cómo se procede en cada caso.
Bruera aquí hace una salvedad, en lo que fue una de las preocupaciones que en su momento transmitieron sectores empresarios: “Nuestro trabajo pasa por analizar la información que nos aporte cada repartición, pero nosotros no vamos a demorar ningún trámite ni perjudicar a un vecino o alguien que va a ser un trámite. Vamos trabajando en paralelo e intervendremos fuerte solo en caso que a una repartición le haga ruido alguna solicitud”.
La funcionaria, que viene de la Dirección de Concesiones de la Municipalidad, donde dice que aprendió a afinar la vista por tratarse de un área donde a los oferentes se los evalúa a nivel patrimonial, flujo de negocios que presentan, balances, entre otros aspectos, aclara que el involucramiento desde el Estado municipal en este tema debe interpretarse como muchas otras áreas donde el Estado local sale a suplir necesidades que no llegan a atender los otros niveles. Es algo más que hacemos desde los niveles del Estado buscando mejorar la situación”.
Según Bruera es lo que los investigadores y especialistas de la UIF, con quienes ella está realizando una especialización, llaman la “comunidad antilavado”, un concepto que refiere a que la detección de estas situaciones no es resultado de la labor exclusiva de un organismo, sino que requiere muchas partes atentas y capaces de disparar alertas.
La comunidad de observadores es mucho más útil ante la dinámica de cambio permanente en las formas, procederes y rubros de lavado. “La dinámica es de cambio permanente, quizás para eludir los procesos que buscan detectar esas maniobras a tiempo. Ahí está la importancia de compartir información entre los distintos niveles del Estado, con personal capacitado y protocolos actualizados”, afirma Bruera.
El intendente Javkin destacó que la sanción de la ordenanza que creó la Agencia "tuvo un consenso muy amplio, con un trabajo de muchos años, de muchos bloques. Es muy importante entender que Rosario es pionera en esta legislación, y no es pionera una gestión, sino que la ciudad, porque no hay otra ciudad en todo el país que haya discutido una iniciativa local de este tipo” que se ocupa del “flagelo del lavado de activos que es la contracara del fenómeno de violencia diario que Rosario padece".
La ordenanza fue a iniciativa del gobierno municipal. Javkin la mandó en abril y se aprobó en agosto. La votación incluyó a todos los sectores, pero fue el interbloque del Frente de Todos, el que se mostró más escéptico “Rosario ya tiene una ordenanza que establece mecanismos de control para evitar el lavado de activos. El proyecto nuevo que se aprobó, a excepción de la conformación de una Agencia, no aporta nada nuevo a lo que está en vigencia desde el año 2014”, se planteó desde este sector político.
La mirada desde el peronismo es que “a lo largo de estos años no hubo voluntad política de aplicar la norma. Quienes gobernaron creyeron que estos controles ahuyentaban inversiones”, argumentaron.
Sea por un genuino interés en auxiliar en una problemática creciente, sea por mostrarse activo ante una realidad que demanda acciones, o por un voluntarismo inocuo, ahora es cuestión de ver si la creación de un organismo municipal específico, que nació con el apoyo desde todo el arco político, logra amplificar esa “comunidad antilavado” y sumar advertencias en una economía de creciente informalidad. En ese sentido, es toda una señal la preocupación en los foros y cámaras empresarias y comerciales en los que se admite abiertamente que en muchas áreas de la economía, ya no se sabe quién es quién ni de dónde viene el dinero de las inversiones.
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