Rosario: afirman que las bandas que aterran a la ciudad no llegan a la categoría "crimen organizado"

A estas conclusiones llega un informe recientemente publicado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), a partir del análisis de las distintas causas judiciales relacionadas con estas organizaciones, además del trabajo de campo y de entrevistas con algunos de los principales actores en este escenario.

Tanto es así que, en algunos casos, se trata de bandas que surgieron en entornos familiares y cuyos principales referentes son jóvenes sin instrucción alguna que, en gran medida, están en prisión.

A pesar de que no se trata de organizaciones sofisticadas, hasta ahora los organismos de seguridad y judiciales de la Provincia Santa Fe y del Estado federal argentino no pudieron hacer frente al constante crecimiento de este flagelo, a la escalada de violencia y al microtráfico de drogas que genera enormes recursos económicos en dinero en efectivo, que luego debe ser reinsertado en la economía formal.

Este es otro de los aspectos que refleja la escasa "profesionalidad" de estos grupos, ya que en gran medida el dinero en efectivo termina siendo volcado operaciones tan ordinarias como la compra de dólares informales -para pagar la droga que reciben de grupos que operan fuera de las fronteras del país- la adquisición de automóviles, lanchas o inmuebles.

"No hemos detectado mecanismos sofisticados. Esto no es crimen organizado, que sí cuenta con soporte profesional para lavar los activos ilícitos. No hemos detectado operaciones complejas tendientes a insertar en la economía formal los fondos generados por la venta de estupefacientes en el mercado local", afirmó Sebastián Martinenco, uno de los autores del informe titulado "Bandas criminales, drogas ilícitas y violencia homicida. Insumos técnico-políticos para un programa de seguridad multidimensional en la provincia de Santa Fe".

Las conclusiones del estudio revelan ocho características esenciales de estas bandas:

• Se trata de grupo cuyos miembros provienen de entornos marginales con marcadas carencias socioculturales.

• Son altamente proclives a dirimir sus conflictos a través del uso de violencia, utilizando una red de sicarios.

• Existe una fuerte concentración en la toma de decisiones, sin soporte profesional sofisticado, ni adecuada planificación de las actividades ilícitas.

• Cuentan con dominio de espacios territoriales delimitados en constante disputa con otros agrupamientos ilícitos.

• Se muestran incapaces de establecer un monopolio hegemónico de la comercialización de estupefacientes que los autorice a disciplinar la administración de la violencia.

• La principal actividad es la comercialización ilícita de cocaína y marihuana junto a otras actividades delictivas rentables (extorsión, robos, etc.), lo que los ha llevado a una articulación efectiva con otras bandas criminales que operan en otras jurisdicciones provinciales (como la provincia de Buenos Aires).

• Están vinculados a prácticas poco sofisticadas de lavado de sus activos ilícitos a través de cuevas locales e inversiones en bienes muebles e inmuebles.

• Son exitosos en el establecimiento de alianzas operativas con la policía provincial a través de la corrupción en sus distintos niveles.

No estamos enfrentando al crimen organizado

En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, Martinenco explicó que "la principal amenaza es la violencia homicida por un grupo de bandas criminales que se dedican al microtráfico de drogas y otros delitos vinculados. Esto es importante, porque no se nota que existan grandes organizaciones. No estamos enfrentando al crimen organizado, tal como se lo entiende a nivel internacional".

"No son estructuras sofisticadas. Los miembros de la mayoría de estas bandas pertenecen a entornos marginales, con diferentes carencias socioculturales. No tienen la capacidad de imponer un monopolio en un determinado territorio. Son características que, en términos generales, definen al verdadero crimen organizado que, además, generalmente opera a través de las fronteras, algo que en este punto tampoco se da", insistió.

Los autores del informe no niegan que existan conexiones entre las bandas rosarinas y el verdadero crimen organizado, pero la realidad indica que la principal causa de las muertes violentas que sufre la provincia de Santa Fe son estas bandas y no el crimen organizado como tal.

Por este motivo, Martinenco insistió en la necesidad de ir más allá de la presencia de fuerzas policiales o federales: "Es clave establecer un plan multidimensional de seguridad. No solo hay que atacar a los líderes de las bandas, enjuiciarlos y eventualmente encarcelarlos. Tenés que ir por el dinero de estas bandas y abordar los aspectos económicos, sociales, culturales. El Estado tiene que estar presente en todas sus esferas críticas que pudimos identificar. No es solo atacar la banda, sino dar contención a otros aspectos que la sociedad sufre y permite que las bandas puedan desarrollarse".

El verdadero crimen organizado cuenta con mecanismos sofisticados y soporte profesional para el lavado de activos: "En este caso lo que detectamos son maniobras como inversiones inmobiliarias, cambio de pesos por dólar en el mercado informal, compra de bienes muebles registrales como vehículos o lanchas".

La droga ingresa al país y llega a Rosario a través de países andinos, como Perú y Colombia; y desde Paraguay por vía terrestre o por la hidrovía del Paraná. Como esa droga se debe pagar en dólares, las bandas locales tienen la necesidad de hacerse con divisas -billetes dólares- para mantener el flujo de importación de droga.

"Se debe trabajar en un programa de disrupción financiera, que se oriente a ir por el dinero de estas bandas. Utilizar todas las estructuras legales e institucionales que tiene el gobierno. Si alguien compra un auto, debe ir a una agencia; si compra un inmueble, debe hacer una escritura. Son eslabones que se pueden investigar para detectar la manera en que pretenden insertar los fondos de la droga en la economía", resaltó.

Otro de los aspectos clave del problema es que no existe una verdadera interrelación aceitada entre la Justicia provincial y la Justicia federal.

Martinenco sostuvo que "debe ser una coordinación con reglas claras y con recursos. Debe estar exigido por ley que, cuando se investigue a las bandas criminales por un homicidio, por ejemplo, se inicie una investigación paralela para rastrear el dinero. El abordaje debe ser en ambos sentidos".

De todos modos, advirtió que "los actores de la Justicia federal afirman que no tienen la capacidad de abordar las causas más chicas. Se enfocan en las grandes causas de crimen organizado o delitos transnacionales".

Diez propuestas para enfrentar a las bandas criminales de la provincia de Santa Fe

¿Cómo se explica que la Provincia de Santa Fe y el Estado federal no hayan sido capaces de enfrentar con éxito a estas bandas poco profesionalizadas y sin mecanismos sofisticados de manejo de los recursos obtenidos de manera ilegal?

El informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) plantea 10 medidas urgentes y elementales para cambiar esta realidad:

• Fortalecimiento institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

• Creación de un nuevo marco normativo e institucional para la producción de inteligencia criminal en la provincia de Santa Fe.

• Implementación de un plan para coordinar la actividad operacional de las fuerzas provinciales y las fuerzas federal con monitoreo de los resultados.

• Revalorización y profesionalización de la función policial.

• Implementación de nuevas estrategias de prevención policial.

• Fortalecimiento normativo e institucional del subsistema de investigación y enjuiciamiento provincial.

• Construcción de una nueva unidad carcelaria de máxima seguridad, destinada exclusivamente a presos de alto perfil.

• Aislamiento absoluto de los perfiles de alto riesgo de los miembros de las bandas criminales detenidos en las unidades del servicio penitenciario provincial.

• Creación de la Oficina de Disrupción Financiera y Patrimonial (ODFP) y creación de un programa de sanciones administrativas y financieras selectivas.

• Diseño e Implementación de un plan integral de tecnología aplicada a la seguridad.

Lee el informe completo aquí.