La reforma de la Ley de Glaciares avanza en el Congreso con un ritmo más lento del esperado por el oficialismo, algunos gobernadores y el sector minero. Tras el cierre de las audiencias públicas, el esquema en análisis contempla un nuevo plenario informativo con mandatarios provinciales —previsto para el 1 o el 8 de abril— antes de la firma del dictamen. Con ese cronograma, se vislumbra que el tratamiento en el recinto podría llegar, en el mejor de los casos, a mediados de abril.
En ese escenario, Santa Fe emerge como un actor con posiciones diversas pero con intervenciones que amplían el eje del debate más allá de las provincias cordilleranas: desde el plano político, técnico y también ciudadano.
Un debate que excede a las provincias con glaciares
Una de las intervenciones que sintetizó ese enfoque fue la de Ludmila Pardo, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, quien expuso en la audiencia pública en el Congreso. “No estamos discutiendo intereses individuales o económicos, sino un interés colectivo”, planteó, al cuestionar la idea de que la ley solo involucra a las provincias con presencia de glaciares.
En su exposición, Pardo advirtió sobre un “error de comprensión” en el debate y puso el foco en el carácter colectivo del recurso hídrico. “Hay gente cuya vida depende de esto ”, señaló, al tiempo que cuestionó la amplitud de las excepciones previstas en el proyecto para actividades consideradas de interés público. En ese punto, planteó interrogantes sobre el alcance de esas habilitaciones y su posible impacto en funciones ambientales clave, como la regulación hídrica o la conservación del agua.
Sobre esa misma línea se expresó en diálogo con AIRE, en el programa ¿Cuál es el Plan?, el co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Lucas Micheloud, quien planteó que “a nadie se le ocurriría dinamitar las Cataratas del Iguazú".
"Eso sería equiparable a permitir la minería en zona de glaciares. Va contra el sentido común, la empatía tiene que estar desde ese lado, aunque sean realidades geográficas distintas. Santa Fe, naturalmente, tiene que votar en contra”, definió.
Tensiones constitucionales y “dumping ambiental”
Desde el plano institucional, la Red Argentina de Fiscalías Ambientales también fijó posición a través del Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, quien expuso sobre las implicancias jurídicas de la reforma.
El funcionario advirtió sobre el riesgo de fragmentar los criterios de protección ambiental al trasladar a las provincias la definición sobre qué áreas deben resguardarse. Según explicó, esto podría contradecir el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental comunes para todo el país.
El funcionario advirtió sobre el riesgo de fragmentar los criterios de protección ambiental al trasladar a las provincias la definición sobre qué áreas deben resguardarse.
“Cuando uno fragmenta la autoridad de aplicación, las jurisdicciones pueden competir hacia la baja”, sostuvo, al describir un posible escenario de “dumping ambiental”, donde las provincias relajen estándares para atraer inversiones.
En esa línea, también cuestionó que los criterios científico-técnicos queden sujetos a decisiones políticas, lo que podría generar asimetrías en la protección de ecosistemas similares.
Santa Fe: posiciones políticas y equilibrio interno
En el plano legislativo, la representación santafesina refleja la complejidad del debate. Los diputados de La Libertad Avanza se alinean con la reforma, mientras que Unión por la Patria mantiene una postura de rechazo.
En tanto, el espacio Provincias Unidas muestra divisiones internas: sectores del socialismo (Esteban Paulón y Pablo Farías) se inclinan por la oposición, mientras que dirigentes del PRO (Gisela Scaglia y José Núñez) evalúan acompañar el proyecto, sin una definición cerrada sobre si aportarán sus bancas al quórum en la sesión que debata la iniciativa.
Las exposiciones se emitieron desde la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación.
A nivel provincial, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, también expresó reparos. El funcionario planteó la necesidad de analizar el impacto de la reforma sobre el acceso al agua en el mediano plazo y advirtió que modificar los criterios actuales podría afectar la igualdad en la protección ambiental entre provincias.
“Si rompemos esa idea de igualdad frente al cuidado, entramos en un camino de desigualdades en temas ambientales”, sostuvo, en referencia al esquema de presupuestos mínimos vigente.
La discusión sobre participación y una consulta popular en escena
En paralelo, el debate sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto que propone convocar a una consulta popular vinculante sobre la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. La iniciativa plantea una pregunta directa —a favor o en contra— y establece que el resultado sea de cumplimiento obligatorio.
La propuesta, presentada por los diputados santafesinos Diego Giuliano, Caren Tepp y Agustín Rossi, junto a otros legisladores de Unión Por la Patria, pone en juego un instrumento de democracia semidirecta que ha sido escasamente utilizado a nivel nacional.
El argumento central de sus impulsores es la magnitud de la participación ciudadana en el proceso legislativo, que superó ampliamente las instancias tradicionales de audiencias públicas. En ese sentido, sostienen que la discusión involucra recursos estratégicos —como el agua dulce— y requiere mecanismos de decisión con mayor alcance social.
