Rechazo transversal al DNU de Javier Milei que reforma la SIDE y amplía el poder de inteligencia
Legisladores, constitucionalistas, gremios y organismos de DDHH cuestionaron el DNU que reformó la SIDE sin debate y pidieron su rechazo en el Congreso.
El DNU firmado por el presidente Javier Milei para reformar de manera integral el sistema de inteligencia argentino (SIDE) generó un rechazo transversal.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei para reformar de manera integral el sistema de inteligencia argentino (SIDE) generó un rechazo transversal en el arco político, sindical y de derechos humanos. Legisladores nacionales, constitucionalistas, gremios docentes y organismos especializados advirtieron que la norma, dictada sin debate parlamentario, amplía de forma inédita el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y pone en riesgo derechos y garantías constitucionales.
Desde el interbloque que integran Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal reclamaron el inmediato restablecimiento del control parlamentario y cuestionaron que el Gobierno haya avanzado por DNU en una materia “sensible” sin necesidad ni urgencia que lo justifique. Señalaron además que continúan incompletas las comisiones bicamerales encargadas de controlar tanto el sistema de inteligencia como el uso de decretos, lo que profundiza la falta de controles institucionales.
Rechazo transversal al DNU de Milei que reforma la SIDE y amplía el poder de inteligencia
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Legisladores nacionales, constitucionalistas, gremios docentes y organismos especializados advirtieron que la norma, dictada sin debate parlamentario, amplía de forma inédita el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y pone en riesgo derechos y garantías constitucionales.
Entre los principales cuestionamientos se encuentra la incorporación del “carácter encubierto” como regla general para todas las actividades de inteligencia, lo que —según los críticos— consolida un esquema de opacidad incompatible con el diseño original de la ley, que preveía límites estrictos y supervisión del Congreso. También alertaron sobre la extensión de la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una decisión que podría habilitar prácticas de vigilancia sobre trabajadores y áreas sin relación con tareas sensibles.
Rechazo político a los cambios en Inteligencia
El diputado nacional por Santa Fe Pablo Farías sostuvo que el decreto “da más poder a la SIDE y viola garantías constitucionales”, al habilitar a los agentes de inteligencia a detener personas, manejar fondos millonarios y actuar bajo secreto. En la misma línea, el ex ministro de Defensa y diputado Agustín Rossi afirmó que el DNU “no mejora el sistema de inteligencia” y que transforma a la SIDE en una “fuerza parapolicial”, al permitir aprehensiones sin orden judicial. “Nada bueno sale de ahí para los ciudadanos”, advirtió.
Elecciones Octubre 2025 - Agustín Rossi
El ex ministro de Defensa y diputado Agustín Rossi afirmó que el DNU “no mejora el sistema de inteligencia” y que transforma a la SIDE en una “fuerza parapolicial”.
Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Carlos Molina calificó la reforma como “inconstitucional y peligrosa”, y llamó a frenar lo que definió como un retroceso democrático.
Por su parte, en diálogo con AIRE, el diputado Diego Giuliano advirtió que “empezaron a defender lo indefendible. El libro de Block se puso en marcha con el Decreto 941/25. Es un DNU inconstitucional por donde lo mires y es inconvencional porque quiebra el Pacto de San José de Costa Rica que es texto de nuestra Constitución”.
En el mismo sentido, aseguró que “ninguna restricción de derechos puede ser por decreto sino por ley. Un DNU que reemplaza al Parlamento y establece funciones de contrainteligencia de Estado es inaplicable” y señaló que “el Ejecutivo no puede gobernar por decreto como regla y menos habilitar a disponer medidas represivas y detenciones opacas y sin garantía de derechos”.
“Si un DNU restringe derechos, altera reglas o dificulta el control judicial, viola el derecho a una protección real y efectiva”, remarcó el legislador y agregó: “Los derechos no retroceden por decreto. La Convención prohíbe desmontar conquistas sociales, laborales e institucionales ya alcanzadas”.
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El diputado Diego Giuliano advirtió que “empezaron a defender lo indefendible. El libro de Block se puso en marcha con el Decreto 941/25. Es un DNU inconstitucional por donde lo mires".
Para Giuliano “el DNU 941/25 es una forma de instalar un estado de excepción, a un paso del autoritarismo y de la persecución de cualquier tipo. Cuando se empieza a defender lo indefendible, el Estado de Derecho ya está en peligro”.
A su vez, constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez y Oscar Blando denunciaron que el decreto consolida un modelo autocrático, erosiona la división de poderes y legaliza un esquema de espionaje político y persecución ideológica.
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“Art 2° bis.- Todas las actividades q se realizan en el ámbito d la Inteligencia Nac revisten carácter encubierto (sic) en virtud d su sensibilidad..." Todo en el Estado libertario será "encubierto", secreto, opaco. Un Estado sin control, ni transparencia. O sea, antidemocrático
Ambos especialistas coincidieron en que el DNU no supera ningún test de constitucionalidad, al no explicar la urgencia ni la existencia de conflictos inminentes que justifiquen eludir al Congreso.
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El diputado nacional por Santa Fe Pablo Farías sostuvo que el decreto “da más poder a la SIDE y viola garantías constitucionales”.
El rechazo también llegó desde el movimiento sindical y educativo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) repudió enérgicamente el decreto, lo calificó de inconstitucional y se declaró en estado de alerta. El gremio advirtió que la ampliación de facultades de la SIDE, incluida la posibilidad de detener personas, constituye un “grave retroceso democrático” y habilita un esquema de vigilancia y persecución incompatible con el Estado de Derecho.
El PRO, con cautela
El PRO se pronunció sobre el decreto del Gobierno con cambios en la SIDE y consideró “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos" de la medida. “Desde el Bloque del PRO conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520”, inició el bloque.
En un comunicado, aseguró: “Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”.
“Es importante señalar que la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos”, indicó la bancada que conduce Cristian Ritondo.
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“Es importante señalar que la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos”, indicó la bancada que conduce Cristian Ritondo.
“En ese sentido, entendemos que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino. Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función”, subrayó el espacio. Además, resaltó que “uno de los puntos que a destacar como claramente positivo es la integración y unificación de bases de datos estatales”.
En un extenso análisis, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que el DNU 941/2025 “pone al Estado al servicio del espionaje interno”. Según el organismo, la reforma convierte a la SIDE en una suerte de policía secreta, debilita los controles democráticos y refuerza el secreto como regla legal. Además, alertó sobre la centralización política, operativa y presupuestaria del sistema de inteligencia, la subordinación de la inteligencia criminal y militar a la SIDE y la eliminación del control civil sobre la inteligencia militar.
Otro de los puntos más sensibles señalados es el riesgo para la privacidad y la protección de datos personales. El decreto obliga a los organismos públicos a entregar información a la SIDE sin controles efectivos ni autorización judicial previa, y habilita el intercambio de esos datos con agencias de inteligencia extranjeras bajo absoluto secreto. Para los críticos, esto consolida un modelo de vigilancia masiva que revive la lógica del “enemigo interno” y amplía el margen para el espionaje político.
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#SIDE: el gobierno reforma el Estado para espiar a la ciudadanía
El DNU 941/25 tiene un impacto total en el sistema de inteligencia.
Inconstitucional y peligroso, debe ser rechazado por el Congreso y el Poder Judicial.
Con el Congreso en receso y sin debate público, las distintas voces coincidieron en que el DNU representa un nuevo avance del Poder Ejecutivo sobre facultades que corresponden al Parlamento. Por eso, exigieron que el decreto sea tratado y rechazado de inmediato conforme a la Ley 26.122 y que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta de cara a la sociedad, con controles democráticos y respeto pleno por la Constitución.
