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Política Lavado de activos | Diputados | Santa Fe

¿Realmente se investiga?: a dónde va la plata del delito en Santa Fe

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó en la última sesión un proyecto que busca conocer las políticas que lleva adelante la Unidad de Información Financiera (UIF) para controlar los movimientos financieros de las organizaciones delictivas que operan en la provincia. "Solo de esta manera podremos desarticular los circuitos económicos y financieros relacionados con las organizaciones criminales", dijo la diputada y autora de la iniciativa, Mónica Peralta.

Pese a que la ciudad de Rosario está cercada por la actividad de organizaciones criminales -con altísimos índices de violencia e inseguridad- no cuenta con una sede de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave para el control del movimiento económico y financiero del delito.

Ante ese escenario, en la última sesión, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto de Comunicación que busca conocer qué medidas se aplican desde ese organismo para controlar los circuitos económicos y financieros de las bandas criminales que operan en la provincia. La iniciativa, elaborada por la diputada Mónica Peralta, fue sancionada en medio de un recrudecimiento de los hechos de violencia relacionados con el delito.

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“El enorme crecimiento de las organizaciones criminales en nuestra región, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico y de escala trasnacional, ha puesto en crisis la capacidad del Estado para enfrentarlas”, sostuvo la legisladora en los fundamentos del proyecto, donde además advirtió que “estas organizaciones cuentan con mecanismos y herramientas cada vez más sofisticadas para integrar en el sistema económico legal activos de origen ilícito. Sumado a los deficientes controles por parte del Estado, les ha permitido consolidar sus estructuras financieras y su capacidad operativa en nuestros territorios”.

A través de la Comunicación, se le solicitó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que haga las gestiones correspondientes ante el gobierno nacional para recibir la información solicitada.

Entre los principales requerimientos, está el de conocer la cantidad de reportes de conductas u operaciones sospechosas recibidas desde el año 2020 a la fecha. Se pretende saber, además, si existió un aumento en el número de reportes con respecto a años anteriores. También se pidió un informe circunstanciado de los elementos de convicción puestos a disposición del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal por la posible comisión de delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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Además, la Cámara baja quiere conocer los detalles de las causas judiciales en que la UIF se constituyó como querellante y de los operativos de control realizados por el organismo para evaluar el cumplimiento de las disposiciones anti lavado. También se solicitó acceder al plan específico de trabajo elaborado por la agencia para la provincia de Santa Fe y saber si está contemplada la creación de una Unidad regional de la UIF con sede en la ciudad de Rosario.

En otro tramo de los fundamentos del proyecto sancionado, la diputada Peralta destacó que “esta realidad constituye una grave amenaza para la integridad de los mercados financieros, el normal funcionamiento institucional del país y la seguridad de la ciudadanía” y lamentó que “hemos naturalizado la existencia de constantes disputas territoriales, cuya consecuencia más dolorosa es el derrame de sangre sobre nuestras ciudades”.

Sobre los objetivos de la iniciativa, la legisladora consideró que “es prioritario poner en la agenda pública distintas aristas de un problema que se ha profundizado en las últimas décadas en nuestro país, y generar ámbitos de trabajo colaborativos entre los distintos poderes y niveles del Estado para enfrentar de manera eficaz estos hechos delictivos”. Al respecto, aseguró que “solo de esta manera podremos desarticular los circuitos económicos y financieros relacionados con las organizaciones criminales que operan en nuestra provincia”.

¿UIF en Santa Fe?

Además de saber si está contemplada la creación de una Unidad regional de la UIF con sede en la ciudad de Rosario, la Cámara de Diputados de Santa Fe quiere saber qué políticas se aplican para la región.

La UIF cuenta con agencias regionales ubicadas en dos zonas estratégicas del país, como son las fronteras del Norte y el Litoral, cuyo objetivo es mejorar las tareas ante los tribunales de justicia, la comunicación con los sujetos obligados, los organismos públicos y privados y facilitar el envío y recepción de informes e insumos necesarios para la labor de la UIF. Además, debe colaborar, en atención al interés nacional y la ubicación geográfica, en el contralor de ilícitos a lo largo del Corredor Litoral, que incluye la llamada Hidrovía y la zona de la triple frontera. Se trata de la Agencia Regional Norte, con sede en Salta, y jurisdicción sobre las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy; y la Agencia Regional Litoral, con sede en la Ciudad de Posadas, y jurisdicción sobre las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. “Queremos saber cuál es el programa de trabajo específico elaborado por la UIF para la provincia de Santa Fe, dadas las particularidades de la región”, indicó.

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La UIF es un organismo con autonomía y autarquía financiera que tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de  lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La UIF es un organismo con autonomía y autarquía financiera que tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Qué es la UIF?

La UIF es un organismo con autonomía y autarquía financiera que tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Es competencia de este organismo recibir reportes de hechos u operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados, efectuar el análisis de los mismos y, en caso de surgir elementos de convicción suficientes para confirmar el carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo, comunicar tales extremos al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.