La crisis de seguridad en Santa Fe genera un efecto similar a la cinta de Moebius, un proceso sin fin, que parece llegar siempre al mismo lugar. Desde el 9 de abril de 2014, cuando el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, decidió jugar fuerte en Rosario con un megaoperativo con 3.400 gendarmes, que entraron ese día a la madrugada escondidos en camiones de carga y nueve helicópteros sobrevolaban el cielo rosarino, ante cada crisis se anhela que se repita el impacto que generó en la población ese despliegue, que se refugió en la “tranquilidad” que irradiaban los carros de asalto y los agentes pertrechados con armas largas que caminaban por las calles.
Una vez más, centenares de efectivos de Gendarmería Nacional desembarcan en la provincia de Santa Fe. Esta vez, se anuncia que llegaron para quedarse.
Ese día se hicieron 67 allanamientos en búnkeres de Rosario, donde los gendarmes secuestraron menos de un kilo de cocaína. Berni lo aclaró en ese momento. El objetivo no era incautar grandes cantidades de droga sino generar tranquilidad en la población. El anillo de comunicación encriptada montada por los efectivos federales no funcionó. La policía, se sospechó en ese momento, dio la orden para que los búnkeres quedaran vacíos. Eran los que después iban a destruir los gendarmes a martillazos. Se trató de una brigada de demolición.
A pesar de que a nivel de investigación criminal el megaoperativo tuvo resultados magros –Los Monos enfrentaban una causa provincial por asociación ilícita, que tenía enormes agujeros negros, como la que encabezó el juez Juan Carlos Vienna- el efecto que provocó el operativo Rosario marcó un quiebre. Era la única demostración que el Estado había encontrado para generar un impacto positivo en la población en materia de seguridad. La gente confiaba en los gendarmes. El operativo Rosario terminó en diciembre de 2014.
El plan del socialismo
El plan original era que el gobierno socialista lograra en ese lapso reformar la policía, o al menos poner las primeras piedras para irradiar cambios en la fuerza, algo que nunca ocurrió. Bonfatti designó al gendarme retirado Gerardo Chaumont como secretario de Seguridad, por su ascendencia en la fuerza. Con Chaumont llegó otro comandante con prestigio en la Gendarmería como Ricardo Spadaro, que armó un área de inteligencia criminal que hasta ese momento no existía por fuera de la policía. El diagnóstico de Spadaro era que los parches que se fueron poniendo a la ley policial de 1975 fueron contraproducentes. La jerarquía policial se había achatado porque nunca se había apostado a la formación de cuadros profesionalizados.
Cinco meses después de que la mayoría de los gendarmes se fueran de Rosario, el entonces gobernador Bonfatti volvió a pedir a la Nación el retorno de efectivos federales, ante la recurrente ola de homicidios. Reclamaron 600 efectivos y llegaron 400. Desde el ese momento los sucesivos gobiernos negociaron gendarmes como si fueran caramelos, con la única aspiración de que la llegada de más efectivos iba a apaciguar la rabia social ante la inseguridad y la violencia.
El argumento que esgrimía el socialismo era que el narcotráfico era un delito federal y que por esa razón la solución debía venir de parte del gobierno nacional. Esa postura chocaba con la otra mirada que potenciaban en los medios locales, la de victimizarse en base a la hipótesis de que Rosario era estigmatizada en la prensa nacional. El paso del tiempo y la propia realidad neutralizaron esos enfoques.
En medio de la campaña electoral de 2015, el tema de la seguridad volvió al centro de la escena política. Bonfatti pidió otra vez el regreso de los gendarmes. Había estallado un nuevo escándalo en la policía, con hechos de corrupción gravísimos que mostraban la connivencia con el narcotráfico, como el caso emblemático del comisario Carlos Schmidt. El entonces gobernador acordó el envío de 700 gendarmes. Berni desembarcó otra vez en Rosario, pero esta vez recorriendo los barrios con el entonces candidato a gobernador Omar Perotti, cuyo lema de campaña se centraba en la lucha contra el narcotráfico. El rafaelino quedó tercero, a dos puntos de Miguel Lifschitz que venció a Miguel Del Sel por apenas 1400 votos.
Las marchas de Rosario Sangra
El inicio de la gestión de Miguel Lifschitz fue agitado. La paridad en el resultado electoral logró condicionar el inicio de su mandato. A fines de agosto de 2016, cuando aún no había cumplido un año en la Casa Gris, estallaron las multitudinarias marchas bajo el lema Rosario Sangra. El detonante no fue un recrudecimiento de la violencia narco, sino hechos de inseguridad cotidiana que provocaron la muerte a cuatro personas: Fabricio Zulatto, Nahuel Ciarroca, Héctor Villarruel y Araceli Zalazar.
Más de 60.000 personas marcharon a los tribunales y a la sede de la gobernación en Rosario. El gobierno santafesino crujía. Pensaban que la masa de reclamos se los llevaba puestos.
La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich quería dar un golpe mortal al socialismo. Su plan era intervenir la policía de Santa Fe con fuerzas federales. Pero su plan de máxima fue neutralizado por el propio Lifschitz que logró convencer al ala más blanda del gobierno de Mauricio Macri, a través de las negociaciones que entabló con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.
Tras arduas conversaciones Macri decidió aplacar las aspiraciones de Bullrich. El gobernador y la ministra firmaron un acuerdo a principios de setiembre de ese año para el regreso de los gendarmes y la instalación de un comando unificado. Maximiliano Pullaro, a cargo de la cartera de Seguridad, tenía una pésima relación en ese momento con Bullrich después del escándalo que se gestó tras la detención de los prófugos en Cayastá. Pero el ministro logró recomponer el vínculo, y limó las fricciones.
En 2017 bajaron los homicidios un 25 por ciento. Se hizo un trabajo coordinado que logró resultados positivos, aunque la violencia nunca dejó de estar presente. La decisión de cortar las actividades mafiosas de Máximo Ariel Cantero, líder de Los Monos, en la cárcel de Piñero terminó con otro espiral de atentados a blancos judiciales y residencias de jueces.
La detención de Esteban Alvarado en febrero 2019 destartaló el otro sector narco que estaba en crecimiento tras la pérdida de poder de Los Monos. El negocio criminal empezó a cambiar, tras la detención de los principales líderes como René Ungaro, los hermanos Funes y el clan Caminos. La cárcel se transformó en el búnker de operaciones de estos grupos narcos.
En diciembre de 2018 Marcelo Sain juró al frente del Organismo de Investigaciones. El autor de Leviatán Azul había asesorado a Pullaro y a la gestión de Lifschitz. La llegada de Sain a ese puesto nuevo en el Ministerio Público de la Acusación planteaba un salto de calidad por su formación y experiencia en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en la provincia de Buenos Aires, en momentos en que León Arslanián planteó cambios de fondo en la fuerza bonaerense.
Paz y orden, el slogan de Perotti
Tras ganar las elecciones, Perotti, cuyo lema de campaña había sido "paz y orden” lo eligió como ministro. La nueva gestión redactó tres leyes de seguridad pública, con el foco en la policía pero nunca se trataron en la Legislatura. Los escándalos que protagonizó Sain con sus tweets configuraron las excusas perfectas para la oposición.
El recrudecimiento de la violencia agitó otra vez el regreso de los gendarmes. La gestión de Sabina Frederic no era partidaria de reforzar la seguridad pública con efectivos federales. Pero las crisis de seguridad la obligaron a enviar agentes otra vez, pero en menor número que las administraciones de Berni y Bullrich. La entonces ministra ordenó que viajaran a la provincia 54 efectivos de la Policía Federal –que llegaron en un colectivo- que conformaban una nueva forma de intervención con la llamada Fuerza de Respuesta Inmediata. A la par, y eso sí le interesaba a esa administración, crearon una especie de delegación fija del Ministerio de Seguridad de la Nación en Santa Fe. En realidad era un funcionario que se ocupaba de estar cerca de algunas causas importantes que se tramitaban en la justicia federal y en el MPA.
“Sepan que Santa Fe está sola y tiene que resolver este problema entre santafesinos. Si viene cooperación del gobierno nacional, bienvenido; los esperamos con los brazos abiertos”, aseguró Saín en ese momento. Con la llegada del ministro Jorge Lagna al ministerio de Seguridad se buscó bajar el tono de confrontación con la cartera nacional, pero tampoco esa estrategia funcionó. Los gendarmes no se veían en las calles, a pesar de que en torno a Frederic decían que había 3500 en la provincia, de los cuales 2500 estaban asentados en Rosario.
El recrudecimiento de la violencia en los días previos a las elecciones del 12 de setiembre volvió a encender los pedidos del gobierno de Santa Fe para reforzar la seguridad con fuerzas federales. Perotti habló con el presidente Alberto Fernández pero Frederic dijo en los medios que con 360 efectivos que enviarían alcanzaba. Al gobernador lo molestó la actitud de la ministra, que parecía jugar para la oposición.
La derrota electoral del 12 de setiembre a nivel nacional generó cambios en el gabinete y más fricciones. Una de las que dejó su cargo fue Frederic. No sólo Perotti estaba disconforme con su actitud sino también Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense.
La llegada de Aníbal Fernández cambió la relación. Puso entre las prioridades la situación de Santa Fe y se reunió con Perotti horas después de asumir y en los días posteriores con Saín, a quien conocía desde 2005 cuando estaba al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Perotti insistió con la necesidad de reforzar el plantel de gendarmes. El jueves pasado Aníbal Fernández encabezó el acto donde se puso en funcionamiento el nuevo despliegue. A sólo unos metros del playón del Museo del Deporte habían asesinado un día antes a Mariel Lezcano, una mujer de 21 años que vendía drogas en uno de los pasillos del barrio La Tablada, el barrio donde los narcos tiran bombas de estruendo para avisar que llegó la droga para distribuir en los puntos de venta.
“Esta vez es distinto, porque los efectivos federales se quedarán”, respondió Fernández ante una consulta de Aire de Santa Fe sobre si existía una diferencia con respecto a los operativos anteriores que fracasaron a la luz de las estadísticas criminales.
La muerte de esta joven, que fue asesinada cuando estaba con su pequeño hijo, muestra el engranaje de violencia que se mueve en Rosario. La banda de los Funes está sospechada de ese crimen. El viernes el fiscal Gastón Ávila ordenó once allanamientos en los domicilios de este clan criminal. En uno de ellos estaba Jorge Funes, un viejo ladrón de bancos que se transformó en narco y conformó una de las bandas más violentas de la ciudad con sus cuatro hijos, dos de los cuales fueron ejecutados. Alan y Lautaro, los que quedan vivos, están presos. El primero en el penal de Ezeiza, condenado a 41 años de prisión por causas federales y crímenes. Jorge Funes tenía pedido de captura por una causa por drogas pero nadie lo buscaba. En una de las casas del clan secuestraron un fusil calibre 762, con balas que pueden atravesar una pared. Militarizar los barrios de las principales ciudades sin un plan coordinado entre los poderes del Estado sólo sumará otro fracaso.
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