Polémica en Santa Fe: Diputados pospuso el debate por la sanción a los discursos de odio en la provincia
Diputados abordará en la próxima sesión la iniciativa impulsada desde el Senado que prevé sanciones económicas y objeciones por posible censura.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe pospuso para la próxima sesión el debate sobre el proyecto de ley que busca declarar a la provincia como territorio libre de discursos de odio.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe pospuso para la próxima sesión el debate sobre el proyecto de ley que busca declarar a la provincia como territorio libre de discursos de odio. La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado tras ser presentada por el legislador Felipe Michlig, busca fijar medidas de prevención, concientización y erradicación de conductas discriminatorias o violentas en el ámbito público e institucional.
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Sin embargo, la propuesta no llegará al recinto sin controversias, ya que abre una fuerte discusión técnica y política en torno a la libertad de expresión, el alcance de las sanciones y el marco normativo provincial.
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El expediente establece un esquema de sanciones administrativas para quienes promuevan o difundan discursos que inciten al odio, la violencia o la discriminación por motivos de género, raza, religión, orientación sexual o pertenencia política.
Entre sus puntos principales, la iniciativa contempla:
- Multas económicas elevadas: Las sanciones pecuniarias contemplan montos escalonados que pueden alcanzar sumas millonarias, aplicables tanto a particulares como a personas jurídicas o medios que difundan este tipo de expresiones.
- Inhabilitación y capacitaciones: Se prevé la obligación de realizar trayectos formativos en derechos humanos y convivencia democrática, además de eventuales inhabilitaciones para ejercer cargos públicos en caso de reincidencia por parte de funcionarios.
- Creación de un área de contralor: El Poder Ejecutivo provincial deberá designar una autoridad de aplicación encargada de recibir denuncias, evaluar los casos y coordinar políticas preventivas con municipios y comunas.
Las críticas y el debate sobre la libertad de expresión
Pese a contar con el impulso de sectores del oficialismo, la propuesta ha cosechado reparos dentro de la propia Cámara baja. La diputada Silvia Malfesi, cuestionó con dureza el espíritu de la norma, al calificarla como "una herramienta sumamente peligrosa" para el ejercicio de las garantías individuales.
Desde los sectores críticos advierten que el concepto de "discurso de odio" resulta ambiguo en términos jurídicos y podría prestarse a interpretaciones subjetivas por parte del gobierno de turno. Señalan que utilizar la estructura del Estado para juzgar el contenido de las opiniones puede derivar en mecanismos de censura previa o en la persecución de disidencias políticas y periodistas, vulnerando principios protegidos por la Constitución Nacional.
Con las posturas marcadas entre la necesidad de poner límites a la violencia verbal en la esfera pública y la advertencia sobre los riesgos de restringir la libertad de opinión, el cuerpo legislativo definirá la suerte de la normativa en su próxima jornada de sesión.
