Piden informes a la Provincia por el incendio en el asilo clandestino de Santa Fe
Dos pedidos de informes ingresaron a la Cámara de Diputados sobre el incendio en el asilo clandestino. Exigen precisar controles y la respuesta del Estado.
La trama de horror destapada tras el incendio en un asilo clandestino para adultos mayores en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe escaló de lleno al plano político e institucional.
La trama de horror destapada tras el incendio en un asilo clandestino para adultos mayores en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe escaló de lleno al plano político e institucional. A raíz de la causa judicial que investiga la reducción a la servidumbre, maltratos y la presunta apropiación de haberes de los ancianos alojados, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe recibió dos pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo.
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Las iniciativas, ingresadas por los legisladores Celia Arena y Carlos del Frade, buscan reconstruir el accionar estatal y determinar la responsabilidad de los organismos de control, en momentos en que la Legislatura santafesina también analiza un proyecto de ley para regular las residencias de adultos mayores. El hecho reavivó la urgencia institucional sobre la temática: en la propia Legislatura santafesina un proyecto que busca regular el funcionamiento de las residencias para adultos mayores espera ser tratado desde el mes de abril, marco normativo que cobra renovada relevancia ante las fallas de fiscalización puestas en evidencia.
Piden informes a la Provincia por el incendio en el asilo clandestino de Santa Fe
El proyecto presentado por el diputado Carlos del Frade pone especial foco en el recorrido institucional que iniciaron los familiares de los residentes meses antes del desenlace. Según detalla el texto, existieron presentaciones formales desde marzo de 2026 ante la Superintendencia de Servicios de Salud, el Centro Territorial de Denuncias (CTD) y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
De acuerdo a las actuaciones reconstruidas, el 15 de mayo la Defensoría puso en conocimiento a la Dirección Provincial de Personas Mayores sobre la crítica situación que atravesaban los adultos mayores, donde existía el compromiso de solicitar una auditoría médica urgente. Frente a esto, el legislador cuestiona si los funcionarios actuaron en tiempo y forma para evitar que el lugar continuara funcionando.
A la par de estas advertencias, trascendió la hipótesis de que los adultos mayores habrían sido captados en efectores de salud públicos con la intermediación de presuntos asistentes sociales, una línea que es materia de investigación por parte de la Fiscalía.
Articulación local y mecanismos de fiscalización
Por su parte, la propuesta presentada por la diputada Celia Arena apunta a fiscalizar la coordinación entre la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe. El proyecto exige que el Ejecutivo informe detalladamente si el inmueble de calle José Gollán al 10.100 registraba inspecciones, clausuras o infracciones previas entre 2025 y 2026.
Asimismo, la iniciativa requiere conocer el número total de establecimientos para personas mayores que están habilitados en el territorio provincial, la cantidad de auditorías ejecutadas en el último período y las medidas adoptadas para garantizar la asistencia y continuidad del cuidado de los abuelos rescatados.
Allanamientos y causa en curso
El caso tuvo un punto de quiebre cuando uno de los propios residentes provocó un incendio en el inmueble para visibilizar el encierro y las precarias condiciones de habitabilidad. Tras el rescate de siete personas en estado de vulnerabilidad, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó allanamientos en domicilios vinculados en las calles Diez de Andino y Beruti.
Mientras la Justicia busca dar con el paradero de la persona responsable que permanece prófuga, la Legislatura santafesina intenta echar luz sobre los fallos de fiscalización estatales e impulsar la actualización normativa para evitar que vuelvan a repetirse estos hechos en la provincia.
