jueves 20 de enero de 2022
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Piden excluir de las elecciones al presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista

El procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, aconsejó al Tribunal Electoral excluir al candidato y actual presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista, Juan Manuel Caudana, de los comicios de este domingo. El funcionario está envuelto en un escándalo por un presunto delito electoral: habría promovido la distribución de dinero en efectivo a cambio de votos.

Para el procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, el candidato y actual presidente comunal de la localidad de Santa Clara de Buena Vista, Juan Manuel Caudana, debería quedar excluido de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo. Se espera que el Tribunal Electoral se expida en las próximas horas, pero según pudo saber Aire Digital, los plazos no alcanzarían para impedir la participación de Caudana en los comicios. Quien debe determinar si hubo o no un delito es el Ministerio Público Fiscal.

El funcionario judicial emitió un despacho este jueves relacionado con tres denuncias contra Caudana, radicadas ante la Justicia Electoral, por supuestos delitos electorales. Según esas presentaciones, el funcionario habría estado promoviendo, por distintos medios, la distribución de fondos públicos en efectivo a cambio de la obtención del voto de parte de los supuestos beneficiarios. Las denuncias indican que Caudana habría prometido una suma al momento del sufragio y otra suma aún mayor con posterioridad, si gana las elecciones.

Tras analizar las diferentes presentaciones, Barraguirre declaró la “inidoneidad” de Caudana para participar de las elecciones como candidato a miembro de la comisión comunal en la localidad de Santa Clara de Buena Vista y aconsejó al Tribunal Electoral que se lo excluya del proceso democrático. Asimismo, dispuso que se proceda a su sustitución en la lista, de acuerdo a lo previsto por el artículo 14 de la ley 12.367.

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Según consta en tres denuncias radicadas ante la Justicia Electoral, Caudana habría prometido dinero en efectivo a cambio de votos.

Según consta en tres denuncias radicadas ante la Justicia Electoral, Caudana habría prometido dinero en efectivo a cambio de votos.

El primero en advertir las irregularidades en el accionar de Caudana fue Jorge Alberto Antonio Nioi, representante legal del partido político Movimiento de Afirmación Comunitaria, que denunció al presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista por la presunta comisión del delito electoral previsto en el artículo 6 de la ley 12.080. Dicha normativa dispone que “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos”.

Según la denuncia de Nioi, en los primeros días de noviembre, Caudana, en su carácter de presidente de la Comisión Comunal de Santa Clara de Buena Vista y, por lo tanto, en su carácter de administrador general de los caudales públicos de dicha localidad, habría estado promoviendo por distintos medios la distribución de fondos públicos en dinero efectivo a cambio de la obtención del voto del supuesto beneficiario para su partido político oficialista, de tal forma que prometería una suma al momento del sufragio y otra suma aún mayor con posterioridad si ganara las elecciones. El denunciante, según consta en el despacho del procurador de la Corte, acompañó prueba documental y audios en soporte magnetofónico.

En su defensa, Caudana negó haber incurrido en violación a las disposiciones de la ley 12.080, negó la veracidad y autenticidad de los hechos que se le imputan y rechazó la prueba acompañada por el denunciante.

En la misma dirección, el presidente comunal invocó la inviolabilidad de la correspondencia, entendiendo que los audios de Whatsapp deben ser conceptualizados como correspondencia epistolar. Al respecto, Caudana sostuvo que los audios acompañados como prueba, siendo correspondencia de carácter confidencial, no pueden ser válidamente introducidos al proceso por un tercero ­en el caso, el Sr. Jorge Nioi­ y que toda prueba que se pretenda obtener de ellos resulta nula.

Por otro lado, Caudana afirmó que ya existe una denuncia penal pública llevada a cabo por la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann y que ese hecho obra como un impedimento para el progreso de la denuncia.

Luego, un ciudadano -en calidad de elector inscripto- solicitó la urgente intervención del Tribunal Electoral en pleno para que analice y disponga las medidas del caso, ante la pública confesión del presidente comunal y candidato a renovar su cargo al proponer públicamente comprar votos como método para ganar elecciones.

En algunos de los audios de Whatsapp, Caudana habría expresado a un ciudadano: “Sacá foto del voto porque si perdemos te vas a poder llevar los 10.000 pesos nada más, yo no voy a poner más un mango” y en otro audio, habría agregado: “Se están viendo los recursos. Todavía no transfirieron una parte de los recursos. Te van a hacer $10.000 que te lo dan ahora. Después el 14, 15 o 16 de noviembre, otros $10.000 y en diciembre otros $10.000. Si vienen las partidas, te agregan para los otros 59".

Finalmente, el elector hizo reserva de acudir al Ministerio Público Fiscal, para el supuesto de que el Tribunal no tome intervención ante el hecho de “manifiesta y evidente ilegalidad”.

Confidencialidad

Juan Manuel Caudana alega en su defensa que la correspondencia que mantiene por medio de un servicio de mensajería digital es confidencial y, por lo tanto, su contenido no puede ser utilizado por el tercero denunciante. En cambio, para el procurador Jorge Barraguirre, no es así.

“Los audios adjuntos por el denunciante Nioi fueron públicos, no correspondencia privada. Son manifestaciones de carácter político ­institucional acerca del proceso electoral mismo, de cómo concibe la democracia el Sr. Presidente Comunal, de cómo se constituye la autoridad y el gobierno locales y de los medios (legítimos o no) que se pueden emplear para obtener el triunfo en su comunidad política: están lejos de ser confidenciales”, sostiene Barraguirre.

En la misma dirección, advierte que “la confidencialidad, en los términos civiles bajo los que pretende defender y excusar su comportamiento (afirma que es secreto, en el fondo) está imbricada y conectada con la intimidad: lo confidencial es lo íntimo”.

Además, el procurador sostuvo que “aun suponiendo que originariamente se trató de unas conversiones íntimas, el propio Caudana las consideró públicas en todas sus apariciones públicas posteriores: en ninguna a las que hemos podido tener acceso sostiene que los dos audios son secretos (o confidenciales) y que fueron “viralizados” en violación a su derecho de confidencialidad e intimidad. Menos aún, estuvo lejos de negar su contenido”.

Según el procurador, la estrategia defensiva de Caudana, además de basarse en una notoria y extraordinaria inconsistencia pragmática, se basa en minusvalorar el derecho constitucional y expandir el derecho penal.

Idoneidad

Por otro lado, el funcionario del Poder Judicial se refirió a la idoneidad de un funcionario del poder público. Al respecto, explicó que de acuerdo a la Constitución Nacional la idoneidad es una condición indispensable que debe satisfacerse para acceder a un empleo público. “La doctrina nacional no discute que el artículo 16 de la Constitución es plenamente aplicable no solo para los empleos públicos o de carrera administrativa sino también para los cargos políticos o electivos. El área en la que no hay consenso es acerca de a qué tipos de empleos resulta conveniente o no su reglamentación”, dijo.

Barraguirre cita en su despacho un fallo del actual ministro de la Corte Suprema Nacional, Horacio Rosatti, quien considera inconveniente intentar regular la idoneidad política incorporando exigencias técnicas. Sí, en cambio, entiende razonable reglamentar la idoneidad política en el sentido de solicitar al candidato exigencias éticas vinculadas a su compromiso con la democracia.

Según Barraguirre, en este caso “estamos frente a un hecho extremadamente severo y chocante que nos devuelve a más de cien años atrás, con anterioridad a la sanción de la ley conocida como ley Sáenz Peña” y entiende que “el presidente comunal y actual candidato a la comuna de Santa Clara de Buena Vista perdió el sentido de las proporciones y se expresó con un notable sentimiento acerca de la falta de límites para triunfar en una elección como así también de la falta de consecuencias de expresarse de ese modo".

En uno de los párrafos más duros, el procurador sostuvo que “la forma en que (Caudana) buscó obtener sufragios favorables tiene impacto directo en la formación de las preferencias lectorales y es totalmente espuria e ilegítima que lo califican como candidato sin idoneidad ética para participar de este sagrado proceso”.