Poco después de su primer encuentro con el gobierno nacional, la CGT anunció un paro general para el 9 de mayo. Pero no se descarta que se llegue a un acuerdo entre la gestión de Milei y los sindicatos.
El 10 de abril se concretó la reunión entre el Gobierno nacional y dirigentes de la CGT. Horas después, la central obrera anunció un paro general para el 9 de mayo.
Un día después de su primer encuentro con representantes del gobierno nacional, en el que se parecieron tender los puentes hacia un entendimiento, la CGT anunció una movilización para el 1° de mayo, seguida de un nuevo paro general para el 9 de ese mes.
Al anunciarse con tanto tiempo de anticipación no se descarta que, en el ínterin, se alcance algún tipo de acuerdo entre la gestión de Javier Milei y los sindicatos. Al menos eso dejan trascender desde sector dialoguista de la CGT –que conducen Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña- y del gobierno nacional, encarnado en Guillermo Francos y Julio Cordero, ministro del Interior y secretario de Trabajo respectivamente.
La convocatoria a la medida de fuerza, pese al inicio del diálogo con el Gobierno, no responde a otro motivo que a la necesidad de contener la presión de los sindicatos más duros, molestos con el ministro de Economía Luis Caputo y su intransigencia a homologar subas salariales acordadas en paritarias. La inquietud también está en la reforma laboral que el Gobierno impulsará en la versión acotada de la Ley Bases, cuyo debate arrancará la semana próxima en Diputados.
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La medida de fuerza, por lo tanto, queda condicionada a que se resuelvan las homologaciones de las paritarias (la de camioneros está próxima y resta la de la UTA, que es más compleja por los subsidios estatales) y a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral. “Para el paro falta casi un mes, todavía puede pasar cualquier cosa”, dijo un jerárquico de la CGT.
El acuerdo salarial entre los Moyano y las tres federaciones empresarias del sector, que contemplaba un 45% de aumento por dos meses, sería validado la semana próxima; este habría sido el compromiso asumido por Guillermo Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, exabogado laboralista del Grupo Techint quien supo tejer buenos lazos con los popes sindicales.
La postura de Cordero augura un fuerte encontronazo con el ministro Caputo, quien bajó la orden de moderar las paritarias por debajo de 10% mensual y no convalidar los acuerdos por encima de ese porcentaje. Para Caputo fijar el tope salarial es determinante en su plan antiinflacionario.
Desconfiados, los sindicalistas quieren ver quién de los dos se impone en esta pelea y, por las dudas, anticipan la convocatoria a un paro. El camionero Pablo Moyano amenazó con un paro sectorial si no le validan la suba.
La creciente conflictividad sindical, que se suma a las protestas de organizaciones sociales, amenaza con alcanzar niveles récord en el poco tiempo que lleva Milei en la Presidencia de la Nación.
La serie de medidas de fuerza de relevancia se inició el 24 de enero –apenas a 45 días de asumir el actual gobierno nacional– con el primer paro general de la CGT. Continuó el 21 de febrero con un paro de trenes y siguió el 28 de marzo con un paro de pilotos, el 4 de abril con un paro nacional docente y el 5 de abril con un paro de estatales. En las últimas 48 horas se registró otro paro de docentes de la Universidad de Buenos Aires, que se sumó al de la UTA del jueves.
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Las medidas de protesta prometen ir in crescendo. La caída salarial en el sector privado fue de entre 20 y 25% desde diciembre a la actualidad, de acuerdo a diferentes relevamientos públicos y privados en base a los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Salvo escasísimas excepciones, no hubo sector que haya podido siquiera igualar a la inflación del período. El retroceso del poder adquisitivo fue mayor en jubilaciones y asignaciones familiares, con una merma de 29,5% en cuatro meses.
El retraso salarial, además de empujar a más familias por debajo de la línea de pobreza, tuvo ya un impacto en la actividad económica. Las ventas del comercio minorista cayeron 12,6% interanual (de marzo 2023 a marzo 2024), según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, mientras que la recaudación del Estado por IVA se redujo un 20% real.
El golpe también se siente en el empleo. Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, contabilizó 80.000 despidos en la construcción desde que el Gobierno dispuso frenar la obra pública, en diciembre de 2023.
La parálisis ya comenzó a impactar en otras industrias, como la metalúrgica, el plástico y el vidrio. Es la consecuencia lógica de un modelo que combina ajuste del gasto público, licuación de salarios y jubilaciones con caída de la actividad y del consumo interno.
En el Gobierno creen que son remedios inexorables, aunque dolorosos, para lograr el tan ansiado repunte económico.
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