Sain fue ministro de Seguridad de la provincia entre diciembre de 2019 y marzo de 2021.
El exministro de Santa Fe, Marcelo Sain, será formalmente imputado este martes en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. La imputación será en una audiencia a puertas cerradas que tendrá lugar en la Fiscalía de Delitos Complejos (General López 3302, de la ciudad de Santa Fe) y que será encabezada por los fiscales de esa área, Ezequiel Hernández y Federico Grimberg.
La audiencia está prevista para las 9.30 y será de manera online, ya que Sain presenciará la atribución de los cargos por videoconferencia, al igual que su abogado particular, Hernán Augusto Martínez. Bajo la misma modalidad, lo harán el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro y la asesora de la cartera, Agustina Moulins, ambos también representados por Martínez.
Por la causa también fueron citados a audiencia de imputación, a partir de las 12, el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; Diego Rodríguez (exsubsecretario de Control); Milagros Bernard; y la exjefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Todos asistidos por el abogado de la ciudad de Rosario, Juan Lewis.
Sain y sus excolaboradores se encuentran implicados en una causa que investiga, técnicamente, una asociación ilícita que durante su paso por el Ministerio de Seguridad, confeccionó por lo menos 661 perfiles de personas (vinculadas a la política, al rubro empresarial y judicial y policial) y entidades tanto públicas como privadas, sin haber tenido -en muchos de los casos- una orden judicial que lo permitiera.
En tales perfiles, los investigadores del Organismo de Investigaciones (OI) detectaron que se colocaron datos personales y privados de distintas personas, en base a la consulta de bases de datos tanto de acceso público como privado. Como, por ejemplo, composición familiar, salario, situación patrimonial y entradas y salidas del país, entre otros elementos que trascendieron al salir el caso a la luz.
El inicio de la investigación surgió a partir de la denuncia realizada por el Subdirector del Organismo de Investigaciones (OI), Víctor Moloeznik, que el 31 de agosto del 2021 puso sobre la mesa de la Fiscalía de Hernández y la entonces fiscal Mariela Jiménez una serie de maniobras vinculadas al espionaje ilegal durante la gestión Sain.
Meses después, el caso salió a la luz cuando policías del Organismo de Investigaciones (junto con Hernández y Jiménez) viajaron hasta la sede del Ministerio de Seguridad de Rosario para inspeccionar las oficinas. Tal procedimiento se dio el 26 de noviembre del año pasado, en medio de un momento de fuerte crisis en la cartera luego de que la mayoría de los funcionarios que eran afines a Sain presentaron su renuncia unos días antes a Jorge Lagna, el entonces ministro.
El sorpresivo procedimiento, en el cual se secuestró documental y celulares, hizo que la defensa de Sain presente unos días después un escrito en Fiscalía para que se informe porqué su cliente era el centro de una investigación judicial. La misma situación se dio después con el resto de las defensas que asumieron en el caso que pidieron tener acceso a las actuaciones del caso.
Sin embargo, ante la negativa de la Fiscalía de brindar la información recopilada en la causa, se generó un conflicto judicial que terminó tratándose de manera jurisdiccional, es decir, ante distintos jueces penales de los tribunales de Santa Fe. El primero en resolver fue el juez Nicolás Falkenberg que rechazó el pedido de acceso; luego fue Rosana Carrara que también ratificó la posición de la Fiscalía; y finalmente, el juez Jorge Patrizi, que ordenó levantar el secreto de sumario.
Apeladas las tres resoluciones, el pleito judicial terminó zanjándose ante el juez camarista Sebastián Creus que ordenó a la Fiscalía, en marzo de este año, darles acceso a las respectivas defensas de las personas investigadas.
En paralelo a los incidentes judiciales, se constituyeron como querellantes el Estado provincial (por medio del fiscal de Estado, Ruben Weder), el diputado Maximiliano Pullaro (exministro de Seguridad durante el gobierno del frente progresista), el gremio Upcn, los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret y el empresario de medios de Rosario, Gustavo Scaglione.
Sumado ello, existieron por lo menos tres planteos para que el caso se tramite en la Justicia federal de Santa Fe ya que el mismo se encuentra enmarcado en la violación a ley nacional de inteligencia. Quien primero pidió el cambio de fuero fue el propio Sain pero el requerimiento no prospero ya que el juez Reinaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado federal N°1, ordenó que la investigación siga en la Fiscalía de Delitos Complejos del MPA. Luego fue el diputado nacional, Roberto Mirabella, sin embargo, tampoco tuvo ningún asidero su planteo. Y finalmente Sain cuando presentó una denuncia por violación de secreto luego de que filtren audios de la causa en donde se lo escuchaba al exministro refiriéndose de manera amenazante y con desprecio de funcionarios del ámbito judicial.
En medio de la causa, la Fiscalía citó a Sain por la otra investigación que pesa en su contra y que apunta a una licitación para comprar armas para la Policía de la provincia. En dicha investigación, el exfuncionario del gobierno de Omar Perotti terminó siendo acusado de realizar “negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta”.
Por la misma imputación, también fueron imputados el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas, que acompañaron a Sain durante su paso por el gobierno provincial.
En esa causa, los hoy exmiembros del gabinete de Seguridad fueron acusados de haber intentado realizar maniobras defraudatorias para beneficiar al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, en el marco de la licitación pública número 11/2021 que luego terminó siendo desestimada por el propio gobierno.
Finalmente, en octubre de este año, la Fiscalía citó a Sain y el resto de los acusados para ser imputados en una audiencia que será en estado de libertad y en la sede de Delitos Complejos de la Fiscalía. Se prevé de todas maneras, que la causa pueda tener un nuevo capítulo más adelante en caso de que los fiscales pidan medidas cautelares para los implicados que tiene el caso. De ser así, los requerimientos deberían ser ante un juez en tribunales.
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