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Paso a paso: cómo sigue el proceso para que los bonos que cobrará Santa Fe se conviertan en obras

La firma del acuerdo entre Nación y Provincia para el pago de una deuda histórica abre un nuevo capítulo. Se inicia un proceso de diálogo y negociación con intendentes, presidentes comunales y también con las empresas en condiciones de ejecutar las obras públicas que se realizarán con estos fondos.

Dieciséis años después de que la Nación comenzara a retener de manera ilegal parte de la coparticipación de Santa Fe y de que se iniciaran los reclamos administrativos que desembocaron en una presentación ante la Suprema Corte Suprema de Justicia, la Provincia y el Gobierno central firmaron un acuerdo para que el dinero detraído comience a ser devuelto.

Como ya se sabe, lo que llegará a Santa Fe no serán pesos, sino una serie de bonos del Estado nacional con un valor nominal de $ 151.873, que deberán ser administrados de la mejor manera para obtener los máximos rendimientos posibles cuando sean negociados en los mercados financieros. También se sabe que los recursos que se obtengan a través de esos bonos no podrán ser utilizados para cubrir gastos corrientes del Estado -por ejemplo, pago de sueldos-, sino que tendrán que destinarse a obras o a la compra de equipamiento que perdure a lo largo del tiempo.

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El Gobierno de Santa Fe iniciará una serie de reuniones generales con intendentes y presidentes comunales. Luego se evaluará la situación particular de cada municipio y comuna.

El Gobierno de Santa Fe iniciará una serie de reuniones generales con intendentes y presidentes comunales. Luego se evaluará la situación particular de cada municipio y comuna.

El camino para llegar a estas instancias fue largo y difícil para la Provincia de Santa Fe. Pero a partir de ahora, comienza a transitarse un desafío que no es menor: definir las estrategias para determinar de qué manera aprovechar mejor estos recursos, cómo coparticiparlos a municipios y comunas, cómo determinar cuáles son las obras prioritarias, dialogar con cada uno de los gobiernos de pueblos y ciudades, y también con las empresas en condiciones de ejecutar obras públicas para saber, por ejemplo, si están dispuestas a recibir estos bonos a cambio de su trabajo.

Este "paso a paso" se inicia este mismo jueves, cuando el fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder, y representantes del área Jurídica del Ministerio de Economía de la Provincia presenten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el acuerdo alcanzado con el Gobierno central.

Una vez que la Corte homologue este acuerdo -se supone que será un proceso rápido-, se dará por cumplida la sentencia en contra de la Nación y el caso se considerará cerrado.

A partir de ese momento, el Ministerio de Economía de la Nación tendrá 30 días para entregar los bonos a la Provincia de Santa Fe -algunos ya están emitidos y otros se deberán emitir-.

Se inicia una ronda de encuentros con intendentes y presidentes comunales

En las próximas semanas, desde el Gobierno de Santa Fe se comenzarán a organizar reuniones con intendentes y con presidentes comunales. Se espera que sean dos encuentros diferentes, con el objetivo de responder a todas las dudas que los responsables de administrar ciudades y comunas puedan plantear, ya que poco más del 13% de estos bonos -a valor nominal representa cerca de 20.000 millones de pesos- deberá ser coparticipados con pueblos y ciudades.

Luego de estos encuentros generales, llegará el momento de poner en marcha instancias de diálogo puntuales con cada intendente y cada presidente comunal. Si bien será el Ministerio de Economía el que administre esos activos, estos encuentros se realizarán a través de funcionarios del área de Municipios y Comunas.

Al tratarse de títulos públicos son indivisibles, y esto generará la necesidad de negociaciones. En otras palabras, si fuese dinero en efectivo, cada ciudad o comuna podría recibir el monto exacto que le corresponde según el 13% de la coparticipación. Pero al ser bonos, la situación es más compleja.

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Con los fondos obtenidos a través de los títulos públicos que recibirá Santa Fe, se avanzará en obras que ya están licitadas o por licitar en distintos puntos del territorio de la provincia.

Con los fondos obtenidos a través de los títulos públicos que recibirá Santa Fe, se avanzará en obras que ya están licitadas o por licitar en distintos puntos del territorio de la provincia.

Una idea que se maneja desde el Gobierno es generar un fondo común con el dinero obtenido a través de la liquidación de los bonos en el mercado y, con lo generado, distribuir los pesos que le corresponda a cada localidad. De todos modos, no se decarta que en algún caso una ciudad o una comuna prefiera recibir directamente el pago en bonos y luego hacerse cargo de la administración de esos títulos.

Todas las negociaciones en este sentido se realizarán de manera directa con intendentes y presidentes comunales, no con senadores departamentales. "Si algún senador requiere información sobre la distribución de los fondos o las obras que se realizarán con ellos, tendrá la posibilidad de solicitar los datos al gobierno", dijo a AIRE una fuente de la Casa Gris.

Cómo se utilizará el 87% de los fondos que no son coparticipables

El grueso de los recursos que cobrará la Provincia del Gobierno nacional no será coparticipable y su destino dependerá de las prioridades que establezca el Gobierno de Santa Fe. En este sentido, la idea del Poder Ejecutivo es priorizar obras que ya están en marcha o se encuentran licitadas, pero que por el momento no cuentan con el presupuesto asignado para avanzar o para ser concluidas.

En parte, estos recursos serán destinados a acelerar obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida de sectores postergados de las grandes ciudades -sobre todo Rosario y Santa Fe-. Estos fondos se sumarán al 13% de los recursos que estos centros urbanos recibirán por coparticipación.

La idea es que estas obras contribuyan a mejorar los estándares de vida de amplios sectores y que, de esta manera, también contribuyan a reducir los niveles de inseguridad y de violencia urbana.

Pero este proceso de diálogo y negociaciones no solo serán imprescindibles con intendentes y presidentes comunales, sino también con el sector empresario en condiciones de llevar adelante la obra pública en la provincia.

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Uno de los objetivos del Gobierno de Santa Fe es avanzar en obras que mejoren la infraestructura y calidad de vida en barrios de las grandes ciudades, con la idea de que contribuyan a reducir también los índices de violencia.

Uno de los objetivos del Gobierno de Santa Fe es avanzar en obras que mejoren la infraestructura y calidad de vida en barrios de las grandes ciudades, con la idea de que contribuyan a reducir también los índices de violencia.

Habrá empresas dispuestas a recibir bonos como forma de pago. Otras, que pueden aceptar estos bonos como garantía. También será imprescindible dialogar con el sector bancario para saber si está dispuesto a otorgar financiamiento tomando los títulos como garantía.

Se abrirá a partir de ahora un abanico de posibilidades con el objetivo esencial de cuidar el valor de los bonos y generar las estrategias para obtener el mayor valor posible en el mercado.

¿Por qué será esencial dialogar con las empresas?: básicamente, porque de nada serviría abrir un proceso de licitación bajo determinadas condiciones y que no se presenten interesados desde el sector privado para realizar los trabajos.

En definitiva, cuanto mayor nivel de acuerdo y mejor nivel de liquidez de los bonos, se logrará un ritmo de obras más conveniente. El objetivo del gobierno es avanzar en este proceso durante la segunda mitad de este año.

Un último dato: a partir de este acuerdo, Santa Fe volverá a aportar el 1,9% de su coparticipación a la Afip -todas las provincias lo hacen, pero Santa Fe dejó de realizar este aporte desde el momento del litigio-.

Esto permitirá que el Gobierno provincial vuelva a tener acceso a la base de datos de la Afip sobre los contribuyentes de la provincia de Santa Fe. Se espera que este mayor nivel de información tributaria -en especial de los grandes contribuyentes-, permita reducir los niveles de evasión e incrementar la recaudación impositiva.

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