Los once ¿ex? empleados de la Caja de Jubilaciones de la provincia aún no fueron notificados de su desvinculación.
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Trabajo, Roald Báscolo, firmaron el decreto Nº 53, fechado el 24 de enero pasado, mediante el cual dejaron sin efecto 11 pases a planta permanente en la Caja de Jubilaciones, dispuestos en diciembre por el exmandatario Omar Perotti en el marco de los acuerdos paritarios de 2023.
En el decisorio, al que accedió AIRE, aparecen algunas semejanzas y otras novedades respecto de argumentación jurídica utilizada para la primera tanda de desvinculaciones, conocida a mitad de enero, que alcanzó a 187 trabajadores públicos de la Provincia.
Pero también, en esta ocasión, se incorpora un componente político que sube el voltaje: entre esas once personas figura una asesora de la gestión anterior.
Como en todos los casos anteriores, la tarea estuvo a cargo de la comisión revisora creada en los inicios del gobierno de Pullaro para auditar los pases a planta de la administración justicialista. Se puso el foco aquí en el decreto N° 2870, firmado el 6 de diciembre de 2023 por Perotti.
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El primer argumento para dejar sin efecto aquella decisión es la denominada regla de fin de mandato, incluida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual establece que “durante los dos últimos trimestres no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente”, por ejemplo, la incorporación de personal.
En ese sentido, el documento oficial asevera: “La Comisión destaca que de las constancias obrantes en las actuaciones referenciadas, surge que el Decreto N° 2870/2023 violenta claramente el principio enunciado, ya que fue dictado en fecha 6 de diciembre de 2023”.
Hasta allí parecería no haber discusión, salvo por un detalle: la regla de fin de mandato tiene excepciones. Una de ellas son los gastos corrientes “cuya causa originariamente exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio”. El acuerdo paritario previo sobre el cual gira el decreto de Perotti podría encuadrarse en esa cláusula. Controversia en puerta.
Pero además, hay otro elemento que podría ser motivo de pulseada judicial. En la mirada legal de estas once personas se puede alegar que no hay incremento del gasto corriente en tanto los salarios ya se pagaban cuando eran planta transitoria. Y además, no está comprobado si el eventual aumento de las erogaciones no tuvo una disminución en paralelo, por caso renuncias o cesantías por cuestiones disciplinarias.
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Por otra parte, el decisorio del gobernador y su ministro de Trabajo plantea que el acta acuerdo 2 de 2023 de la paritaria central, homologada por el correspondiente decreto de Perotti, estableció “las pautas y procedimientos de pase a planta permanente provisional del personal contratado y de titularización de subrogancias”.
Entre ellas figura la “necesidad de existencia de una vinculación contractual con la Provincia iniciada con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y hasta el 15 de diciembre de 2022, inclusive, y que actualmente se encuentren desempeñando tareas”.
En ese aspecto, señala que “las vinculaciones contractuales del caso” se iniciaron los días 26 y 27 de diciembre de 2022, según un informe del Departamento de Recursos Humanos de la Caja.
Y agrega que “de los informes extraídos del sistema SARH -Sistema de Administración de Recursos Humanos- surge que no existe vinculación alguna previa que pudiera permitir el pase a planta permanente según lo establecido en el acta paritaria N° 2/2023”.
En este punto hay un criterio que se asemeja a la primera tanda de desvinculaciones y queda evidenciado cuando en el decreto se precisa que, para Fiscalía de Estado, “resulta decisivo” el dato que aporta el SARH “del que da cuenta que la toma de posesión de la totalidad de los contratados fue en fecha posterior al 15 de diciembre de 2022, pauta temporal expresamente establecida” en la ley de presupuesto 2023, “por lo que torna ilegítimas las designaciones dispuestas por Decreto N° 2870/2023”.
Es decir: reaparece la polémica por el momento en que se produce el inicio del vínculo laboral. Para el gobierno de Pullaro, está claro que el punto de partida es la toma de posesión, en este caso excedida en el tiempo, aunque la fecha de la firma del contrato sí se ajuste al período acordado en paritarias para el pase a planta permanente.
En este contexto, el decreto del gobernador le pone pimienta a la argumentación, al “destacar la situación” de una mujer, “quien renunció como personal político de gabinete - Asistente Técnico Nivel I- el día 26 de diciembre de 2022, para tomar posesión como contratada en fecha inmediatamente posterior, teniendo como único objetivo su pase a planta en contradicción a lo aprobado como acuerdo paritario”.
Ese párrafo envenenado presenta una objeción más política que legal, está claro.
Con todo, los once ¿ex? empleados de la Caja de Jubilaciones de la provincia aún no fueron notificados de su desvinculación. Seguramente será tema de cinchada en la segunda reunión de la paritaria central, prevista para este lunes.
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