“Lo que cambia es que el menor involucrado en un delito es perseguido y llevado a investigación y juicio por la fiscalía, con reglas muy similares a las de un adulto. El juzgamiento de un menor hoy pasa a ser, más o menos, muy parecido al de un mayor”, explicó Cococcioni.
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Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema es que deja atrás el modelo escrito y tutelar que regía hasta ahora en los juzgados de menores, donde los fiscales no intervenían y las causas raramente llegaban a juicio. “Era un modelo profundamente inconstitucional, con una aplicación mínima, prácticamente reducido a casos extremos”, señaló.
Con el nuevo esquema, los exjueces de menores pasan a formar parte del Colegio de Jueces Penales y tramitan los casos bajo el mismo sistema de audiencias públicas. “Hay un aprovechamiento mucho más eficiente del recurso juez. Ya no se usan más expedientes escritos”, detalló el ministro.
Fiscalías activas y equipos especializados
El Ministerio Público de la Acusación también readecuó su estructura. “Los que eran asesores de menores y secretarios han sido traspasados como fiscales adjuntos, aunque no serán exclusivamente para causas de menores. De todos modos, la Fiscalía General creó un equipo especializado para unificar criterios y garantizar una intervención homogénea en toda la provincia”, detalló Cococcioni.
Además, el gobierno provincial creó dos centros de atención para los menores detenidos: uno en Santa Fe (en la ex Asuntos Juveniles) y otro en Rosario (en la ex Casa del Adolescente). Allí funcionan equipos mixtos de Seguridad, Justicia y Niñez, que se encargan de todo el trámite y la derivación a un lugar de alojamiento si fuera necesario.
Más eficiencia y mayores consecuencias
Según Cococcioni, uno de los principales impactos del nuevo sistema será una mayor eficiencia investigativa. “Antes, un juez solo tenía que investigar con recursos muy limitados. Ahora intervienen todos los órganos fiscales y la policía. Esto permite que los hechos no pasen por debajo del radar, como ocurría antes”, aseguró.
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El gobierno provincial creó dos centros de atención para los menores detenidos: uno en Santa Fe (en la ex Asuntos Juveniles) y otro en Rosario (en la ex Casa del Adolescente).
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El nuevo código no modifica la edad de punibilidad —que sigue siendo de 16 años— ni el tipo de penas que se pueden aplicar, pero sí permite una respuesta judicial más efectiva. Y para los menores no punibles, es decir, los menores de 16 años, se prevé una medida excepcional en casos graves, que puede incluir la institucionalización en un establecimiento.
“Esto no lo prevé la legislación nacional, pero sí el Código Procesal Penal de Santa Fe. Es para casos muy extremos, donde el menor causa daño a sí mismo o a terceros, y siempre bajo decisión judicial”, concluyó el ministro.
