En la última sesión del Senado, el jueves pasado, el senador Armando Traferri hizo una larga exposición sobre lo que consideró "la ruta de un fraude judicial", en la que volvió a cuestionar la actuación de los dos fiscales que lo investigan en la causa de juego ilegal: Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
El fiscal Schiappa Pietra dijo que está dispuesto a ir a la Legislatura mañana mismo, en la entrevista con Luis Mino, pero pidió que dejen pasar a los medios.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalTraferri, que se escudó en sus fueros y no aceptó comparecer ante la Justicia, pretende que la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura inicie una actuación formal contra los dos fiscales con el objetivo de sancionarlos e incluso destituirlos. Entre muchas otras acusaciones, siempre ante sus pares que evitaron que pierda la inmunidad legislativa, insistió en que fue víctima de escuchas ilegales y espionaje.
En una entrevista con Luis Mino en AIRE, el fiscal Schiappa Pietra volvió a defender la investigación de la red de juego clandestino en la que el senador del Departamento San Lorenzo aparece mencionado por el testimonio de Leonardo Peiti, el zar del juego ilegal en la provincia.
"Es muy grave lo que está haciendo. Intenta sistemáticamente desacreditar la investigación y está diciendo mentiras y cosas que no son ciertas. Esta causa ya le costó el cargo a dos fiscales, hay un empresario condenado -el mismo que vinculó a Traferri- y una sensación de impunidad en torno al senador muy grande", planteó el fiscal.
Schiappa Pietra también le respondió al senador Joaquín Gramajo, quien definió como "esclarecedora" la documentación que aportó Traferri el jueves. "Si el senador Gramajo quiere, nosotros vamos a la Legislatura mañana, pero que dejen pasar también a todos los medios", solicitó.
Ante una nueva denuncia de Traferri, el fiscal fue claro: "O nos echan o vamos a seguir investigando. Lo que está en juego es el vínculo de la política con la criminalidad compleja"
Schiappa Pietra aseguró que durante la investigación de la red del juego ilegal se intervino el teléfono de Peiti, pero nunca el de Traferri. Además recordó que la declaración del empresario del juego ilegal se realizó ante un juez y es de acceso público, y que el senador aparece fuertemente vinculado con el lobby político para entregar una porción sustancial del juego legal en Santa Fe al empresario que ya manejaba los hilos de la red de juego ilegal.
"Cuando fuimos a pedir el desafuero de Traferri hubo un abroquelamiento muy importante en el Senado y sólo cuatro legisladores votaron a favor de los 19 que conforman la cámara. La mayoría de las discusiones las tuvimos con los senadores Gramajo y Enrico", recordó el fiscal.
La causa del juego clandestino interpela a un sector de la política en Santa Fe
En el mano a mano con Mino, el fiscal Schiappa Pietra insistió en que lo que está en juego en la causa del juego clandestino son los vínculos entre una parte de la política santafesina y la criminalidad compleja. "Esta es una causa en la que la vicegobernadora Alejandra Rodenas se presentó ante el juez pidiendo que la escuchen. Esto ha sido también inaudito. Y el senador Armando Traferri también fue mencionado en la Causa Alvarado como cercano a un grupo de policías que están condenados en esa causa", precisó.
Para el fiscal, aquí hay un eje que atraviesa e interpela a un sector de la política santafesina. "No es solo un sector del PJ el que ha protegido al senador, esto excede al Partido Justicialista", señaló. También reconoció que otros legisladores, como Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade, respaldaron la importancia de esta investigación judicial.
En el final, Schiappa Pietra dijo que esperan la resolución de los miembros de la Suprema Corte de Santa Fe sobre el recurso extraordinario que presentaron para poder poner a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo provincial que impide investigar al senador Traferri.
Tal como anticipó AIRE, si la Corte de Santa Fe considera admisible el pedido de los fiscales, el fallo será analizado por la Corte nacional, que deberá determinar si el Código Procesal Penal de Santa Fe y la Constitución provincial se contraponen con los preceptos de la Constitución Nacional, en lo que refiere al alcance de la inmunidad que brindan los fueros legislativos a los diputados y senadores. En caso de que la Corte de Santa Fe rechace el planteo, los fiscales tendrán la alternativa de ir directamente a la Corte nacional mediante un recurso de queja.
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