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Nuevos tribunales de Santa Fe: una reunión clave que sigue esperando

Una de las empresas que ganó la licitación para construir el nuevo edificios de tribunales de Santa Fe perdió en 2020 tres contratos de obra pública por supuestos incumplimientos y su presidente está imputado en la Justicia. En enero, estaba prevista una reunión clave para analizar la situación de esta firma, pero se suspendió. ¿Por qué es importante el paso del tiempo?

Se trata de la firma Dinale SA, con sede en Rosario, que en febrero de 2020 perdió tres obras en el Senado y a partir de entonces su presidente, Germán De Vincenzo, fue imputado por supuestas irregularidades por la fiscal federal Paloma Ochoa, de Capital Federal. En el mismo caso aparece imputada también la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

A su vez, fuentes ligadas con la construcción y otras relacionadas con la política provincial -todos pidieron mantener sus nombres en reserva- dijeron a AIRE que existen fuertes rumores que indican que el año pasado inversores vinculados a Dinale, junto a un empresario de medios de Santa Fe, compraron una constructora de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que también realiza obras en la provincia, como por ejemplo el nuevo observatorio astronómico del Code en esta capital.

Se trata de la firma Cocivial, que si bien funcionó desde 1978 en la ciudad de San Nicolás, en diciembre de 2021 pasó a tener domicilio fiscal y legal en la ciudad de Rosario, según consta en el Registro Nacional de Sociedades.

AIRE consultó sobre estas versiones al dueño de Dinale, Germán De Vincenzo, quien negó ser el propietario de Cocivial.

También fue consultado Alejandro Manera, ex propietario de Cocivial. En este caso, Manera reconoció que en 2021 vendió la constructora que desde 1978 perteneció a su familia en San Nicolás. Sin embargo, no accedió a dar información sobre quién o quiénes fueron los compradores: "Esa información es confidencial", fue la respuesta una y otra vez.

Una licitación realizada desde la Corte de Santa Fe

La licitación de la obra de la ampliación del edificio de Tribunales de Santa Fe se realizó directamente desde la Corte Suprema de Justicia de Provincia durante el año pasado, sin participación del Poder Ejecutivo.

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El presupuesto oficial para la segunda etapa de la ampliación de los tribunales de Santa Fe era de alrededor de 4.500 millones de pesos, pero la UTE que ganó la licitación consideró que puede realizar la obra por menos de 4.000 millones.

El presupuesto oficial para la segunda etapa de la ampliación de los tribunales de Santa Fe era de alrededor de 4.500 millones de pesos, pero la UTE que ganó la licitación consideró que puede realizar la obra por menos de 4.000 millones.

Tres días después de que AIRE publicara su primer informe periodístico sobre este tema, la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana, reveló que ya había existido un intento fallido de penalizar a Dinale desde el Registro de Licitadores de Santa Fe. Y adelantó que durante enero, los integrantes de este Registro se reunirían para volver a evaluar la situación de la empresa y decidir si esta firma está en condiciones de presentarse a licitaciones para construir obras públicas en territorio santafesino.

Sin embargo, esa reunión nunca se realizó por falta de quorum. Distintas fuentes consultadas al respecto coincidieron en que algunos de los integrantes de este Registro -conformado por representantes del Ministerio de Infraestructura, de las cámaras empresariales y constructoras de la provincia- estuvieron de vacaciones en enero y no se alcanzó la asistencia necesaria para que este órgano avanzara en el caso.

Se espera que en febrero los miembros del Registro de Licitadores puedan reunirse y analizar el caso de Dinale, que en estos momentos participa de distintas licitaciones de obra pública en la provincia y ya se adjudicó -en una UTE integrada con otras dos firmas- la licitación del proyecto de la ampliación de los tribunales de Santa Fe.

El paso del tiempo no es un dato menor: desde el 23 de enero de 2006, durante el último gobierno de Jorge Obeid, rige en Santa Fe el decreto 195 que prohíbe a cualquier empresa a la que se le haya rescindido un contrato de obra pública por incumplimientos -en cualquier lugar del país-, presentarse durante dos años en licitaciones dentro del territorio santafesino.

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Los dos años desde que el Senado de la Nación le rescindió tres contratos de obras a Dinale SA se cumplen el próximo 26 de febrero -apenas faltan 19 días-. Sin embargo, existe un dato clave que los integrantes del Registro de Licitadores podrían tomar en cuenta: Dinale recurrió la sanción aplicada por el Senado aquel 26 de febrero de 2020 hasta que, el 26 de octubre del mismo año, el Senado ratificó su postura y elevó el caso a la Justicia.

De esta manera, si se tiene en cuenta que las rescisiones de contratos con el Senado quedaron firmes el 26 de octubre del 2020, los dos años desde aquella sanción se cumplirían recién el 26 de octubre de 2022, por lo que aún habría tiempo para suspender a esta empresa en caso de que se considere necesario.

Dinale argumenta que no se le puede impedir de participar de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Fe, porque nunca fue excluida del Registro Nacional de Obra Pública, lo cual es cierto y es un requisito planteado en el decreto firmado por el exgobernador Obeid.

Dinale y las obras perdidas en el Senado

La segunda etapa de la ampliación de los tribunales implica avanzar en la finalización de un edificio de 22.000 metros cuadrados con un presupuesto oficial de era de 3.494. 770.503,41 pesos, aunque la UTE que integra Dinale consideró que está en condiciones de realizar la obra por 3.099.997.757 pesos, según los datos publicados por el Poder Judicial de Santa Fe

Los contratos rescindidos desde el Senado de la Nación a Dinale fueron por trabajos de readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrentes y circulaciones del edificio Alfredo Palacios del Senado; reestructuración de vías de escape, contraincendio, pleno de escaleras y nuevo ascensor; y readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida.

Según la Resolución 374 del Senado, en el caso de esta última obra Dinale había cobrado el 40,3% de los trabajos, pero sólo se observaba un avance de obra del 3%. En el caso de la segunda obra había cobrado el 32% de la contratación, con un avance de solo el 12,7%.

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