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Política obra | Senado | Santa Fe

Nuevos tribunales de Santa Fe: confirman que evaluarán la situación de una de las empresas beneficiadas

Lo adelantó la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana. La licitación fue realizada desde la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Una de las firmas que se adjudicó la obra de ampliación de los tribunales, perdió tres proyectos por supuestos incumplimientos en el Senado de la Nación.

La ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, confirmó que próximamente se evaluará desde el Registro de Licitadores de la Provincia la situación de la empresa constructora Dinale SA, una de las firmas que integran la UTE que resultó ganadora de la licitación para avanzar en la construcción de la segunda etapa de la ampliación del Palacio de Tribunales de esta capital, una obra cuyo presupuesto oficial fue de aproximadamente 4.500 millones de pesos.

Tal como revelara un informe periodístico publicado por Aire Digital, esta empresa perdió durante 2020 tres obras que se había adjudicado en el Senado de la Nación, debido a supuestos incumplimientos en los trabajos. El caso derivó en una presentación judicial, por lo que el propietario de Dinale, Germán De Vincenzo, y la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, están imputados por supuestas irregularidades.

En el programa Ahora Vengo, que se emite cada mañana en Aire de Santa Fe, la ministra Frana ratificó que "en la próxima reunión del Registro de Licitadores se revisará la actitud de la Provincia hacia esta empresa".

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La ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, aseguró que 2021 fue el primer año en que el Registro de Licitadores de la Provincia se integró

La ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, aseguró que 2021 fue el primer año en que el Registro de Licitadores de la Provincia se integró "de forma transparente".

En realidad, ya existió un intento de sanción desde este Registro de Licitadores de la Provincia, pero la empresa recurrió el planteo argumentando que nunca fue dada de baja del Registro Nacional, lo cual es cierto. Tanto es así, que en los últimos meses ganó una licitación para construir una obra relacionada con el Pami.

Frana aseguró que el caso será tratado en la próxima reunión del Registro provincial, ya que en Santa Fe existe desde 2006 un decreto -el 195, firmado durante la última gestión de Jorge Obeid- que impide presentarse a licitaciones públicas a toda empresa que hubiese perdido obras de carácter público por incumplimientos.

Cabe aclarar que el proceso licitatorio para la construcción de la segunda etapa de los tribunales de esta capital fue llevado adelante desde la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

La ministra Frana explicó, además, que cuando la actual gestión de Omar Perotti llegó al gobierno, detectaron "irregularidades en la selección de quienes integraban el Registro de Licitadores", un organismo conformado por funcionarios del Ministerio de Infraestructura, empresarios y cámaras empresariales.

"El pasado 2021 fue el primer año en que hubo un selección transparente de la empresa integrante del Registro, ya que se la designó a través de redes sociales entre todas las empresas que estuvieron dispuestas a participar", insistió Frana.

Una obra a punto de reiniciarse

Luego de que la UTE integrada por las firmas Edeca SA, Pedro Minervino SA y Dinale SA. resultara ganadora de la licitación convocada por la Corte santafesina, se espera que en pocos días se reinicien las obras para la construcción del anexo del Palacio de Justicia de esta capital.

Se trata, nada menos, de la finalización de un edificio de 22.000 metros cuadrados, con un presupuesto oficial de 3.494. 770.503,41 pesos -la UTE ganadora ofertó 3.099.997.757 pesos- según el llamado a licitación publicado en la página del Poder Judicial de Santa Fe a principios de 2021.

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En un informe publicado el pasado viernes 7 de enero, Aire Digital reveló que Dinale SA, una de estas empresas ganadoras de la licitación, perdió tres obras que había iniciado en el Senado de la Nación: el 26 de febrero de 2020 el Senado le quitó al menos tres obras que debía llevar adelante por supuestos incumplimientos, el 26 de octubre del mismo año el Senado rechazó las apelaciones presentadas por la empresa y el caso derivó, incluso, en una causa judicial que tiene como imputados al presidente de la firma, Germán De Vincenzo, y a la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

Desde el 23 de enero de 2006, durante el último gobierno de Jorge Obeid, rige en Santa Fe el decreto 195 que prohíbe a cualquier empresa a la que se le haya rescindido un contrato de obra pública por incumplimientos, presentarse durante dos años en licitaciones dentro del territorio santafesino.

El decreto 195 plantea textualmente lo siguiente: "Establécese como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios o contrataciones directas de obras públicas; la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodología que no contenga publicidad".

Las obras que Dinale perdió

A través de las Resoluciones 372, 373 y 374 de 2020, el Senado de la Nación rescindió tres contratos con Dinale, argumentando que la empresa no había cumplido con los compromisos asumidos.

Se trata de los trabajos de readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrentes y circulaciones del edificio Alfredo Palacios del Senado; de la reestructuración de vías de escape, contraincendio, pleno de escaleras y nuevo ascensor; y la readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida.

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La segunda etapa de la obra consiste en la finalización de la ampliación del Palacio de Justicia de Santa Fe.

La segunda etapa de la obra consiste en la finalización de la ampliación del Palacio de Justicia de Santa Fe.

Según la Resolución 374 del Senado, en el caso de esta última obra Dinale había cobrado el 40,3% de los trabajos, pero sólo se observaba un avance de obra del 3%. En el caso de la segunda obra había cobrado el 32% de la contratación, con un avance de solo el 12,7%.

Aquellas rescisiones de contratos a Dinale tuvieron, incluso, impactos judiciales, luego de que el presidente de la constructora rosarina, Germán De Vincenzo, fuera imputado junto a la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, por la fiscal federal Paloma Ochoa por supuestas irregularidades. Las denuncias fueron presentadas por la directora de Asuntos Legales del Senado, Graciana Peñafort, con el argumento de que se pagó por trabajos que no se habían realizado.

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