sábado 5 de diciembre de 2020
Política | Santa Fe | Omar Perotti | Miguel Lifschitz

Necesidad pública: la oposición valora el clima de diálogo pero dice que sin cambios la ley no sale

Radicales y socialistas consideran que el proyecto oficialista para atender las urgencias financieras, sanitarias y seguridad debe salir por consenso. Dicen que es inédito que un gobernador pida que se le deleguen facultades para tomar deuda por casi 600 millones de dólares y que por eso debe ser más claro el destino del dinero, las condiciones de la deuda y qué herramientas concretas de asistencia a los municipios habrá.

Los rituales de cortesía removieron la fricción en los encuentros entre el gobierno de Omar Perotti y los principales representantes de la oposición. Pero la viabilidad del proyecto de necesidad pública en materia financiera, sanitaria, alimentaria y de seguridad sigue encallada en el obstáculo principal: el manejo del dinero, su destino y su control. Tanto radicales como socialistas persisten en la idea de que el único camino posible para que prospere la iniciativa que busca el gobernador es el consenso político. Si se logra, el mensaje que llegará mañana a la Legislatura será ley. En otro caso su destino es el archivo.

El punto básico de divergencia se mantiene en la idea de que el proyecto implica en que, de salir como está, la necesidad pública otorga a Perotti un volumen de fondos públicos inédito que podrá gastar de manera discrecional, sin supervisión de la Legislatura, dado que la comisión bicameral de control prevista no tendrá en los hechos capacidad material de examinar la finalidad dada a una enorme masa de recursos, que por la flexibilidad en los mecanismos de contratación podrán emplearse en compras directas.

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Por eso en el Frente Progresista, que con sus 28 diputados tienen voz definitiva en el devenir del proyecto, siguen plantados en la necesidad de continuar discutiendo. Asumen que el proyecto actual es superador de la ley de emergencia que naufragó en diciembre. Pero señalan que el borrador que el gobierno les entregó desde ayer, aunque no permita hablar de superpoderes, delega facultades para que el Ejecutivo haga desembolsos ceñidos a su criterio pasando, si fuera la voluntad, partidas concebidas para inversiones de capital para atender gastos corrientes.

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Otro ítem que también proponen revisar es el régimen de asistencia financiera a municipios y comunas, al que el nuevo proyecto le delega un 12% del presupuesto general de recursos en concepto de lo que se recaude de impuestos nacionales y provinciales. Para la oposición, las acuciantes necesidades de ciudades y pueblos lo exigen. “Es valioso que en el nuevo texto hay un reconocimiento a la atención financiera a municipios que en la emergencia no figuraba. Pero es necesario especificar más concretamente sobre cuándo estarán disponibles esos recursos, con qué instrumentos y con qué regularidad de asistencia”, indicó uno de los dirigentes radicales que estuvieron con el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo y con el propio Perotti.

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El presidente de la UCR santafesina, Carlos Fascendini, sostuvo este lunes que, restablecida la confianza, lo importante es discutir sin el apremio de los plazos. Pero para eso la oposición insiste al gobierno con dos condiciones para que el proyecto alcance un norte. El primero es que se examinen los artículos en desacuerdo. El segundo es que el mensaje no entre por el Senado, como quiere la Casa Gris, sino por la Cámara de Diputados.

Si no ocurre esto el camino del proyecto, anuncian, será el rechazo. ¿Por qué? Porque por la dinámica legislativa reglamentaria, si el proyecto entra en el Senado y luego Diputados le hace modificaciones, el Senado puede desestimar esos cambios y aprobar la norma a condición de reunir los dos tercios de sus miembros. Esto va a implicar entonces que si el mensaje es receptado primero por el Senado, cuando pase a Diputados la oposición que es mayoría lo sepulte, o bien lo pase a distintas comisiones, donde puede quedar congelado, algo contrario a la urgencia de Perotti.

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El ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, indicó ante los legisladores opositores que en la Casa Gris habían sido muy flexibles al redactar el proyecto de necesidad pública, siendo receptivos con los planteos sobre ser explícitos respecto a la distribución de recursos a intendentes, limitando la atribución de hacer manejos orgánicos o normativos sobre el sistema policial y remarcando las amplias necesidades de atender las urgencias alimentarias.

Los legisladores dijeron haber reconocido esa disposición pero aún así observaron que para respaldar el proyecto ven indispensable transitar más etapas. “Nadie quiere brusquedad cuando se está buscando diálogo. Pero, en principio, el proyecto así no sale. Es mucho dinero sin control. Más de lo que ningún gobernador tuvo en el pasado”, afirmaron.

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Conceptos parecidos se reiteraron esta mañana con los dirigentes socialistas que fueron a la Casa de Gobierno. Concurrieron el diputado nacional Enrique Estévez, la concejala santafesina Laura Mondino, los diputados Claudia Balagué y Joaquín Blanco, y los intendentes de Rincón Silvio González y de Pueblo Esther Martín Gerardi.

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Los recibieron, además de Borgonovo, los ministros de Economía, Walter Agosto, y de Gestión Pública, Rubén Michlig. Los socialistas se retiraron complacidos por lo que reconocen como un palpable cambio de atmósfera en el intercambio político. Todo se conversó, dijeron, en un clima constructivo, incluso en el disenso. Que llegó cuando Agosto hizo un repaso sobre los números de la administración donde hubo desacuerdo ideológico.

La interpretación que se llevaron los socialistas es que el ministro de Economía busca componer una masa de fondos para el desenvolvimiento de la gestión de unos 39 mil millones de pesos, lo que equivale a casi 600 millones de dólares. La deuda inicial se tomará para cerrar el ejercicio 2019.

Enrique Estévez on Twitter

La ley de necesidad prevé, para renegociar contratos y afrontar la deuda flotante, la autorización para tomar créditos por 12 mil millones. También habilita a recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco) por otros 15 mil millones de pesos. A esto se suma, estiman los socialistas, las autorizaciones que ya están en el Presupuesto 2020 aprobado en diciembre, para tomar 12.300 millones de pesos en deuda.

La audiencia entre los ministros y los dirigentes opositores insumió dos horas. Como habían hecho ayer los radicales, los socialistas demandaron que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, y manifestaron que una ley de semejante volumen necesita de discusión y consenso.

Claudia Balagué on Twitter

“Esta es una ley muy fuerte por todo lo que pone en manos del gobernador, por eso se necesita revisar cómo se va a tomar la deuda, cómo va a ser el control del endeudamiento, cómo va a funcionar la comisión de seguimiento. No tiene sentido hablar de palos en la rueda. La oposición acompañó a Perotti con el presupuesto que pidió modificar y también con una ley muy difícil como la tributaria. No existe ánimo de trabar nada. Pero la Legislatura tiene una responsabilidad que no puede eludir porque eso tiene costos políticos”, dijo uno de los asistentes a la audiencia del mediodía.

El objetivo del debate que viene, desde la oposición, es repensar todo lo relativo a delegación de facultades, en tanto entienden que se asumen decisiones por encima del Tribunal de Cuentas de la provincia y de la Legislatura. Otros puntos son el destino del endeudamiento concreto, las condiciones de la deuda y qué herramientas concretas de asistencia a los municipios quedarán plasmados por fuera de un artículo declarativo de la ley.

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“Estamos hablando de un endeudamiento distinto a los que conocemos. La última vez que el gobierno del Frente Progresista tomó deuda fue en dos tramos, con listado de obras específicas para destinar la obligación contraída y con un tope de tasa. Acá estamos hablando de financiarse en pesos en el mercado local y en la posibilidad de destinar fondos indefinidos a gastos corrientes y no a obra pública", señalaron.+

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El gobierno provincial tendrá mañana una última reunión con legisladores de Unite, el conocido como bloque religioso, que encabeza Nicolás Mayoraz. Se espera que en la tarde remita el proyecto a la Legislatura.

“Confiamos en que se pueden lograr consensos, lo que exige tiempo para el debate. Una iniciativa de semejante calibre no va a prosperar si se toman atajos”, dijo un legislador socialista al salir de la Gobernación.

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