Tras muchas deliberaciones previas, el martes pasado se presentó la nota con la solicitud de la sesión para este 4 de junio a las 12 con las rúbricas de referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.
De esta manera, la oposición busca tomarse revancha con un temario parecido al de la sesión pasada, pero despojado de dos temas que generaban mucha conflictividad y que terminaron pesando en la decisión de algunos diputados al dejar las bancas vacías en el recinto.
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Por caso, la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra no está en el temario, aunque no se descarta que pueda ser introducido con una moción.
Quórum ajustado en Diputados
De cara al quórum, el panorama está extremadamente ajustado, tanto para la oposición que quiere abrir el recinto como para el oficialismo y sus aliados que trabajan para cerrarlo bajo llave.
La última vez, la oposición quedó a tan sólo tres legisladores de tener quórum, por lo que esta vez dependerá de la ayuda de algunos gobernadores, que fueron decisivos en la última convocatoria para que se cayera la sesión.
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Los miércoles, se realizan las habituales marchas de jubilados en el Congreso.
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Para tener éxito, la oposición debió ajustar mucho las clavijas en la confección del temario e hilar muy fino en el repertorio. En la construcción de la agenda para esa sesión, se priorizó dejar contentos y satisfechos a todos los sectores políticos por encima de pensar qué era lo posible de encaminar en ese contexto determinado.
El temario de la sesión
Los temas jubilatorios se dividirán en dos paquetes: uno vinculado a la prórroga de la moratoria (plan de pago de deuda previsional) y el incremento excepcional del 7.2% en los haberes de jubilaciones y pensiones, y en segundo término el aumento del bono complementario y la prestación proporcional a la vejez.
Si bien la incidencia fiscal de la moratoria es muy marginal de acuerdo a los cálculos de la Oficina del Presupuesto de la Nación (OPC), cercano al 0,165% del PBI, el oficialismo quiere frenar con esta práctica de "parches" que considera inequitativa con aquellos trabajadores que aportaron más de 30 años al sistema.
El Gobierno ya avisó que vetará cualquier modificación que atente contra el orden fiscal, por lo que la oposición ya empezó a pensar una estrategia para alcanzar las dos terceras partes en una futura sesión.
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En el temario de la sesión también aparece el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de los montos de los haberes desde el 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de los aranceles para los beneficiarios.
En otro orden, se tratará una gama amplia de expedientes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones.
Para el Gobierno, la sumatoria de estas iniciativas generan un gasto excesivo que el Estado no puede afrontar y que desestabilizan la sustentabilidad de las cuentas fiscales, que son las tablas sagradas de la Biblia en la consideración libertaria.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía y de allí surgió que el conjunto de estas propuestas tienen un costo fiscal de unos 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI.
