Los movimientos sociales vienen presionando hace tiempo por políticas de inclusión ante el constante deterioro de la situación económica y el avance de la inflación.
El deterioro de la situación social aceleró los tiempos de un debate que hace rato se viene incubando entre las corrientes que conviven en el Frente de Todos. En el Congreso ya hay dos proyectos de ley ingresados formalmente en la Cámara de Diputados y otro que está en proceso en el Senado para ampliar la cobertura social del Estado como objetivo central.
El Salario Básico Universal (SBU), que promueven los movimientos sociales que lidera Juan Grabois y el Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, o el Monotributo Productivo, que empujan la Casa Rosada, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie son proyectos de ley formales ingresados a la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, en el Senado –bajo las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner– se trabaja una alternativa de menor costo fiscal que el SBU, que en esta primera etapa proporcione un ingreso mínimo para alcanzar a quienes están en la indigencia.
El proyecto lo define como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos. Se estima que alcanzaría como mínimo a 8 millones de argentinos.
Los beneficiarios serían desocupados; quienes se desempeñan en la economía informal; inscriptos en la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (monotributo); los inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente (monotributo social); trabajadores en relación de dependencia con aportes que perciban un ingreso bruto anual igual o inferior al monotributista categoría “A”; del Régimen de Trabajo Agrario; y de Casas Particulares.
Los requisitos son no percibir otro programa social o la Tarjeta Alimentar (pueden optar por uno u otro). No cobrar jubilación o pensión. Si se tiene relación de dependencia no superar el ingreso bruto anual establecido para la categoría “A” del monotributo. No ser monotributista de categorías B en adelante y no percibir rentas.
El monto a percibir será igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que informa el Indec, o del 50% en el caso de los monotributistas categoría A y los trabajadores con relación de dependencia detallados más arriba.
El SBU es compatible con la AUH y cada grupo familiar puede percibir un monto mensual de hasta dos Canastas Básicas Alimentarias de adulto.
Consiste en la exención total y/o gradual de los componentes del monotributo durante un período de cuatro años. Se llama Puente de Inclusión porque se busca que sea la puerta de entrada a la formalidad para trabajadoras y trabajadores en situación de vulnerabilidad (actividad informal); para cualquiera que inicie actividades comerciales o profesionales sin importar la categoría de monotributo en la que se registren y para quienes se hubieran inscripto en las categorías A, B, C del monotributo desde el 20 de marzo de 2020 hasta la fecha. No alcanza a los monotributistas mixtos, es decir aquellos que además se encuentran en relación de dependencia o perciben jubilación o pensión. Alcanzaría a 1.560.000 personas.
Como el proyecta busca formalizar, el beneficio es para toda aquella persona que se dé de alta en el monotributo, sin importar la categoría en la que se registre. Gozará durante 4 años de la exención y/o reducción gradual en el pago del componente impositivo y del aporte jubilatorio, así como de la exención del pago del componente de salud.
Es para monotributistas que facturan la totalidad de sus ingresos, es decir que no tienen otros ingresos por relación de dependencia, jubilación o cobro de rentas.
Como es sabido, el monotributo consta de tres componentes: el impositivo, el de jubilación y el de salud. Las exenciones o reducciones graduales serían las siguientes, según el caso.
Componente impositivo: durante sus dos primeros años todos los nuevos monotributistas, cualquiera sea su categoría, estarán exentos de pagar el componente impositivo; las personas registradas en las Categorías A, B y C conservarán esa exención los dos años restantes del Puente de Inclusión y, luego, gozarán de la exención permanente en el régimen tradicional. Las restantes categorías (D en adelante) en el tercer año del Puente de Inclusión deberán ingresar el 50% y durante el cuarto año el 75%.
Componente Jubilatorio: todas las categorías durante el primer año estarán exentas, el segundo año conservan la exención las Categorías A, B y C y las restantes deberán pagar el 25% del aporte; a partir del tercer año, las Categorías A, B y C abonan el 50% y las Categorías D en adelante abonan el 50% el tercer año y el 75% el cuarto.
Componente Sistema de Salud: No se abona el componente de obra social y los monotributistas se convierten en beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud.
El Puente de Inclusión reemplazará al monotributo social y al monotributo promovido, pero quienes opten por permanecer en esos regímenes podrán hacerlo y no perderán sus beneficios.
Los detalles no se conocen porque está en proceso de elaboración. La vicepresidenta Cristina Fernández respaldó originalmente el proyecto de Salario Básico Universal, pero el costo fiscal, que se estima en 2 puntos del PBI, lo vuelve inviable para el Ministerio de Economía, como dejó trascender la ministra Silvina Batakis.
En la práctica, lo que se busca es acotar el alcance del proyecto de SBU. El monto sería el mismo, el de la Canasta Básica Alimentaria que informa Indec, pero no se lo consideraría salario, porque el concepto de salario va atado a una contraprestación laboral que no es el caso. En todo caso aquí se menciona imponer como condición terminar el recorrido educativo, realizar tareas comunitarias o participar de capacitaciones.
Una variante que se considera es acotar la población de beneficiarios a quienes percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.
Los proyectos navegan en medio de las complejas internas del Frente de Todos donde hay sectores que son aliados consolidados y otros circunstanciales. Por ejemplo, el Movimiento Evita promueve el proyecto oficial de Monotributo Productivo y es socio con Grabois y su Frente Patria Grande en la UTEP, que es el brazo sindical de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Pero en este tema Grabois clama por el Salario Básico Universal, al que Cristina le hizo un primer guiño el mes pasado cuando criticó el manejo de programas sociales por parte de las organizaciones, en clara alusión al Movimiento Evita.
El Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie le reprochan a Grabois que cuestiona a la ministra Batakis y presiona al Ejecutivo mientras le hace el juego a La Cámpora porque Cristina bancó el SBU. Y que está jugando en un esquema que desprecia a los movimientos sociales, los critica y le da la espalda en la conceptualización de lo que es y la importancia de la economía popular.
Quienes impulsan el proyecto Puentes de Inclusión o Monotributo Productivo coinciden en que no se puede hablar de un Salario, y si bien no están en contra de la posibilidad de un ingreso universal básico, afirman que no buscan dar más dinero para consumo inmediato de los beneficiarios, sino generar un gran plan de trabajo nacional a través de cooperativas y otras organizaciones de la comunidad que permitan hacer obra pública con trabajo formalizado y con derechos y no “que a la gente la manden a barrer la vereda como hacen los intendentes”. Afirman que es un programa de trabajo para ir dejando atrás la política de subsidios, que en todo caso queden reducidos para casos extremos o de emergencia.
Los dos proyectos que están en el Congreso no lograron avances. El del gobierno entró en diciembre y el de SBU en mayo. Ahora necesita escucharse la opinión de la ministra Batakis, quien ya impugnó el de SBU por su costo fiscal.
Otra cuestión es cómo implementarlos en caso que haya una síntesis en caso que haya acuerdo político en el oficialismo y Economía encuentre la forma de financiarlo. La vía del decreto parece la más accesible, ya que en el Congreso será difícil conseguir el respaldo para la oposición.
La oposición tiene presentado un proyecto de reforma del Régimen de Monotributo, que coincide en unos pocos puntos, pero persigue objetivos diferentes y en el oficialismo no tiene respaldo.
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