Mientras pide solidaridad, la política no realiza su ajuste

La respuesta de la clase política, hasta ahora, es el más estruendoso de los silencios.

El senador peronista Carlos Caserio, cordobés cercano a Alberto Fernández, fue el único que confesó lo que muchos dirigentes políticos piensan, pero callan. “Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado", planteó Caserio en una entrevista televisiva. “La clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado”, remató, en un “sincericidio” que le costó demasiado caro, con decenas de miles de críticas en las redes sociales.

Leer más►Alberto Fernández: "No es un ajuste"

Fue tal el escándalo que provocaron sus palabras que el cordobés debió pedir disculpas; incluso sugirió, para congraciarse con la opinión pública, que todos los senadores deberían congelar sus sueldos en estos tiempos de emergencia. Ninguno de sus pares del bloque peronista recogió el guante; rápidos de reflejos, los senadores opositores de Juntos por el Cambio doblaron la apuesta y presentaron ayer un proyecto de resolución para “suspender por 180 días” los aumentos en las dietas de la Cámara alta.

Fue tal el escándalo que provocaron sus palabras que el cordobés debió pedir disculpas.

Es altamente improbable que la propuesta, impulsada por el senador radical Luis Naidenoff, prospere. “Es demagogia pura que no resuelve nada y nos perjudica a todos”, fue la crítica que se escuchaba ayer en los pasillos parlamentarios. En la Cámara de Diputados la iniciativa fue resistida incluso por los colegas del propio partido de Naidenoff. “Pagamos una fortuna por el impuesto a las ganancias, no recibimos aguinaldo y nuestras dietas están a años luz de los sueldos que cobran los jueces. Es más, cobramos mucho menos que un legislador bonaerense y, encima, somos el blanco de todas las críticas por recibir supuestos sueldos de privilegio”, despotricaba un encumbrado diputado del radicalismo.

¿Cuánto cobra un legislador nacional? Según la información oficial, la remuneración promedio de bolsillo de un senador nacional orilla los 180.000 pesos mensuales. El sueldo de un diputado nacional es menor, ronda los 165.000 pesos mensuales. Además de esos montos, los legisladores cobran un plus por desarraigo y por movilidad, con lo cual el sueldo mensual de un legislador excede los $200.000 pesos por mes.

En las provincias

Los legisladores provinciales no les van en zaga. Según un informe de la Fundación Libertad, basado sobre los datos de los presupuestos provinciales 2019, las provincias gastan en promedio $34,2 millones anuales por legislador. El mayor desembolso se observa en Tucumán con $85,7 millones anuales y el menor en Santiago del Estero con $3,8 millones. Para el total de provincias el presupuesto para mantener la estructura legislativa asciende a $41.008,5 millones.

Es evidente que la clase política tiene margen para aplicar un ajuste en sus gastos. Ni qué hablar del Poder Judicial, cuyos funcionarios y empleados corren con el privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias. Esto provoca una fenomenal pérdida al fisco.

Leer más►Los jueces no quieren pagar Ganancias

Según el proyecto de ley de presupuesto 2020 que presentó el gobierno de Mauricio Macri, la exención del pago de impuesto a las Ganancias que mantiene la mayoría de los jueces y funcionarios judiciales, tanto en el nivel nacional como provincial, privará al Estado de recaudar por ese tributo unos $26.700 millones durante 2020.

Además de no pagar el impuesto a las ganancias, los funcionarios del Poder Judicial están beneficiados con un régimen jubilatorio especial.

Además de no pagar el impuesto a las ganancias, los funcionarios del Poder Judicial están beneficiados con un régimen jubilatorio especial que les asegura el 82% móvil de sus haberes. Gracias a su poder de lobby, los magistrados lograron ser excluidos de la megaley de emergencia económica y sus haberes quedarán a salvo de la suspensión de la movilidad jubilatoria que se impondrá en los próximos seis meses. Ante la polémica, el presidente Alberto Fernández prometió revisar estos regímenes de privilegio de los jueces, pero lo cierto es que la comisión destinada a estudiar la problemática aún no se conformó.

Está claro que el costo de la emergencia económica no es afrontado por todos por igual. La clase política, la primera que debería dar un gesto, hace de la “solidaridad”, aquella que pregona Alberto Fernández, un esfuerzo ajeno, nunca propio.