Un año después, lo hicieron de nuevo. A pocos días de que finalice el período de sesiones ordinarias, el Senado de Santa Fe volvió a aprobar un proyecto de ley que había sido aprobado el año pasado, pero que luego la Cámara de Diputados decidió "congelar" una vez que el contenido se hizo público a través de AIRE.
Se trata del proyecto denominado Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos que apunta, básicamente, a centralizar las compras y a generar un sistema de trazabilidad de todos los medicamentos que se manejan en los hospitales y en el resto del sistema de salud pública de Santa Fe.
El proyecto establece como objetivo hacer más eficiente el sistema. Sin embargo, el punto en cuestión es que abre las puertas para que algún ente privado -que incluso forma parte del multimillonario negocio de los medicamentos a nivel nacional- tenga acceso a información crucial sobre compras, precios, administración y distribución de todos los medicamentos del sistema público de Salud de la Provincia (Ministerio de Salud, hospitales, samcos y hasta centros de atención barrial).
Este proyecto habla de "introducir innovaciones tecnológicas a los sistemas de validación, prescripción electrónica y auditoría de tratamientos médicos", además de "desarrollar un soporte informático que garantice la trazabilidad de la medicación y el monitoreo de la población objetivo".
La ley plantea que para este fin, se establezcan convenios "con Universidades Nacionales e Institutos, con el Instituto Autárquico de la Obra Social (Iapos) y con colegios farmacéuticos y/o médicos".
Si bien es una entidad sin fines de lucro, el servicio del Colegio de Farmacéuticos no es gratuito, sino que implica una transferencia de miles de millones de pesos desde la obra social de la provincia a este organismo que administra cada uno de los eslabones del sistema.
Durante 2021 e incluso durante 2022, AIRE publicó una serie de informes periodísticos en los que se plantearon las penurias que suelen atravesar los afiliados del Iapos para acceder a distintos medicamentos, ya que la obra social pone en manos del Colegio la compra y distribución de remedios a lo largo y ancho de la provincia.
Si bien son fondos que surgen de los aportes de los empleados públicos de Santa Fe, no existe ningún tipo de rendición de cuentas del Colegio sobre cuáles son sus réditos económicos por el servicio que brinda.
Los riesgos que implica el manejo de este negocio parecen ser mínimos. De hecho, cada vez que la Justicia ordena que se cubran los costos de medicamentos onerosos para algún afiliado del Iapos, el Colegio de Farmacéuticos está desligado de la situación y el Estado de Santa Fe se debe hacer cargo de aportar los fondos necesarios. El 27 de julio de 2022, AIRE publicó un informe en el que describía cómo funciona el sistema, bajo el título "Medicamentos de Iapos: un millonario negocio privado, pero a los riesgos los cubre el Estado".
Este martes, los farmacéuticos que conforman la Unidad de Gestión en Red (la UGR reúne a los hospitales y samcos de toda la provincia de Santa Fe), enviaron una nota a la Cámara de Diputados en la que plantean que se enteraron "por medios periodísticos" de la aprobación de este proyecto en el Senado.
"Hemos analizado la propuesta y no acordamos con el contenido de la misma. Hay puntos que nos generan una enorme preocupación y consideramos que ponen en riesgo el sistema de salud público y la accesibilidad al medicamento de la población más vulnerable de la provincia de Santa Fe. A la vez, nos genera una gran inquietud no haber sido consultados por quienes gestaron el proyecto, siendo los miembros de esta UGR los principales actores en la mayoría de los puntos contemplados en el mismo", remarcaron.
Según los responsables del manejo de las farmacias de hospitales y samcos, al texto del proyecto aprobado "se lo ve como una copia de lo que actualmente se realiza, sacando la gestión del medicamento del ámbito de Salud para pasarlo a la órbita de Economía, perdiendo el eje del medicamento como bien social para convertirse en un bien de consumo. Por esta razón, es imperioso que podamos ser escuchados antes que este proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados", finalizaron.
En marzo de este año, los integrantes de la UGR elevaron un informe ante el Ministerio de Salud de la Provincia sobre el texto que meses después volvieron a aprobar los senadores. Y en ese momento, ya se preguntaban:
- "¿Estamos frente a una nueva fragmentación de los sistemas de información y de atención, si se incorpora uno que solo contempla medicamentos?".
- "¿Quién custodia la información que se genera de la atención y de la gestión del medicamento?".
- "¿Cuál es el organismo de auditoría que determinará si el usuario accede o no a una medicación? ".
- "¿A dónde podrá recurrir el usuario en caso de falta de acceso a medicamentos?".
Según el texto del proyecto que volvió a aprobar el Senado de Santa Fe, el Estado continuará manejando a través de una "Unidad Ejecutora" los recursos para la compra de medicamentos del sistema público de Salud.
Sin embargo, el proyecto autoriza a dicha Unidad Ejecutora a “convenir con entes públicos, Universidades Nacionales e Institutos, con el Instituto Autárquico de la Obra Social (Iapos) y con colegios farmacéuticos y/o médicos; el desarrollo, elaboración o ejecución de estudios, proyectos de gestión y/o tecnológicos para la implementación y cumplimiento de los fines del programa”.
El manejo del "soporte informático que garantice la trazabilidad de la medicación y el monitoreo de la población objetivo", puede generar el acceso a información clave para el manejo del multimillonario negocio de los medicamentos en el que, Fefara a nivel nacional y el Colegio de Farmacéuticos a nivel local, constituyen jugadores de enorme peso.
Así, algunos de los principales protagonistas del negocio nacional de medicamentos podrían estar en condiciones de conocer en detalle qué drogas compra la Provincia, a qué laboratorios y cuánto paga por cada una de ellas. Y luego, participar con esta información clave de licitaciones multimillonarias.
Llama la atención que se incluya al Iapos como posible generador de un sistema semejante, cuando la obra social ni siquiera maneja su sistema y lo terceriza a través del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.
Existe otro antecedente llamativo: en junio de 2021, AIRE reveló que el 28 de mayo de ese año el Ministerio de Salud de Santa Fe, el Iapos, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe y la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara); ya habían firmado un convenio para que el Colegio coopere, asista técnicamente y capacite al Ministerio para "mejorar la calidad informativa sobre la cadena de producción, distribución y entrega de productos médicos, insumos y accesorios".
Incluso, aquel informe periodístico planteaba que durante 2020 habían existido intentos del Ministerio de Salud para que el software del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe comenzara a ser utilizado en algunos efectores públicos provinciales para el manejo de medicamentos oncológicos.
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