El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, imputado como cabeza de una supuesta organización ilícita que realizó tareas de espionaje ilegal sobre políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales; solicitó formalmente la incompetencia de la Justicia provincial para avanzar en las investigaciones y solicitó que las actuaciones sean remitidas a la Justicia federal.
En el escrito que lleva la firma de su abogado, Hernán Martínez, se plantea que "de acuerdo con la audiencia formalizada el 29 de noviembre, la Fiscalía ha delineado una imputación de 65 páginas"... en la que se le endilga a Sain "la conformación de una asociación ilícita con la finalidad de la comisión del delito de espionaje, previsto en la ley 25.520; 2) La realización de acciones de inteligencia prohibidas por Ja ley 25.520; y 3) La comisión de abuso de autoridad por el dictado de órdenes contrarias a la ley 25.520".
Martínez remarcó que "el delito de espionaje es de competencia federal". El juez provincial Jorge Patrizi ya recibió el escrito de la defensa de Sain y convocó a una audiencia en la que estarán presentes los fiscales del caso, la defensa y los querellantes que deseen hacerlo. Por el momento, esta audiencia no tiene fecha definida.
De todos modos, el esto de los delitos que se le atribuyen a Sain -como por ejemplo la jefatura de una asociación ilícita- son de competencia provincial. En este sentido, el abogado Martínez consideró que planteará que "toda la causa se remita de manera conjunta a la Justicia federal, para evitar la atomización y el avance de procesos paralelos".
Imputaciones contra Marcelo Sain
Por su parte, en la tercera línea y como miembros, quedaron Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada el 31 de agosto del 2021, plantea que de la asociación ilícita habría tenido dos estructuras diferentes: una ubicada en la órbita del Ministerio de Seguridad, y la otra en el Ministerio Público de la Acusación.
En cuanto a los cargos, la Fiscalía le imputó a Sain "asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
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