Poco después de que Cristina cuestionara el impacto de la inflación en alimentos y prepagas, Massa anunció medidas para controlar los precios.
Pese a los intentos del presidente Alberto Fernández por limitar su capacidad de fuego, Cristina Kirchner sigue marcando la agenda, sobre todo en el plano en el plano económico. En efecto, a los pocos días de que la vicepresidenta cuestionara públicamente el impacto de la inflación en dos sectores clave como alimentos y prepagas, el Gobierno –a través del ministro de Economía Sergio Massa– anunció medidas para controlar los precios.
La inflación es el enemigo número uno al que el Gobierno no logra doblegar. Massa se propone bajarla al 3% mensual el año próximo –objetivo que los economistas de la oposición califican de “quimera”– y, con ese fin, acordó con medio centenar de empresas líderes el plan “Precios Justos”. El acuerdo establece que los productos que se mantendrán con precios fijos ingresarán en el programa con un valor hasta un 4% superior al promedio registrado durante octubre de 2022 y deberán mantenerse estables por espacio de 120 días. El resto de los productos que comercializan las empresas que se sumen al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas.
Se trata de un intento desesperado para frenar la inercia y para que la inflación dé una tregua y baje –apenas– un escalón en año próximo, un año electoral. No fue sencillo acordar este nuevo programa no solo por la reticencia de las empresas sino, sobre todo, por la presión que ejerció Cristina Kirchner por un plan mucho más severo que impusiese un congelamiento directo de todos los productos.
En su último viaje a Washington, Massa descartó un congelamiento unilateral de los precios, convencido de que no daría resultado y que desataría una reacción adversa de las empresas. Para no desairar a la vicepresidenta, optó por un camino intermedio, un plan híbrido que implica, en los hechos, un congelamiento a medias.
Pese a las medidas desesperadas del Gobierno por frenar el alza inflacionaria, el clima social no mejora. Victoria Tolosa Paz, la nueva ministra de Desarrollo Social, logró sortear en la tarde de ayer la primera protesta que le realizaron organizaciones de izquierda a las puertas de la cartera y también consiguió desactivar un posible acampe sobre la Avenida 9 de Julio. Ocurrió tras una nueva reunión que abrió un principio de acuerdo entre las partes, pero que no resolvió el conflicto de fondo: la Unidad Piquetera amenaza ahora con más cortes e insiste con un bono de $45.000 para fin de año, además de un aumento para quienes son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
El conflicto por el asistencialismo y la crisis social pasó a estar en el centro de la escena. Un informe de la AFIP pedido por Juan Zabaleta, antecesor de Tolosa Paz, reveló que 253 mil titulares de planes Potenciar Trabajo compraron dólares o pagan el impuesto a los bienes personales, con lo cual tienen un patrimonio que no necesita de la ayuda social. El escándalo hizo que Tolosa Paz, recién asumida e incondicional de Alberto Fernández, anunciara que los dará de baja, lo cual está por verse.
La cuestión de los planes sociales está en la mira de Juntos por el Cambio: con matices, los distintos candidatos presidenciales anticipan la necesidad de eliminarlos para dar lugar a planes de empleo con diversos mecanismos de educación y capacitación laboral. Los equipos técnicos del espacio avanzan en una serie de propuestas en ese sentido, mientras que en la cúpula sus principales dirigentes no dan tregua a sus disputas internas. Si bien escenificaron un “alto el fuego” durante la última reunión de la mesa nacional, el jueves pasado, las rivalidades entre los “halcones” y las “palomas” del espacio se acentúan conforme se acerca el calendario electoral.
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