Durante el gobierno de Cambiemos y comparado con las cifras del último gobierno de Cristina Fernández, el sector privado despidió a 239.700 trabajadores registrados.
La “modernización” de las relaciones laborales en Argentina –algo que en Latinoamérica ya han hecho países como Chile, Colombia, Perú y el Brasil de Bolsonaro– fue y es tema de campaña, se coló en los actos de los candidatos, en los banners y reels de redes y en los dos debates de la primera vuelta.
En el frente antiperonista que hoy –según Mauricio Macri– conduce Javier Milei (que de perder sería el tercer presidenciable fagocitado por el ex mandatario después de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich), las propuestas se travisten por imperio de la derrota en primera vuelta: lo que era brutal y a fondo se transformó en acciones negociables que “no eran tanto como parecían” o directamente nunca fueron proferidas.
Pero si hiciéramos una síntesis del razonamiento de “Juntos contra el Kirchnerismo y el Estado Moderno” (JCK) podríamos decir que se trata de licuar salarios en pesos hiperdevaluando y generando una reserva de desempleados que presione para flexibilizar las condiciones de contratación y despido; es decir que “que sea más fácil tomar nuevos empleos, con menos condiciones de permanencia, cargas impositivas y sociales y que también sea más sencillo despedir achicando la litigiosidad que esto produce”.
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En campaña Bullrich habló de que “las indemnizaciones deben ser justas para las dos partes” y Milei de eliminar los pagos por despidos sin causa establecidos en la Ley de Contratos de Trabajo y crear un fondo de desempleo que exima a los empresarios de pagar un solo peso, además de la caída de todos los convenios colectivos por rama de actividad.
Ya que vamos a citar a cualquiera para justificar cualquier cosa, ninguna de estas propuestas hubiesen sido suscritas por Perón (la Constitución de 1949 que derogara la Libertadora fue el punto más alto en la defensa de las garantías laborales de América), estimamos que tampoco por Balbín y San Martín no se metía en asuntos como estos, pero aseguraba que “mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas”. Así que basta de hacer hablar a nuestros próceres sobre temas sobre los que no emitieron máximas.
Pensando en Mauricio Macri más bien podríamos citar al Andrés Calamaro de “Todo lo demás”, cuando entona “puedo presumir de poco porque todo lo que toco se rompe”, el país y Juntos por el Cambio recientemente. Y es precisamente Macri el que cargó contra los abogados del trabajo y el derecho laboral, resumiendo en Héctor Recalde a “la mafia de los juicios laborales y los estudios de abogados que destruyen la generación de empleo”.
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Pues bien, a los datos oficiales. En los cuatro años que duró el gobierno de la Segunda Alianza, comparado con las cifras del último gobierno de Cristina Fernández, el sector privado despidió a 239.700 trabajadores registrados (-3,8%), el sector público generó 104.600 puestos nuevos (+3,4%) y aumentaron exponencialmente los monotributistas (+ 12,2%) y las trabajadoras de casa particulares (+13,8%).
Es decir que con “mafias y estudios especializados en la industria del juicio”, con Convenios Colectivos vigentes, reparación de accidentes y enfermedades laborales e indemnizaciones por despidos sin causa, se perdieron más empleos que durante los 8 años del menemismo (231.500 empleos registrados), siempre según datos del Ministerio de Trabajo de la nación y el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).
Los días 26, 27 y 28 de octubre se realizó el XVII Encuentro Latinoamericano de Abogados y Abogadas Laboralistas y las XLIX Jornadas de Derecho Laboral en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL).
Su presidente, Matías Cremonte, consultado por AIRE recordó la ofensiva del ex presidente Macri en el año 2017 al decir que “nosotros denunciamos a su gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto Comisionado para la Defensa de Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, por pretender vulnerar todas las garantías establecidas por la OIT, a la que está suscripta la Argentina”. En la misma línea asegura que “intentaron y aún intentan cargarnos la responsabilidad por el cierre de las pequeñas empresas que -como está demostrado- colapsaron por las políticas del macrismo o por la caída de los ingresos y por lo tanto de las ventas en el mercado interno”.
Sobre la situación general de la abogacía laboralista, el presidente de ALAL sostiene que “llevamos muchas décadas resistiendo, debatiendo y enfrentando embates como los de Cambiemos, en toda Latinoamérica, cada vez que un gobierno neoliberal y antipopular se hace del poder para impulsar reformas regresivas, eso es parte de nuestro trabajo y también de cientos de agrupaciones, abogados y abogadas que no sólo han sido injuriados públicamente, sino que también han soportado acoso judicial”.
El encuentro -con sede en Argentina- había sido definido con anterioridad a la emergencia electoral, pero según Cremonte “no puede ser más oportuno discutir aquí el derecho del trabajo que queremos, que no sólo sea una agenda de resistencia o de temas ya instalados, sino que se propongan nuevos temas que permitan transformar el derecho laboral que hoy tenemos, para la mejora continua de las condiciones para los destinatarios de nuestra tarea, los que trabajan”.
El hecho es el plexo normativo que protege los derechos laborales en Argentina -con base expresa en nuestra Constitución Nacional- es el “más benigno de América Latina” como se sostuvo durante el Encuentro mencionado. Tanto como que el empresariado argentino suele obtener excepciones para despedir o suspender con salarios a la baja, como lo hicieron Mondelez durante la pandemia o las cadenas de hipermercados ahora mismo. Al cierre de esta nota, se publicaba en el Boletín Oficial la Resolución 1873/20203 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, firmada por el Secretario de Trabajo, Marcelo Belotti.
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En esa Resolución y tomando como antecedente los el acuerdo marco y tripartito homologados durante la pandemia, se autoriza a empresas (centralmente 9 grandes supermercadistas) a suspender a sus trabajadores por razones económicas y productivas, abonando una prestación no remunerativa equivalente al 50% del salario pactado por convenio.
Cotejemos datos actualizados y presentados en el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), que analiza la evolución de ventas brutas y rentabilidad de los supermercados en la Provincia de Santa Fe. Según CESO, los supermercados registraron durante el mes de agosto ventas totales por $27.300.785, lo que implica una variación interanual real (es decir deflactado el índice de precios del IPEC) de +14%. La variación interanual de ventas nominales muestra un incremento de 157,4% y un incremento registrado interanual de precios de +125,8%. Los datos a nivel país para el mismo rubro y publicados por el INDEC muestran una variación positiva interanual del 5,2% para el mismo mes de agosto, con un incremento del 2,7% respecto del mes anterior.
¿Dónde está la crisis que justifique semejante resolución ministerial? ¿Será acaso una concesión a cambio de respetar los acuerdos de precios justos impulsados por el gobierno? ¿Viniendo de balances en donde se refleja que -pese a la pérdida continua de los salarios contra la inflación- las ventas siguen creciendo: ni ese aporte a la gobernabilidad (no digamos de campaña) pueden hacer?
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Tal como apuntamos con datos concretos y verificables en la nota sobre la “industria del juicio” en julio de éste año, en un país con un 45% de asalariados no registrados y fuera del sistema de seguridad social, con más de 2 millones de monotributistas muchos de los cuales son trabajadores precarizados encubiertos, tener 136.000 nuevos juicios laborales en 2023 no configura un descalabro sino una suerte, podrían ser muchas más y con pleno derecho.
Ante la promesa de Sergio Massa de un gobierno de coalición (que incluya a radicales y hasta referentes del PRO que no acepten ser conducidos por Macri), que no quite derechos ni afecte lo mejor del derecho laboral argentino, sino que siga incluyendo y mejorando las condiciones de los trabajadores, habrá que ver cuál es el pacto de estabilización que resulta, porque cuenta con el apoyo pleno de todas las centrales obreras y la expectativa renovada de millones que difícilmente soporten otra decepción de la política.
Luis Enrique Ramírez, disertante del Congreso y dos veces presidente de ALAL le confía a AIRE que “yo le digo a los dirigentes sindicales que un gobierno de Massa es la mejor opción pero que con ningún gobierno de políticos la clase trabajadora puede bajar los brazos, tienen que participar de las reformas, yo fui dos veces presidente de ALAL y desde hace 15 años venimos impulsando una Carta Sociolaboral Latinoamericana, para igualar las mejores condiciones laborales, que aquí son las de Argentina, para defender los derechos de los trabajadores necesitamos que todo el continente tenga el mismo nivel”.
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