En noviembre de 2022 se presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto que prohíbe a los políticos designar a familiares en el Estado. Pero nunca se trató.
Desde hace dos años, en la Legislatura de Santa Fe permanece sin tratamiento, ni discusión, un proyecto de ley que busca impedir que funcionarios políticos de la provincia de Santa Fe designen a familiares en puestos del Estado.
Este proyecto se presentó por primera vez en noviembre de 2022. Como ni siquiera avanzó en una comisión legislativa, terminó perdiendo estado parlamentario. En febrero de este año, el diputado Fabián Palo Oliver -autor de la iniciativa- volvió a presentarlo, con la misma suerte hasta ahora.
El tema vuelve a tomar relevancia en estos momentos: mientras el Gobierno nacional plantea la discusión, en Santa Fe el Poder Ejecutivo impulsa reformas que eliminen cualquier tipo de privilegios hereditarios para incorporar personal en la EPE.
Durante los últimos días, la diputada del bloque PRO en Unidos, Ximena Sola, presentó otro proyecto que, en este caso, plantea la prohibición de los cargos hereditarios en todos los órganos y entes del sector público en Santa Fe.
Según Palo Oliver, en Santa Fe "debería haber autocrítica y honestidad, porque muchos de los actores de la política, aprovechando el lugar de poder que tienen, terminan ubicando familiares en los distintos niveles del Estado".
"En estos momentos, es una excepción encontrar a un político que no tenga algún familiar en un puesto... No me opongo a que se discuta la situación de la EPE, pero hay mucha hipocresía, porque es la misma lógica que aplica la política, aunque no esté escrita", añadió en el programa Creo, que conduce José Curiotto cada mañana en AIRE.
E insistió: "No estoy en desacuerdo con que se discuta el tema. Pero que quede claro que, lo que llaman privilegios, son situaciones que están escritas en paritarias o convenios colectivos y que alguien se las dio. ¿Y quién se las dio?: la política. Esa situación no fue casualidad".
El proyecto de ley, que lleva dos años sin ser tratado, plantea que no podrán designar familiares en puestos públicos quienes accedan a los cargos de gobernador, vicegobernador, ministros, Secretarías, Subsecretarías, directores y todas aquellas personas con rango y jerarquía equivalente. También, las máximas autoridades de entidades descentralizadas.
Esta prohibición se extiende a “todas aquellas personas que ejercen la función pública”, así como a senadores y diputados de la Provincia, Tribunal de Cuentas, defensor del Pueblo, procurador, magistrados/as y funcionarios con cargo no menor secretario de primera instancia o equivalente del Poder Judicial y a los funcionarios con categoría igual o superior a fiscal adjunto en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación.
Estas personas no podrán “promover o designar, bajo ninguna modalidad, ni tampoco impulsar o participar en la promoción o designación de su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en la jurisdicción en la que cumplen funciones”.
No será violatorio de esta ley cuando el pariente estuviera desempeñando funciones con anterioridad a la designación del sujeto alcanzado por la prohibición; cuando haya sido designado mediante concurso público de oposición y antecedentes u otro procedimiento de selección o cuando haya accedido al cargo como resultado de procesos electorales.
Quien ejerce la función pública no podrá encontrarse en una posición de supervisión directa respecto de una persona con la que posea un vínculo conyugal, de convivencia o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad en línea recta o colateral.
Según este proyecto de ley, las designaciones y contrataciones realizadas en infracción a la prohibición establecida, serán nulas y se requerirá un acto administrativo firmado por la máxima autoridad del organismo en cuestión, que deje sin efecto tal designación o contratación.
Dentro del lapso de 90 días de la entrada en vigencia de esta ley, los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial deberán presentar una declaración jurada con información detallada respecto de los vínculos familiares con otros funcionarios y agentes del mismo Estado.
Los aspirantes a cargos públicos deberán presentar una declaración jurada en los términos y alcances previstos para quienes ya son funcionarios.
También se establece la creación de buzones de denuncias en dependencias de los tres poderes del Estado provincial, para fin de garantizar la necesaria reserva de la identidad del denunciante en casos de que se viole esta ley. Además, se dispondrá de una cuenta de correo a tal efecto.
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