En Santa Fe señalaron que “los grupos criminales vieron un cambio de época”, luego de que el Estado retomara el control de la calle y de las cárceles. También advirtieron que cambió la forma de vender droga.
El gobierno nacional celebra el día a día en materia de seguridad. Pero desde Santa Fe, son más cautos.
Aunque no hay grietas entre las gestiones nacional y provincial en el tema de la seguridad, aparecen distintas maneras de pararse frente al marcado descenso de la violencia en Rosario.
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, tiene una estrategia de vivir el presente de manera intensa, algo que está ajustado a los parámetros de la coyuntura política nacional. El objetivo es aprovechar el instante al estar en un gobierno como el de Javier Milei, que vive ajustado al corto plazo. Por eso, la ministra exalta todo el tiempo los resultados positivos del plan Bandera en Rosario.
En un video promocional, Bullrich resaltó el "nuevo hito: un mes sin homicidios en Rosario", y remarcó que cuando les tocó asumir el gobierno, en diciembre del 2023, "Rosario estaba incendiada, muertes todos los días y asesinatos que llegaron a 400 en un año", apuntó. Si la ministra se refería a Rosario, nunca los crímenes llegaron a esa cifra. El número más alto de homicidios fue de 288.
En este esquema en el que la precisión en los datos no interesa de manera intencionada, en el gobierno provincial prefieren ser más cautos, y no subirse a esta estrategia de proselitismo permanente.
El argumento que encuentran tiene cierta lógica: “Si en una semana hay cuatro o cinco homicidios en Rosario, algo que puede pasar, se va a empezar a hablar de que recrudeció la violencia y que todo se fue al demonio”. Ese planteo lo mantienen el gobernador Maximiliano Pullaro desde que las cifras de homicidios comenzaron a bajar.
Una muestra de esta tendencia es que la noticia de que no hubo ningún homicidio en agosto en Rosario tuvo mayor repercusión en los medios nacionales que locales, por la tracción que ejerció Bullrich. Incluso, hicieron una pequeña trampa para exhibir el logro al calcular los asesinatos desde el 2 de agosto hasta el 2 de setiembre, porque el primer día del mes pasado hubo dos crímenes y rompía la estrategia de prensa.
Más allá de estos detalles, lo real es que hubo un descenso abrupto de los homicidios en estos ocho meses. Hace un año, en medio de la campaña electoral, a ningún candidato se le hubiera ocurrido prometer que no iba a producirse ningún crimen en todo un mes, como ocurrió en agosto, según el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ni siquiera en el fragor proselitista la propia Bullrich ni Pullaro lo señalaban como una meta, porque parecía imposible, después de que en 2022 se rompiera el récord de 288 asesinatos.
En agosto de 2023 se cometieron en el departamento Rosario 24 homicidios, gran parte, casi un 80 por ciento, fruto de las disputas por territorio y ajustes de cuentas dentro de la matriz del narcomenudeo.
En lo que va de este año, el descenso en la violencia extrema es de un 62 por ciento con respecto al 2023, cuando se produjeron 150 asesinatos en Rosario, donde la mayoría tenía que ver con las luchas territoriales entre las bandas narco. En el mismo periodo, durante este año, los crímenes bajaron a 57, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los argumentos que se expusieron desde el Estado apuntan a que las medidas de urgencia que se tomaron en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial, contribuyeron directamente a bajar los altos niveles de violencia en la ciudad, que llegó a tener una tasa de 21 homicidios cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que la media nacional.
Hay dos temas claves que, según coincidieron fuentes de gobierno y de la justicia fueron prioritarios, como los mayores controles en las cárceles, tanto federales como provinciales, a los presos de alto perfil, es decir, a cuadros de relevancia dentro de las organizaciones criminales, como Los Monos y Alvarado, entre otros. Y, por otro lado, la recuperación del control de las calles de parte de las fuerzas de seguridad.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccioni, explicó –en diálogo con AIRE- que a fin de año en Rosario había solo 20 patrulleros en las calles, mientras que ahora, con el refuerzo de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, hay 247.
“Se empieza a ver que hay un cambio. Antes cualquiera salía en una moto con una pistola 9 mm, porque sabía que nadie lo iba a detener. Ahora tiene mayores riesgos y para evitar ir preso y que le secuestren el arma sale “limpio”. Vemos que las medidas que se tomaron empiezan a calar hondo en las organizaciones criminales, que ven un cambio de época, que es leído por los delincuentes”, consideró el titular de la cartera de Seguridad. “No es menor que haya frente a este tema un discurso unificado entre la Nación, provincia y municipio, sin grietas”, apuntó.
La hipótesis de Coccoccioni es compartida por otros eslabones de la Justicia, que investigaron estas organizaciones criminales. “Lo que se puede ver es que hay una reacción de parte de los grupos que mantenían el negocio de la droga en base a la violencia, porque no había un dominio territorial. A pesar de las falencias estructurales, la policía y la intervención con agentes federales recuperó en parte el dominio del Estado en los territorios”, señaló un fiscal, que estuvo al frente de las causas más relevantes.
La violencia extrema que golpeó a Rosario por más de una década tenía como protagonistas a grupos criminales que se mantuvieron a lo largo del tiempo, como la banda de Los Momos, pero que nunca lograron transformarse en organizaciones más sofisticadas ni consiguieron tejer alianzas internacionales. La mayor fortaleza eran la inserción social en determinados sectores marginales, de donde salían los llamados “soldaditos”, jóvenes fuera del sistema, y un uso de la violencia sin control. A partir de que los líderes de estas bandas fueron detenidos y asesinados, junto con los cuadros medios, las cárceles se transformaron en el principal problema, porque el funcionamiento del negocio criminal seguía intacto.
En marzo pasado se produjo una reacción de estos grupos ante la nueva política penitenciaria, al ordenar cuatro crímenes al azar de trabajadores, que provocaron una fuerte conmoción en Rosario, que quedó varios días en estado de shock, y el miedo provocó que la ciudad quedara paralizada. Esta mecánica de irradiar terror no se repitió, pero nadie descarta en el gobierno provincial que la calma que reina ahora se rompa.
“Ahora tenemos otra fortaleza desde el Estado. Si esto recrudece, tenemos herramientas para enfrentarlo, que antes no teníamos. Y eso es lo que va a demandar una mayor inversión”, sostuvo Cococcioni.
Uno de los cambios que ven en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe en las estrategias que usaban las bandas es con respecto a la venta de drogas. “El búnker perdió protagonismo frente a los mayores controles. Primero abandonaron el búnker como existió siempre, que era un centro de distribución y venta. Dejaron a chicos, en su mayoría menores, con pocas dosis, por si enfrentaban un secuestro de estupefacientes. Después cerraron el kiosco y pusieron un tranza en la esquina. Y ahora lo que más impera es el delivery”, señaló una alta fuente de la cartera de Seguridad, que recalcó que el objetivo es intervenir en situaciones donde hay violencia.
“El tema de la tenencia de droga sin violencia es un problema de salud, no de seguridad”, graficaron. Este año Santa Fe se adhirió a la ley de desfederalización del narcomenudeo, que ahora está bajo la órbita de una unidad del Ministerio Público de la Acusación y de la Policía. La prioridad, según delinearon fuentes judiciales, es intervenir cuando hay episodios de violencia que provocan problemas en el lugar.
